Una nueva constitución para un nuevo país

Por Javier Guevara, diputado de Presidencia de la Diputación Foral de Álava (EL PAIS, 06/11/03):

Desde la Diputación Foral de Álava queremos recoger el guante lanzado por el lehendakari Ibarretxe e iniciar un debate, tranquilo, sereno, sin descalificaciones, sobre la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi que acaba de aprobar el Gobierno vasco tripartito. Y lo primero que debemos hacer es trasladar a la sociedad alavesa, y a la sociedad vasca, la verdadera naturaleza de lo que se nos está proponiendo. Si los vascos tenemos derecho “a ser lo que queramos ser”, deberemos empezar por conocer lo que se nos propone que seamos. Sin ello, mal podremos “decidir nuestro futuro”.

Para ello, habremos de comenzar por echar un vistazo a nuestra propia casa. Lo primero es que los ciudadanos alaveses, al igual que los vizcaínos y guipuzcoanos, nacionalistas y no nacionalistas, tomemos conciencia de lo que supone la propuesta aprobada por el Gobierno vasco el pasado 25 de octubre, en relación a una cuestión tan importante como es la articulación del autogobierno en el seno de nuestra comunidad autónoma, de Euskadi. La propuesta, antes que a la relación entre el País Vasco y el Estado, afecta, de manera fundamental, a las relaciones internas entre los territorios históricos y las instituciones comunes vascas. No estamos sólo ante un problema entre españoles y vascos. Estamos, previamente, ante una cuestión entre vascos, que deberemos debatir entre nosotros con ese diálogo sereno que pide el lehendakari y que nosotros aceptamos a pesar de la falta de libertad y persecución que padecemos quienes discrepamos de sus planteamientos.

Recordemos cuáles fueron los pilares básicos sobre los que se asentaron la reconstrucción y actualización de nuestro autogobierno, que todos (el lehendakari el primero) reconocemos como fuente e instrumento de bienestar para nuestro país en estos últimos 25 años. El punto de partida lo encontramos en la disposición adicional primera de la Constitución de 1978 -“La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales-“, complementada con la disposición derogatoria segunda, que dejaba sin efecto las leyes abolitorias de 1839 y 1876, en lo que pudieran afectar a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Se abría así la puerta para que los regímenes forales de dichos territorios pudieran recuperarse y actualizarse, lo que se llevaría a cabo a través del Estatuto de Gernika. Por tanto, la Constitución significó una verdadera y auténtica reintegración foral, al tiempo que introdujo una novedad histórica: que dicha reintegración se llevara a efecto mediante una especie de federación o confederación de los territorios forales, que se asociaban en una nueva comunidad política y jurídica, Euskadi. Bien puede decirse que con la Constitución de 1978 los derechos históricos dejaron de ser sólo historia y pasaron a ser instituciones jurídicas actuales y con vocación y posibilidad de proyección hacia el futuro.

Pero no se podía prescindir de la historia ni violentar los sentimientos, tradiciones e identidades de los ciudadanos de cada una de las provincias. Euskadi era nueva; Álava, Guipúzcoa y Vizcaya eran muy viejas. El Parlamento vasco se empezaba a vislumbrar; las Juntas Generales de los territorios forales llevaban siglos legislando. Era evidente que la actualización del autogobierno sólo podía sustentarse en el reconocimiento e identidad de dichos territorios, para, a partir de ahí, empezar a construir. Y así se hizo. El artículo 37 del Estatuto de Gernika estableció que lo dispuesto en él “no supondrá alteración alguna de la naturaleza del régimen foral específico o de las competencias de los regímenes privativos de cada territorio histórico”.

Con esta doble configuración jurídica (hacia fuera y hacia dentro) del autogobierno actualizado se era congruente con el pasado y, también, respetuoso con la sensibilidad de los ciudadanos alaveses, guipuzcoanos y vizcaínos, quienes, sin perder su identidad respectiva, inauguraban una nueva e ilusionante etapa en un proyecto común y compartido. Con ello, también hay que decirlo, se asumía un modelo de país inspirado en el proyecto nacionalista, conjugando la moderna idea de nacionalidad con el concepto de territorio, en un difícil pero virtuoso equilibrio.

La propuesta aprobada por el Gobierno del señor Ibarretxe quiebra totalmente estos planteamientos y los principios que inspiraron la reintegración de nuestro autogobierno e implica un cambio radical de las bases sobre las cuales los ciudadanos vascos suscribimos el pacto estatutario. No voy a entrar ahora en el texto articulado. El problema es de mayor entidad y está en el preámbulo: Ibarretxe está creando un ente nuevo, llamado “Pueblo Vasco o Euskal Herria”, al que quiere instituir como sujeto con personalidad jurídica e identidad propias, y depositario de un supuesto patrimonio histórico que le hace acreedor a decidir su propio futuro, es decir, a convertirse también en entidad política.

