Puestos a desacreditar ha tocado el turno a la situación de los Derechos Humanos en España. Como en todos los Estados democráticos sería falso afirmar que no se producen vulneraciones de los derechos fundamentales, porque los Convenios internacionales y las Constituciones son obras humanas, aplicadas por seres humanos, y por tanto sujetas a errores, omisiones en su protección o interpretaciones diversas.
Pero cuando se dice desde la tribuna política que se vulneran los derechos humanos se está aludiendo a otra cosa, a su violación sistemática. Una afirmación que ha entrado a formar parte de la justificación de los que pretenden alcanzar la independencia por vías inconstitucionales. Y desgraciadamente también se escucha de otros con absoluta irresponsabilidad, en perjuicio de la imagen del Estado que aspiran a gobernar y de la de sus propios ciudadanos, sin ser conscientes de que si llegan al Gobierno esas palabras pueden volverse en contra de su acción de gobierno.
Cuando se habla de violaciones sistemáticas convendría que nuestros políticos, en el Gobierno y la oposición, tuvieran la honestidad de acudir a fuentes de información contrastables. Yo les propongo acudir a las estadísticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para constatar que la salud de los derechos humanos en España está bastante por encima de la media de los Estados parte del Convenio.
Los datos están publicados en la web del Tribunal (Violation by Article and by States (1959-2016) y han sido también comentados por Argelia Queralt (Agenda Pública). España acumula desde su pertenencia al Convenio 98 condenas. De ellas 63 lo son por problemas procesales o de demora judicial. La cifra es muy inferior a la de sentencias condenatorias a Francia (722, de ellas 556 procesales), el Reino Unido (312, 122), Alemania (186, 127) o Bélgica (164, 117). Las cifras comparativas de España son buenas incluso aunque se corrijan teniendo en cuenta que en España entró más tarde en vigor el Convenio Europeo de Derechos Humanos o se aplique un factor poblacional.
Como las estadísticas globales son frías, hagamos una aproximación a las violaciones más graves. Si lo hacemos alguno se llevará la sorpresa de ver que España nunca ha sido condenada por torturas, pese a lo que algún político de viaje lo insinúe. España únicamente ha sido condenada en nueve ocasiones por no investigar suficientemente algunas denuncias de torturas. No restemos un ápice de importancia a estas condenas, porque se trata de un reproche que debemos corregir. Pero no descalifiquemos frívolamente nuestro sistema jurídico, cuando otros, de reconocida reputación democrática, sí han sido condenados por torturas. Entre ellos están Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Suecia y Holanda, entre otros.
La última condena a Italia es, por cierto, bien reciente y oportuna a la luz de nuestra actualidad. La sentencia Blair y otros c. Italia, del 26 de octubre, juzga lo ocurrido a los manifestantes antiglobalización ante una Cumbre del G-20 en Génova. Los párrafos 96 a 100 debieran ser de obligada lectura no para justificar los excesos registrados en las cargas policiales del 1 de octubre, sino para dejar de frivolizar con el uso de las palabras y ser proporcionados, no solo en el uso legítimo de la fuerza policial, sino también en el necesario ejercicio de la crítica.
Fijémonos en otro artículo del Convenio, el que garantiza la libertad individual frente a su privación ilegítima. Podremos discutir si la prisión preventiva de los miembros del Govern es proporcionada o no, un debate que merecen también muchos otros detenidos diariamente en España como presuntos autores de un delito. Dicho esto, no estará de más comprobar que las condenas por privación injustificada de la libertad a España han sido solo 5 frente a las 70 de Francia (algunas de ellas sobre prisión preventiva), 29 de Alemania, 68 del Reino Unido o 49 de Bélgica. Incluso cabría recordar que el hoy diputado del Grupo Confederal Unidos Podemos, López de Uralde, cuando era director de Greenpeace España fue detenido por un acto de reivindicación pacífica ante la Reina de Dinamarca en un cumbre mundial del clima y fue mantenido en prisión preventiva en la ejemplar Dinamarca durante tres semanas. Con posterioridad, los tribunales daneses consideraron desproporcionada la prisión provisional, pero nadie dijo cuando se decretó la prisión, ni después, que en ese país se violaban los derechos humanos sistemáticamente.
La situación de los Derechos Humanos es susceptible siempre de mejora, en España y en el resto de Europa, como ponen de manifiesto las recomendaciones de los mecanismos de evaluación del Consejo de Europa o de Naciones Unidas. Estas son siempre críticas porque tienen por finalidad poner de manifiesto lo que debe mejorarse, aunque muchas veces se presenten por algunos como críticas apocalípticas.
Como nos enseñó Ihering, nunca hay motivo para descansar en la lucha por el derecho, menos aún por los Derechos Humanos, pero es injusto afirmar que en España no se respetan los Derechos Humanos. Una mentira repetida puede convencer a mucha gente pero, pese a lo que dijera Goebbels y repitiera alguna política española, una mentira siempre será una mentira.
Fernando Irurzun es doctor en Derecho y abogado del Estado.