Una ley conservadora

Por Federico Ibáñez Soler, editor (EL PAÍS, 04/11/06):

Bienvenida sea una nueva ley que establece para el libro y la edición un nuevo marco jurídico. Recordemos que la vieja ley de marzo de 1975 -todavía, pues, fruto de la dictadura- estaba prácticamente revocada en todos sus artículos, con excepción de uno solo sobre el que precariamente se ancló el real decreto que estableció en nuestro país el sistema del “precio fijo” o único para los libros.

Ahora, la ley cimentará sobre bases sólidas ese sistema vigente en casi todos los países de Europa en virtud del cual el comprador de libros encuentra el título que busca al mismo precio en cualquier librería, en cualquier punto de venta. Protege al comprador, fija la competencia entre libreros en la variedad y calidad de la selección que él, como profesional, ha hecho, no en la mera rebaja de los precios, y, finalmente, permite la presencia en las librerías de los llamados “libros de fondo”.

Se excluyen ahora del precio fijo los libros de texto: no es buena noticia porque debilita el sistema, pero debe reconocerse que el de texto es un libro que, por su manera de producirse, comercializarse y por el tipo de demanda que satisface, tiene características propias. Todos los padres y madres de familia han pasado por esa experiencia. Dentro de lo malo, lo mejor, esto es: que el libro de texto pase al régimen general que opera para todos los productos. Lo malo era lo de los descuentos que finalmente sólo beneficiaban a las grandes superficies, produciendo daños a la red librera y sin que a medio plazo los compradores obtuvieran mayores beneficios. El círculo vicioso era a mayor descuento, mayor precio de venta al público. El proyecto de ley opta pues por lo segundo mejor. No está mal.

Siento, eso sí, como editor independiente que la ley no se atreva a adentrarse en otros terrenos que el libro reclama a estas alturas. No se atreve a apostar por la variedad y pluralidad de la edición y no recoge “medidas encaminadas a proporcionar a las industrias culturales independientes nacionales y a las actividades del sector no estructurado un acceso efectivo a los medios de producción, difusión y distribución de bienes y servicios culturales” como recomienda la Convención sobre la diversidad de las expresiones culturales de la Unesco, cuya aprobación nuestro país, sin embargo, apoyó decididamente. Esto de la “bibliodiversidad” es una cosa seria, porque son los editores independientes los que cubren fundamentalmente las líneas editoriales más complejas, por ejemplo, ciencias sociales, libros científico-técnicos, literatura de vanguardia, y los que se encarga de mantener el patrimonio cultural escrito accesible a los lectores.

Y otro hueco: lo que se refiere al patrimonio digital y a la presencia de las nuevas tecnologías en el libro. Fenómenos como los motores o buscadores de libros, -pienso ahora en las repercusiones de toda índole que pueda tener la inminente implantación de sistemas de búsqueda como Google book search-, no han sido contemplados, ni siquiera atisbados en la ley.

¿Una ley prudente o tímida? Dejémoslo en una ley conservadora que consolida firmemente aspectos esenciales del universo del libro, pero que deja a la edición independiente, y a gran parte de los nuevos editores, a la espera de tiempos mejores.