En este momento, hay planteado en España un debate ético de gran importancia. Y no deberíamos dejar que posturas descalificadoras, con frecuencia basadas en meros juicios de intención, lo detuviera. Debemos prolongar la discusión el tiempo necesario, pero con la mayor lucidez posible, y con el afán de progresar en nuestro conocimiento.
Aunque el desencadenante ha sido la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, en realidad versa sobre asuntos de enorme transcendencia personal y social. Por ejemplo, sobre el derecho de los padres a educar, o el derecho del sistema público de enseñanza a transmitir valores éticos, o la formación de la conciencia moral, o la discusión sobre si podemos ponernos de acuerdo en estos temas, o acerca del fundamento de la moralidad. He de reconocer a la Conferencia Episcopal, al Foro de la Familia y al grupo de Profesionales para la Ética, la tenacidad y el apasionamiento con que están fomentando el debate. No estoy de acuerdo con muchas de sus opiniones -y desde luego no merecen que se les identifique con los vocingleros que les jalean- pero hacen muy bien en defender sus posturas, y en plantear una discusión pública sobre asuntos que no les afectan sólo a ellos, sino a la sociedad entera. También a usted, lector, aunque no tenga hijos en edad escolar.
Uno de los objetivos de la nueva asignatura es enseñar a nuestros jóvenes a desarrollar un pensamiento crítico y a saber argumentar sobre temas éticos. Es importante fomentar esas competencias porque el nivel ético real de una sociedad depende de los valores morales con los que rija su comportamiento. Tiene que elegir entre honradez y corrupción, por ejemplo. Cuando los filósofos políticos norteamericanos insisten en que la salud de la democracia se basa en la virtud de los ciudadanos, merecen ser tenidos en cuenta.
En este momento vivimos en un relativismo tolerante y políticamente correcto, que no necesita justificar sus conductas o evaluaciones. Es fácil comprender tal actitud. Los crímenes llevados a cabo en nombre de certezas absolutas han recomendado un pensamiento débil. Los hombres con firmes principios resultan sospechosos. El hedonismo consumista es menos peligroso que el fanatismo integrista. Pero pensar que no necesitamos la afirmación de valores éticos universales es un error. Sus efectos no se notan mucho porque vivimos en una sociedad democrática profundamente penetrada de valores éticos -desde el sistema jurídico al sistema de seguridad social- que suple, oculta, o reprime las carencias éticas individuales. En una palabra, que nos protege. El Código Penal ha venido a llenar un vacío ético, y cunde la idea de que son aceptables todos los comportamientos que no sean delictivos. Pero esto es un disparate.
Hay actos indecentes, deshonestos, inmorales, que no son delitos. Pertenecen al ámbito ético. Por ejemplo, una persona puede comportarse con su familia de una manera áspera, cruel, despreciativa, sin ser por ello un delincuente. Sin embargo, su conducta es inmoral. Tomar drogas no es un delito, pero es un comportamiento éticamente indeseable. La infidelidad puede no ser un crimen pero es una deshonestidad. Reducir la normativa al derecho y a sus sistemas coactivos supone endurecer la convivencia y debilitar la autonomía moral. Además, anima a dar un paso más y afirmar que sólo es malo el delito descubierto, no el que permanece oculto. El miedo al castigo se convierte así en el único criterio.
Creo que existen unos principios éticos universales, y que la Declaración de los Derechos Humanos los recoge. Pero estos principios y su interpretación deben ser justificados por un uso público de la razón, igual que los principios científicos, aunque su índole sea diferente. Por eso necesitamos el debate. Lo enseñamos en la escuela y debemos practicarlo en la calle. La razón individual puede «muy racionalmente» justificar el egoísmo. O equivocarse de cualquier manera. «En mi soledad -decía Antonio Machado- he visto cosas muy claras, que no son verdad». Sin embargo, cuando esa razón tiene que contender con otra razón, una inteligencia argumentar con otra inteligencia, un interés contra otro interés, la razón ética, que es una inteligencia compartida, va adquiriendo fortaleza, va corroborando sus valores y logros.
Por eso animo al debate. Como una lección práctica de Educación para la Ciudadanía. Comencemos por uno de los puntos en cuestión. ¿Tiene el Estado derecho a imponer una ideología moral? No, los estados confesionales siempre son nefastos. La historia de los totalitarismos del siglo pasado, incluido el franquista, demuestra que hay que andarse con cuidado con los poderes conferidos al Estado. Mi generación tuvo que aprender que «España tiene voluntad de Imperio» y afirmar que «la plenitud histórica de España es el Imperio», y que «el mejor destino de las urnas es ser rotas», y repetir insultos contra el régimen de partidos, y abominar de los Borbones, y también recibió una educación religiosa obligatoria. Afortunadamente, los efectos del adoctrinamiento suelen esfumarse en cuanto desaparece el sistema político en que se apoya.
