Los escándalos protagonizados recientemente en Italia por personajes de la política y las finanzas han estallado gracias a la publicación de las actas de diversas investigaciones judiciales. En especial, han causado gran impacto en la opinión pública las conversaciones telefónicas interceptadas por la magistratura. Por ejemplo, se descubrió que uno de los personajes investigados se reía la noche del terremoto de L'Aquila pensando en los contratos que iba a obtener con la reconstrucción, mientras bajo los escombros morían 308 personas.
Uno de los más afectados ha sido el presidente del Consejo, cuyas llamadas telefónicas han desvelado ciertas preferencias sexuales y una afición a recomendar a jóvenes actrices para las series de la televisión pública.
Con la publicación de estas escuchas han sufrido un duro golpe la derecha y sus representantes más visibles, tanto políticos como burócratas, muchos de los cuales, acostumbrados a expresarse sin cesar en un lenguaje obsceno, han dejado clara la mediocridad de su cultura y su tendencia a la corrupción para lograr el enriquecimiento personal, en vez de, como en el caso Tangentopoli de principios de los noventa, fundamentalmente para hacer política.
Desde que en 2005 se hicieran públicas las conversaciones interceptadas entre los "listillos del barrio" [los bancos extranjeros] que intentaban hacerse con el control de la Banca Nazionale del Lavoro, ha ido aumentando este fenómeno, gracias al cual los italianos han conocido la amplitud y la profundidad de la corrupción y, sobre todo, los mecanismos que la favorecen. Se ha sabido que los contratos para las operaciones de emergencia dependientes de Protección Civil se adjudicaban sin tener en cuenta en absoluto las reglas de licitación pública, y que en el concepto de emergencia se habían incluido acontecimientos fácilmente programables como las celebraciones de los 150 años de unidad de Italia, mientras que los gastos se duplicaban en beneficio de unos cuantos contratistas. Ya con menos asombro, los italianos se han enterado también de que el ministro de Actividades Productivas, estrecho colaborador de Berlusconi, recibió una ayuda de 900.000 euros en dinero negro de uno de esos contratistas para la adquisición de su vivienda frente al Coliseo. Su dimisión para defenderse mejor de la sospecha de que alguien había contribuido -sin que él lo supiera- a pagar su amada casa ha despertado una vena satírica en la calle que está corroyendo la credibilidad de Berlusconi y de todos los hombres de los que se rodea, con repercusiones preocupantes para su acuerdo de Gobierno.
La respuesta gubernamental a la difusión de escuchas telefónicas ha sido la elaboración de una ley que, en vez de castigar la corrupción, trata de ocultarla impidiendo la publicación de las actas judiciales bajo pena de terribles sanciones económicas a los editores y de cárcel a los periodistas.
Si a eso se añade la repetida demanda del primer ministro de que se le concedan mayores poderes para gobernar, además de que ya gestiona un imperio mediático que abarca la televisión pública y la privada con seis grandes cadenas, la mayor editorial de Italia y dos cabeceras periodísticas, más las de los editores que simpatizan con él, aumenta el miedo a que la ley sobre escuchas pretenda cerrar a la opinión pública la última ventana para saber qué ocurre en la República. Existe el temor de que la "ley mordaza" acabe por convertir Italia en una Berlusconia habitada por unos ciudadanos que no conocen el destino de los impuestos que pagan, mientras que muchos de los que llegan cooptados a gestionar el poder se pasean a su antojo y se apropian de todo lo apropiable. La gran inquietud es que, con esta ley, al limitar las escuchas a un número escasísimo de delitos, se pierda el principal instrumento de investigación a disposición de la magistratura.
Lo que en realidad hace falta no es una ley nueva, sino hacer respetar el secreto de las investigaciones; un secreto que se ha violado en repetidas ocasiones, entre otros, según se dice, por parte de los propios jueces encargados de los procedimientos, que, al permitir que se filtraran a los periodistas documentos carentes de importancia penal pero de gran peso moral, han creado las condiciones para que se lleven a cabo procesos mediáticos, al margen de los tribunales y mucho más devastadores para la reputación de los escuchados porque no pueden defenderse. Se responde, de forma poco convincente, que la acusación se reduce a unos cuantos episodios y que, si un cirujano se equivoca, no por eso deben cerrarse todos los quirófanos.
A su vez, la prensa, incluidas las empresas de Berlusconi, afirma que el poder de la opinión pública es irrenunciable, y empieza a abrirse camino la propuesta de los radicales de que se establezca un registro económico de todos los cargos electos.
La prensa, la magistratura y gran parte de la opinión pública han reaccionado contra la elaboración de una "ley mordaza". Pero esta ya ha llegado al Parlamento -el jueves fue aprobada por el Senado y ahora debe ir a la Cámara de los Diputados-, un Parlamento reducido a un lugar en el que solo se vota. Cabe desear que, pese a todo, Berlusconi no consiga hacer realidad su sueño de convertir Italia en una agencia de protección de datos para unos pocos, para los suyos.
Shukri Said es secretaria y portavoz de la Associazione Migrare. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.