El otro día mi yerno me contó que él y mi hija salieron a pasear con mi nieto por el centro de São Paulo, la mayor ciudad de Brasil, cuando se les acercó un grupo de policías. Mi nieto de dos años no entendió nada cuando vio que los agentes apuntaron un arma a su padre. Tengo 40 años más que él, pero tampoco lo entiendo y mucho menos lo acepto, aunque sé que situaciones como estas son comunes en Brasil. Yo no suelo pasar por esto, a diferencia de mi yerno. Yo soy blanco. Él es negro.
En un país que durante tanto tiempo se engañó a sí mismo diciendo que era una “democracia racial”, puedo decir que no suelo ser abordado por la Policía en la calle, pero mi yerno dice que le sucedió 20 veces en un año. Para los negros, esto genera miedo a morir: son 56% de los brasileños, pero representan 79% de los muertos por la Policía. También existe el miedo a ser detenido, pues 67% de la población penitenciaria es negra. Y es muy fácil que un policía detenga a un negro: basta con que diga que le encontró droga.
La ley de drogas, aprobada en 2006, aceleró un proceso de encarcelamiento masivo que afecta principalmente a la población negra y pobre, y que el gobierno brasileño venía promoviendo desde la década de 1990. Tras esta ley, el número de personas encarceladas por delitos de drogas aumentó 156%, como señala una investigación de Una guerra adictiva. Hoy, uno de cada tres presos está en la cárcel por esta ley. En las mujeres, el porcentaje es de más de 60%. El encarcelamiento llevado a cabo en nombre de la guerra contra las drogas ha contribuido a que Brasil sea la tercera mayor población carcelaria del mundo, con unos 750,000 presos, solo por detrás de Estados Unidos y China.
Pensada para proteger la salud pública y la familia, la ley de drogas ha servido, en cambio, para promover lo contrario. En las cárceles superpobladas de Brasil una media de 1,550 personas mueren cada año, según el Consejo Nacional del Ministerio Público, la mayoría por “causas naturales”. Es decir, por enfermedades causadas por el hacinamiento y las malas condiciones higiénicas. En 80% de los casos los magistrados suelen negarle a las madres encarceladas que cumplan su condena en casa, en contra de las normas nacionales e internacionales. Las mujeres embarazadas solían ser esposadas durante el parto, una práctica que solo se prohibió hasta 2017.
No debía ser así. La ley de drogas de 2006, promulgada por Luiz Inácio Lula da Silva, un presidente de centro-izquierda, proponía ser más liberal y menos punitiva al eliminar las penas de prisión por consumo de drogas y endurecerlas solo para los traficantes. Sin embargo, a falta de criterios claros para diferenciar a los usuarios de los traficantes, la ley permitió que esta separación la hicieran, en la práctica, los policías en las calles. Fiel a las tradiciones racistas, la Policía comenzó a adoptar criterios de raza y clase: los blancos de los barrios ricos a los que se sorprendió con drogas eran clasificados como consumidores y puestos en libertad; los negros de los barrios pobres eran considerados traficantes y detenidos.
El uso de la ley de drogas para criminalizar a los negros y a los pobres contó con la complicidad de fiscales y jueces. Encuestas revelaron que, en 74% de los casos, los magistrados se basan únicamente en la palabra de los agentes de Policía, sin escuchar a otros testigos, en condenas por tráfico de drogas. Si el acusado se encuentra en un barrio pobre y mayoritariamente negro, es habitual que esto se acepte como “prueba”.
Los negros son 56% de los brasileños, pero representan 67% de la población penitenciaria y 79% de los muertos por la Policía.
Esto ocurre incluso cuando las cantidades de droga incautadas son mínimas: en São Paulo, la mitad de los detenidos por tráfico de marihuana no portaban más de 40 gramos. A veces, ni siquiera se necesitan drogas. En 2019, Ponte Jornalismo contó la historia de un vendedor de caramelos negro que estuvo detenido 28 días por llevar una sustancia que “parecía” cocaína.
La facilidad de los policías para validar ante los tribunales la detención de cualquier persona pobre y negra, basándose en la acusación de tráfico, estimuló la corrupción mediante los “kits flagrantes”: drogas que algunos policías llevan en sus coches para “plantar” a cualquier persona negra o pobre que no quiera pagarles un soborno.
El color de la piel de los magistrados y fiscales ayuda a explicar por qué condenan tan fácilmente a los negros basándose en acusaciones tan endebles: 80% de ellos son blancos. Además, se encuentran en el 0.08% de las personas más ricas del país, gracias a beneficios salariales concedidos precisamente por los gobiernos que dirigen los cuerpos policiales a los que magistrados y fiscales deben supervisar.
Creada con una intención antipunitiva, pero implementada por policías, fiscales y jueces racistas, la ley de drogas se convirtió en una de las muchas leyes creadas en Brasil para controlar a la mayoría negra de la población, que dejó de ser esclava en 1888. Como las normas que prohibían la capoeira, un arte marcial creado por negros, o que criminalizaban las religiones de origen africano y la “vagancia”. Usada hasta los años 80, la ley de vagabundeo sirvió para reprimir y encarcelar a los negros y a los pobres que no podían demostrar una ocupación.
En los últimos años organizaciones como la Iniciativa Negra por una Nueva Política de Drogas y la Plataforma Brasileña de Políticas de Drogas han luchado por cambiar la política de drogas. Sin embargo, cualquier propuesta para avanzar se topa con la oposición de los políticos de extrema derecha que han tomado el país, liderados por el presidente Jair Bolsonaro. Desde 2015 está pendiente en la Corte Suprema de Justicia una demanda que busca despenalizar totalmente el consumo de drogas, pero el proceso está estancado.
En ocasiones así, solo pienso en mi nieto y en el mundo que encontrará cuando sea mayor. Espero que sea uno diferente, donde las guerras contra las drogas formen parte del pasado y nadie sea humillado o encarcelado por el color de su piel. Y que nunca me cuente historias como la que me contó su padre el otro día.
Fausto Salvadori es periodista de ‘Ponte Jornalismo’ en Brasil.