Así pues, es evidente que las decisiones del Estado deben someterse a una escrupulosa vigilancia, para que podamos sentirnos a salvo. Ésta es una de las funciones de la democracia y uno de los ingredientes básicos de la educación ciudadana. Todos los poderes conferidos al Estado deben legitimarse y limitarse. Sin embargo, reconocemos al Estado competencias educativas. Nos parece aceptable que seleccione los contenidos de la enseñanza, siempre que tengan un valor objetivo y universal. Nadie protesta porque se estudien matemáticas o física. La polémica surge cuando los contenidos se consideran subjetivos o partidistas. Por lo tanto, lo decisivo es saber si la ética es un saber universal o sectario. ¿Hay un conjunto de principios éticos universalmente válidos? Si no lo hay, la ética debe eliminarse de la escuela; si lo hay, debe incluirse en los programas educativos.
¿Y quien debe educar? Existe, reconocido por la Constitución y los Derechos Humanos, el derecho de los padres a educar a sus hijos, pero más fundamental aún es el derecho de los niños a ser bien educados. Hablar del «derecho a educar» -sea por parte de los padres, las iglesias, el estado o quien sea- es presuntuoso, implica una patrimonialización de los niños. El derecho fundamental es el de los niños a ser bien educados. Y ese derecho impone a los padres, al Estado, a la sociedad entera, el deber de educar bien. Y si hay una ética universal, unos valores y normas esenciales a nuestra convivencia justa, debe formar parte de esa educación, en la que todos tenemos el deber de colaborar.
Este es un problema de extraordinaria relevancia, que afecta a las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, entre la cultura religiosa y la cultura laica, y también al entendimiento entre las distintas religiones. Cuando se impuso la paz en una Europa desangrada por las guerras de religión, se hizo en nombre de un principio ético de respeto a las creencias personales, que no había existido hasta entonces. En la Suma Teológica de Tomás de Aquino, espléndida muestra de talento filosófico, se distingue con precisión entre la «teología moral» y la «moral filosófica». Se diferencian en su fuente de legitimidad: la revelación, en el caso de la teología; la razón, en el caso de la filosofía. Y el santo dominico dice que ambas son legítimas y autónomas, y que, de hecho, la teología moral debe utilizar en sus argumentos las conclusiones de la moral filosófica.
De la misma manera que la gracia no anula la naturaleza, sino que la perfecciona, así la teología moral no anula la moral natural sino que, a su juicio, la perfecciona también. Las religiones, por lo tanto, no tienen nada que temer de la ética. Al contrario, los derechos humanos son grandes defensores de la religión, puesto que reconocen el derecho a la libertad religiosa, de conciencia o de culto. Pero, en dirección contraria, la visión laica de la vida no debe mirar con desdén a la religión, pues eso es despreciar un derecho fundamental de los individuos, sino señalar los límites de la teología moral en el ámbito de los valores universales. Algunas proclamas laicistas considerando esta asignatura como un triunfo sobre la religión no eran pertinentes porque no estaban justificadas.
La religión cristiana ha colaborado al perfeccionamiento de la experiencia ética de la Humanidad. Sin duda alguna, ha cometido muchos errores, y algunas de sus posturas morales reclaman un cambio urgente, pero sería ridículo tirar al niño con el agua sucia. El genial Bergson, en Las dos fuentes de la moral y de la religión explicó la beneficiosa influencia que han ejercido las grandes personalidades religiosas. Tienen la capacidad de presentar valores nuevos que satisfacen grandes expectativas del ser humano. No me extraña que Mircea Eliade, un agnóstico especialista en historia de las religiones, dijera que el estudio de las religiones era una experiencia transformadora. El contacto con la experiencia religiosa profunda lo es.
Pero no hay que confundir a Mahoma con la guerra santa, a Jesús de Nazaret con la condena de la homosexualidad, o la compasión de Buda con la protección de la mosca tsé-tsé.
Sigamos con las lecciones prácticas. Otro de los temas que hemos de enseñar en Educación para la Ciudadanía es la objeción de conciencia. ¿Dónde se va a enseñar, si no? Se trata de una muestra de respeto del sistema democrático hacia la conciencia privada. Permite, nada menos, que desobedecer una ley por motivos religiosos o morales. Pero este espléndido derecho no es absoluto, porque entonces entraría en quiebra toda seguridad jurídica, sino que tiene que ser rigurosa y racionalmente justificado en cada caso. En este momento se está animando a la objeción de conciencia hacia la nueva asignatura. Estamos aquí, también, ante una lección práctica de ciudadanía. ¿Cómo se debe justificar una objeción de conciencia? ¿Hay razones en este caso para ejercerla?
Es probable que este asunto aburra a mucha gente. Los debates éticos interesan muy poco, porque parece que en ellos no se progresa nunca, y eso produce un descrédito de la razón y un escepticismo generalizado. Seguimos repitiendo rutinariamente razonamientos momificados, cuando en realidad de lo que se trata es de saber cómo orientarnos bien en un mundo contradictorio y complejo.. Aunque la Educación para la Ciudadanía sólo sirviera para haber planteado apasionadamente en el ámbito público un debate sobre los fundamentos éticos de nuestro convivir, ya habría justificado su existencia.
José Antonio Marina, catedrático de Ética, filósofo y escritor. Su última obra es Por qué soy cristiano, Anagrama.