Una justicia anticuada

La justicia es lenta, pesada, anticuada y poco eficaz. Este es el verosímil telón de fondo que hace que luzcan como maravillas tecnológicas lo que en otras administraciones ya está casi desfasado.

Así es como se ha presentado un nuevo software informático de comunicación entre los juzgados y la policía, una aplicación que debe permitir la comunicación y la transmisión de órdenes, de forma telemática y con garantías de autenticidad, entre el juzgado y la policía judicial. Bienvenida sea cualquier mejora, que es lo que diría un bosquimano con una calculadora. Pero en el siglo XXI, cuando ya estamos acostumbrados a que Hacienda nos envíe a casa la declaración individual de la renta, más que presentar el software como referente de modernización de la justicia, se tendría que presentar como la muestra del estado de dejadez en que se halla.

En esta justicia en la que, como en el fútbol, todos se atreven, de la que todos entienden, sobre la que todos saben y acerca de la que todos, desde cualquier cafetería o micrófono, se dedican a sentenciar cárceles y cadenas perpetuas sin considerar la parcialidad ni la calidad de la información de que se dispone, como quien hace la alineación o la táctica de su equipo, con la diferencia de que aquí no nos jugamos tres puntos ni la Liga, sino siglos de lucha y de vidas que han quedado por el camino para conseguir derechos individuales y ciudadanos que ahora nos fumamos en cualquier tertulia mediática.
Ciertamente, cuando se implante este software, actualmente en fase de experiencia piloto en un único juzgado de instrucción de Barcelona, el juez no tendrá que enviar a la policía por correo certificado de las órdenes de detención, registro, etcétera. Lo hará telemáticamente y de forma inmediata, compartiendo con la policía una misma base de datos. Pero la cuestión es que si tiene que haber una base de datos de tramitación, una informática básica (o la libreta de toda la vida) para el control de asuntos, una base de datos para comunicación con la policía, otra base para antecedentes penales o para compartir información de otros juzgados, o para los asuntos de violencia de género, etcétera, sin integrar las diferentes bases, multiplicando las tareas de introducción de datos y compartimentando la información, no dejamos de ser los bosquimanos de la Administración.
¿Por qué pasa todo esto? ¿El Estado, o aquí la Generalitat, no son capaces de dotar una Administración de Justicia eficiente? ¡Claro que sí! Al igual que son capaces de dotar unas administraciones de Hacienda eficaces, hacer que la Administración de Justicia también lo sea solo es cuestión de prioridades, gestión política de prioridades que se silencia o se esconde mientras la culpa de los desastres de la justicia se la carga otro.
Desgraciadamente, la gestión de la Justicia se llena de parches, en ocasiones necesarios, pero siempre insuficientes, y este software es la respuesta al harapo que trascendió en 2005 con el conocido caso Alba, en el que el requerimiento del juez a la policía llegó demasiado tarde.
Pero lo que se necesita no son parches, sino soluciones estructurales, no solo dotación presupuestaria en medios, que es factible (con una mínima parte de lo que se ha dedicado al sistema financiero tendríamos unas excelentes dotaciones). Lo que es preciso, si queremos salir adelante, es una decidida apuesta, con consenso y voluntad política de verdad, en una triple dirección: organización, planta y legislación.
Todos estamos de acuerdo en que la actual organización de los juzgados es arcaica y no sirve, pero en seis años no se han podido aprobar las leyes que tienen que configurar la reforma. Por el camino quedan múltiples intentos de conseguir un control político de la justicia a través de la organización, y no pondría la mano en el fuego de que el resultado que finalmente salga vaya por ahí. En cuanto a la distribución territorial, más de lo mismo: las facilidades de desplazamiento y comunicación actuales permiten unos criterios de concentración y descentralización bastante más eficientes que los partidos judiciales actuales. Y la ratio de jueces por habitante en España es casi la mitad que el promedio europeo. Es preciso incrementar su número para absorber sin dilaciones la gran cantidad de conflictos legales existentes.

Finalmente, hay que apostar por llevar a cabo una modernización de la legislación, especialmente la procesal, y hacerlo con criterios técnicos que, sin restar garantías, permitan agilizar los procesos, y en este terreno, con leyes suficientemente superadas, hay mucho campo por recorrer.
Mientras, tenemos lo que tenemos, y como dice Soledad Villamil en la película El secreto de sus ojos, eso no es la justicia, solo es una justicia, y si me lo permiten añado: quien quiera otra, que se acuerde cuando vaya a votar, pero que tenga presente que la justicia que vote es la que se le aplicará a él y a los suyos, incluso o, sobre todo, cuando pueda ocurrir aquello que pensemos confiadamente que solo le pasa a los demás.

Ramon Llena, Magistrado. Miembro de Jueces para la Democracia.