La Ley de Reducción de la Inflación (IRA) recientemente sancionada en Estados Unidos, que incluye cientos de miles de millones de dólares en subsidios federales para tecnologías verdes y energías renovables, marca un giro muy esperado en la política climática norteamericana. Pero si bien la decisión de Estados Unidos de sumarse a la lucha global contra el cambio climático ha sido bien recibida en la Unión Europea, algunos líderes han expresado preocupación de que el proyecto de ley se centre demasiado en la producción doméstica y que pueda discriminar contra empresas radicadas en la UE.
En un documento normativo reciente, sostengo que Europa no debería rechazar la nueva estrategia norteamericana en materia de política climática. Por el contrario, los países europeos deberían valorarla y desarrollar una versión propia mejor.
Una razón por la que los europeos deberían acoger la IRA es porque va más allá de la estrategia un tanto simplista de cara al cambio climático que suele dominar las discusiones sobre políticas. La estrategia actual de la UE, ejemplificada en su iniciativa Objetivo 55, adhiere a un paradigma basado en el mercado que depende de la tarificación del carbono para garantizar una autorregulación por parte de los emisores. La IRA, en cambio, supone que un gobierno previsor puede acelerar la transición a una economía verde a través de subsidios de inversión selectiva para la gente y las empresas. Asimismo, la IRA tiene un claro sesgo a favor de los trabajadores, que se centra en el empleo doméstico y en intentar impulsar los salarios condicionando algunos créditos fiscales al compromiso de las empresas de pagar los salarios vigentes.
Mientras que la IRA representa una política industrial verde con el potencial de crear millones de buenos empleos en energía limpia, la estrategia liberal de mercado de la UE está condenada al fracaso, porque la teoría económica que la sustenta desestima dos características cruciales de las sociedades humanas: los costos de ajuste individuales y las relaciones de poder económico. Y si bien los responsables de las políticas europeos parecen estar cautivados por el mundo de cuento de los mercados libres, la estrategia selectiva y centrada en el gobierno de la IRA se basa en un razonamiento económico sólido.
La IRA tiene la ventaja adicional de ofrecer una narrativa positiva. El principal instrumento de políticas de los economistas pro-mercado para hacer que la gente adopte la sustentabilidad es castigarla por su comportamiento ambientalmente irresponsable. Además, la estrategia pro-mercado reduce la dimensión social de las políticas climáticas para transferir pagos a los llamados “perdedores” de la transición a emisiones cero netas. Pero a la mayoría de la gente no le gustan los castigos, no quiere recibir dádivas del gobierno y ciertamente no quiere que los llamen perdedores. La mayoría de la gente quiere una economía verde que brinde empleos decentes y bien remunerados y espera que los gobiernos la ayuden a crear las condiciones para que esto suceda.
Pero si bien la estrategia general de la IRA frente a la política climática es sólida, tiene un defecto importante. Dicho simplemente, Estados Unidos carece de las instituciones laborales necesarias para traducir una agenda gubernamental a favor de los trabajadores en una política concreta. Abordar la asimetría de poder estructural entre trabajadores y empleadores exige sindicatos bien organizados, consejos de trabajo y una aplicación más contundente de las leyes de salarios mínimos.
Claramente, a la hora de desarrollar una agenda climática amigable con el trabajo, muchos países europeos tienen una ventaja por sobre Estados Unidos que pueden y deben aprovechar. Por empezar, el concepto de la IRA de “salario vigente” es un tanto confuso y sería difícil de implementar. En la mayoría de los países de la UE, los salarios industriales están cubiertos por acuerdos de negociación colectiva y los salarios sindicales se podrían utilizar fácilmente como parámetros en otros sectores. Países como Francia y Alemania podrían liderar en esta materia. Dado que Alemania ya planea fijar una condición de pago decente para todos los contratistas federales este año, aplicar requerimientos similares para los subsidios de inversión verde no parece descabellado.
Por otra parte, los programas de capacitación de los trabajadores deben ser una parte integral de cualquier agenda verde. La IRA apunta a respaldar la creación de una fuerza laboral altamente calificada al ofrecer créditos fiscales a las empresas que ofrezcan pasantías. Pero el éxito de estos programas depende de la disponibilidad de una enseñanza de alta calidad que opere junto con los empleadores. Estos acuerdos existen solamente en algunas partes de Estados Unidos, mientras que Alemania y otros países de la UE tienen una larga tradición de usar las pasantías y los programas de perfeccionamiento para ayudar a los trabajadores a adquirir las habilidades técnicas necesarias para la mayoría de los empleos industriales.
Sin embargo, la política industrial hará poco para impulsar los salarios en el sector de los servicios, razón por la cual las leyes de salario mínimo son esenciales para cualquier agenda de políticas a favor de los trabajadores. Los países de la UE deben usar la transición a energía verde como una oportunidad para fijar un salario mínimo justo que ofrezca un estándar de vida decente.
El gobierno alemán recientemente tomó una medida importante en esta dirección cuando aumentó el salario mínimo de 10,45 euros a 12 euros (unos 16 dólares en términos de paridad de poder adquisitivo), aunque gran parte de esta alza del salario mínimo se verá anulada por la alta inflación. En línea con la reciente declaración sobre salarios mínimos de la UE, Alemania debe aumentar su salario mínimo por lo menos a 16 euros lo antes posible. Al hacerlo, podría ayudar a que toda la UE brindara una respuesta a la IRA que fuera robusta y a favor de los trabajadores.
Tom Krebs, Professor of Economics at Mannheim University, is a research fellow at the Forum New Economy and a member of the German Minimum Wage Commission.