Una ley educativa en tiempos del coronavirus

Se ha producido una cierta sorpresa en la opinión pública al debatirse una ley educativa en tiempos de confinamiento. Aunque el trámite de la ley se inició hace varios meses, no es extraño que una parte de la comunidad educativa se pregunte si es beneficiosa para los ciudadanos en estos meses convulsos.

Hay cuatro ámbitos que la experiencia de estos meses de confinamiento ha puesto de manifiesto en la educación: cómo aprenden los alumnos, la importancia que tiene la educación emocional; la función de los docentes y la gestión de la educación. Veamos cada uno de ellos.

El aprendizaje durante el confinamiento ha subrayado que se aprende mejor de forma personalizada, con metodologías activas, con proyectos en los que los alumnos trabajen en colaboración, en donde se pueda dar una respuesta a la diversidad. Los alumnos necesitan el diálogo con el profesor o profesora y la comunicación con los compañeros. Se aprende con los otros. Se aprenden conocimientos, pero también actitudes y valores. El proyecto de ley apuesta por avanzar en esta dirección.

Otro de los aprendizajes durante el confinamiento ha sido la importancia de la tecnología. No como la solución educativa, sino como una estrategia para que los alumnos aprendan a seleccionar la información y a organizarla y se sientan motivados para continuar aprendiendo. Es preciso mejorar la digitalización de los centros docentes y conseguir que todos los alumnos puedan acceder a los sistemas tecnológicos para no quedarse atrás. Las nuevas dotaciones presupuestarias caminan en esa dirección.

Junto con ello, hay una constatación que se nos estaba olvidando: la importancia de aprender en la naturaleza. El confinamiento nos ha puesto de manifiesto que necesitamos salir, ir a los parques, al mar, a la montaña, escuchar el rumor de los ríos y sentir el aire fresco de los bosques. Es el momento de pensar que el contacto con la naturaleza no es solo un deseo por estar confinados tanto tiempo. La conexión con la naturaleza es un valor educativo de enorme importancia. Debemos cuidarla y protegerla para disfrutarla nosotros y para legarla en mejores condiciones a las nuevas generaciones en coherencia con los objetivos de la Agenda 2030.

El segundo ámbito se refiere a la educación emocional. La experiencia del confinamiento ha puesto en primer plano la relevancia de esta dimensión para el bienestar de los alumnos, lo que a su vez tiene un enorme impacto en su compromiso con el aprendizaje. Es necesario que este tipo de educación se incluya entre los objetivos prioritarios de los centros y sea una de las preocupaciones principales de la comunidad educativa. Un ámbito que la ley educativa sitúa en un primer plano.

Además de este compromiso del conjunto del centro, sería necesario que hubiera un tiempo semanal para la educación socioemocional en todos los cursos. Lo deseable es que fuera en la hora de tutoría. Existirían unos ejes curriculares orientativos, materiales, intercambios de experiencias y programas de formación de los docentes.

El tercer ámbito es el reconocimiento de la tarea imprescindible de los docentes. El confinamiento ha mostrado su compromiso con los alumnos y su capacidad de adaptarse a una situación nueva e inexplorada como es enseñar a distancia a alumnos que nunca habían vivido esta forma de aprender. También ha puesto de manifiesto la importancia de que las administraciones educativas sean conscientes de que deben preocuparse y cuidar del equilibrio emocional de los docentes para que puedan mantener a lo largo de los años el esfuerzo sostenido para enseñar con ilusión a las nuevas generaciones.

Una de las iniciativas que parece ya imprescindible es alcanzar un acuerdo que facilite el desarrollo profesional de los docentes. El diseño consensuado de esta carrera profesional debería indicar las competencias que el docente tendría que manifestar, el sistema de evaluación de las mismas y sus efectos para el desarrollo profesional. Una perspectiva que la ley apunta como algo necesario.

Finalmente, el cuarto ámbito se refiere a la gestión de la educación. La pandemia ha puesto de manifiesto que existen enormes desigualdades en la educación, tanto de centros como de alumnos. Las encuestas señalan que en torno al 12% de los alumnos no tienen ordenadores en casa o conexión a Internet. Pero ese 12% como tantas otras diferencias no se distribuyen por igual en todos los centros. Por tanto, es necesario ofrecer una respuesta diferencial a los centros en función de su situación. Hay que modificar un modelo en el que las normas son iguales para todos ellos y establecer ratios y módulos económicos, distribución de profesores y orientadores e incluso de tiempo lectivo de los docentes para que puedan responder mejor a las demandas de sus alumnos y de sus familias. Avanzar en la respuesta diferencial a los centros es una forma de expresar que esa misma dinámica ha de orientar a los profesores cuando enseñan a sus alumnos en sus aulas.

El incremento de los recursos económicos que ha proporcionado el gobierno a las comunidades autónomas adaptados a su situación específica es una senda en la que sería necesario seguir avanzando. Los programas de refuerzo y de digitalización que la ley establece refuerzan esta tendencia.

Nos encontramos en un recodo de la historia educativa en el regreso a las aulas después del confinamiento. Más allá de los legítimos debates sobre las relaciones entre la enseñanza pública y la concertada o sobre la enseñanza de la religión, se abren dos rutas. La primera nos ofrece avanzar por el camino de una enseñanza igual para todos los alumnos en aula, en la que el profesor es casi el único referente, en la que la participación de los alumnos es reducida y en la que los modelos de evaluación son controles periódicos de contenidos de aprendizaje. La segunda ruta es la que apuesta por el aprendizaje activo y cooperativo, en la que los proyectos interdisciplinares y el contacto con la naturaleza son elementos importantes, en la que se le da una importancia fundamental a la educación emocional y a la educación en valores, en la que se está convencido de que todos los alumnos han de progresar de acuerdo con sus posibilidades y en la que los centros reciben un apoyo de las administraciones educativas en función de sus necesidades y de sus proyectos. Este camino es el que impulsa el reciente proyecto de ley.

Álvaro Marchesi es profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid y fue director general y secretario de Estado de Educación desde 1986 a 1996.

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