En otras palabras, el lehendakari está trasladando los derechos históricos pertenecientes a los territorios forales a ese nuevo ente ajurídico y ahistórico que pretende crear. Con ello, además de reinventar la historia, se están sentando las bases para que las futuras instituciones comunes (Gobierno y Parlamento) de la nueva comunidad política puedan vaciar y dejar sin contenido los regímenes privativos de autogobierno de los territorios forales. No digo que lo van a hacer. Digo que lo podrán hacer. Porque, con la propuesta de Ibarretxe, las provincias pasamos, de propietarias, a simples precaristas.

Por segunda vez en 25 años, el nacionalismo pretende imponer al conjunto de la sociedad vasca un nuevo modelo de país. Con el proyecto del lehendakari, el nacionalismo vasco da un giro radical en sus planteamientos clásicos y nos propone un nuevo marco, que nada tiene que ver con nuestra historia y tradiciones. Y tengo que decir que me sorprende profundamente que este cambio de rumbo parezca haber sido asumido por el PNV sin matices, sin fisuras, incluso sin debate. La fórmula confederal de los territorios y la preservación de sus regímenes privativos es una constante y un elemento fundamental, en todos los textos doctrinales y estatutarios del PNV desde que en 1894 elaboró su Reglamento denominado Euskeldun Batzokia. ¿Es posible que la iniciativa de una sola persona esté en trance de modificar 100 años de historia de un partido tan tradicional como el PNV?

Me parece que el asunto tiene la suficiente trascendencia como para que los ciudadanos de los tres territorios reflexionen sobre el mismo, y se abra ese debate sereno que el lehendakari reclama. Pero que se abra desde aquí, desde casa. Los alaveses, los vascos, tenemos que saber que lo que se nos propone es una cosa totalmente nueva. No diré si buena o mala, pero sí nueva. El señor Ibarretxe no está reclamando más autogobierno, está planteando un autogobierno diferente, que no es lo mismo. Está pretendiendo hacer algo más que una “segunda transición”: quiere llegar a un punto cero y empezar a construir a partir de la nada. Su propuesta no vulnera la Constitución, simplemente la ignora, la deja de lado. Su propuesta tiene vocación de llegar a ser una nueva constitución de un nuevo país. La gran pregunta es: ¿responde la iniciativa del lehendakari a una voluntad mayoritaria de la sociedad vasca actual? Más aún, ¿responde en verdad a la voluntad real de los nacionalistas vascos de hoy? ¿Tiene su propuesta capacidad de concitar ese amplio y mayoritario consenso que dio lugar al gran pacto del Estatuto? ¿Hasta qué punto este proyecto es, más que la respuesta a una demanda social mayoritaria, una especie de reacción frente a esa pretendida, y más que discutible, “regresión autonómica” que el nacionalismo viene denunciando en los últimos años? Todos los ciudadanos de este país, los nacionalistas los primeros, deberíamos detenernos a reflexionar sobre estas cuestiones, porque, a mi juicio, trascienden a meras estrategias partidistas. Nos estamos replanteando el pasado, el presente y el futuro de este país nuestro.

Desde Álava ya hemos empezado a debatir y a reflexionar. Me remito a la declaración institucional que la Diputación Foral hizo el pasado 26 de octubre, de la que todo el mundo parece olvidar que finalizaba haciendo una llamada al diálogo. Quiero recordar también que las Juntas Generales de Álava, por tres veces en un año, han dejado claro que este territorio nunca romperá el pacto estatutario, pero tampoco hará renuncia de los derechos históricos que como provincia foral le pertenecen. Álava no aceptará proyectos que no sean respetuosos y congruentes con su pasado.

Si tenemos que perder el aval contenido en la disposición adicional primera de la Constitución de 1978, nos tendrán que explicar muy bien qué otra garantía se nos va a ofrecer en orden a la conservación de nuestro régimen privativo de autogobierno. No nos valen meras declaraciones de intenciones. Queremos seguridades. Pensamos que Álava cabe en Euskadi, y que Euskadi tiene cabida en España. A través de ella, queremos participar en Europa.

Y una reflexión final. Si algo ha caracterizado históricamente el sistema foral vasco ha sido su condición de derecho consuetudinario, su permanente evolución y adaptación a la cambiante realidad social. Por tanto, si somos coherentes, tendremos que aceptar la legitimidad de mantener un diálogo constante sobre la adaptación a los tiempos actuales del sistema de autogobierno instituido hace ahora un cuarto de siglo. No tenemos por qué tener miedo, complejo o desconfianza a hablar sobre temas como la participación de las autonomías en Europa, el papel futuro del Senado, el reparto competencial de las respuestas a las nuevas necesidades sociales… Pero ese debate sólo es posible desde la lealtad institucional, desde el respeto al ordenamiento jurídico, desde el reconocimiento, y no la permanente deslegitimación, del marco político. El nacionalismo debe volver a la senda del derecho. Entonces será posible ese diálogo sereno que el lehendakari reclama, pero que con sus actuaciones impide.