Una nueva concepción de la paz

Por Francisca Sauquillo, abogada, y presidenta de Movimiento por la Paz (EL PAÍS, 31/08/08):

La organización que presido, el Movimiento por la Paz, cumple 25 años. Queremos que este aniversario se convierta en un impulso para relanzar ante la sociedad española la vocación pacifista que originó la creación del Movimiento y hacer una llamada a la reflexión y a la participación que fomente actitudes de paz y entendimiento entre las personas y los pueblos.

Ante las desviaciones que ha sufrido la palabra paz, que especialmente desde el 11-S ha pasado a asociarse al concepto de seguridad de los Estados ante el terrorismo, resulta urgente promover un concepto de paz positiva basada en el bienestar de la persona. Un concepto de paz fundamentado en una interpretación más amplia del mismo que no sólo entienda la paz como la ausencia de conflictos bélicos, sino que la conciba como aquella situación en la que las personas puedan desarrollarse libremente en ausencia de aspectos como la discriminación, la marginación o la injusticia.

Para ello, la sociedad civil se revela como un agente esencial de Construcción de Paz. En efecto, ninguna sociedad democrática puede desperdiciar una de sus grandes bazas, la participación ciudadana, dejando en manos de gobiernos e instituciones supranacionales la responsabilidad de instaurar la ansiada paz. Muy al contrario, la sociedad civil, compuesta por un gran elenco de actores, es la que puede utilizar los mecanismos de participación democrática que promuevan la convivencia pacífica dentro de las comunidades.

Si acercamos el concepto de paz a la realidad española, uno de los temas a trabajar es la verdadera integración de la población. España está viviendo una nueva realidad, la de la inmigración, que, bien encajada, puede resultar muy enriquecedora para todas las partes implicadas en el fenómeno migratorio, pero para esto es necesario que el tema se aborde desde una perspectiva integradora que abarque a toda la población, autóctona e inmigrante. Y, en este sentido, existen diferentes ámbitos en los que debemos incidir. En primer lugar, en la concepción de nuestras políticas de inmigración y extranjería. La normalización legal del colectivo inmigrante en la sociedad sólo es posible si dotamos a nuestra legislación de un carácter social e integrador basado en el respeto de los derechos fundamentales de la población inmigrante. El tinte policial y restrictivo que están adquiriendo las políticas de inmigración y extranjería sólo contribuye a criminalizar y marginar los proyectos de vida de un colectivo que forma parte de nuestra sociedad.

Por otro lado, la integración plena de la población extranjera en nuestra sociedad pasa por su capacidad de desarrollarse en los ámbitos social y económico. En este sentido, resulta necesaria la puesta en marcha de políticas que promuevan la capacidad de inserción laboral de los inmigrantes, en tanto que colectivo vulnerable. La promoción del autoempleo, la potenciación del acceso de los inmigrantes a puestos que se correspondan con su preparación y la flexibilización de los procedimientos de homologación de estudios, constituyen elementos esenciales en el proceso de su desarrollo en la sociedad española.

Por último, es fundamental que las nuevas generaciones estén sensibilizadas sobre las realidades con las que tienen que convivir. La educación en valores como la igualdad, la solidaridad o el diálogo representa la mejor plataforma para evitar comportamientos no tolerantes o violentos. Por ello, los centros académicos deben convertirse en los grandes referentes de la educación en valores y la convivencia intercultural. Debemos impulsar la incorporación de la población inmigrante al sistema educativo, como instrumento que garantice que los jóvenes inmigrantes se integren más rápidamente y gocen de las mismas oportunidades que cualquier otra persona, y que la población autóctona viva en un ambiente de tolerancia y reconocimiento de la diversidad cultural.

En este contexto, las instituciones han de incentivar el acceso de la población extranjera a la enseñanza no obligatoria y, en concreto, a la educación superior. En la actualidad, según datos del Ministerio de Educación y Cultura, en el curso 2006-2007, tan sólo el 2,2% de la población extranjera estuvo matriculada en la Universidad. Una proporción muy inferior a la correspondiente a la población autóctona que, sin duda, refleja las dificultades a las que la población inmigrante ha de enfrentarse cuando accede a formaciones de educación superior, lo que contraviene la Sentencia 236/2007, de 7 de noviembre de 2007, del Tribunal Constitucional, en la que se califica de derecho el acceso de los inmigrantes a la enseñanza no obligatoria.

De igual forma, el trabajo extraescolar que numerosas organizaciones de tipo social ya realizan con padres, madres, profesores e incluso con las llamadas “segundas generaciones”, a través de actividades lúdicas y culturales con la diversidad cultural y la tolerancia como telón de fondo, constituye una herramienta esencial en la consecución de una integración social y una convivencia pacífica que, no lo olvidemos, es cosa de todos, población inmigrante y población autóctona.

Y es que la paz es algo ansiado por todos y todas, pero sólo será posible cuando todos y todas trabajemos por ello. La paz es un bien común y corresponde al Estado velar por su garantía, pero la ciudadanía, a través de su acción, tiene ante sí la enorme oportunidad de hacerla realidad.