En las pasadas elecciones europeas, los ciudadanos nos han mandado un claro mensaje a los dos grandes partidos nacionales. Y lo han hecho cuando España atraviesa hoy no sólo una crisis económica, sino sobre todo una profunda crisis política e institucional, en medio de un escenario que encaja a la perfección en la ya clásica definición de crisis: «Cuando lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer».
Nuestro sistema político, nacido de la Transición y consagrado en la Constitución de 1978 se diseñó sobre la base de unos partidos fuertes y cohesionados que dieran estabilidad a nuestra joven democracia. El modelo se complementó con un sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas como clave de bóveda y garantía de la cohesión interna. La consecuencia ha sido más que evidente: los ciudadanos votan más a los partidos que a los candidatos -a los que en la mayoría de los casos ni conocen- y los representantes políticos se deben más a los partidos que los designan que a los ciudadanos que los votan.
Aunque este modelo pudo tener sentido entonces y, sin duda, nos ha traído el periodo de mayor desarrollo político, económico y social de nuestra historia reciente, es evidente que el traje constitucional se le ha quedado estrecho a muchos ciudadanos, especialmente a los más jóvenes. El principal motivo es que las reglas del juego sobre las que se sustenta nuestra arquitectura política y constitucional no se han movido un ápice en estos 35 años, lo que plantea la inmediata necesidad de emprender reformas políticas que la actualicen. Ya lo decía Edmund Burke hace dos siglos: «Un Estado que no puede cambiar en nada no tiene posibilidades de existir». Es el momento de renovarse o languidecer hasta morir.
Ese inmovilismo, sumado a la madurez democrática, a la creciente conciencia crítica de los ciudadanos y a la proliferación de casos de corrupción, no ha hecho sino acrecentar la distancia entre los ciudadanos y sus representantes, en una percepción de agotamiento de nuestro sistema político que se ha instalado en el subconsciente colectivo. Por ello, no es de extrañar que ante la falta de respuesta de los dos grandes partidos nacionales, hayan terminado surgiendo otras formaciones de nuevo cuño que, bajo la pretendida bandera de la regeneración democrática, ofrecen soluciones muchas veces simplistas y demagógicas a problemas complejos. Pero no nos llevemos a engaño: escuchar a la calle en una democracia representativa es, sobre todo, escuchar a los ciudadanos en las urnas, y no únicamente a quienes se arrogan su representatividad en legítimas -siempre que sean legales- asambleas y manifestaciones de protesta frente al Gobierno de turno, tratando de sustituir la libertad de los modernos -recordando a Sièyes y Benjamin de Constant- por una utópica e inaplicable democracia directa, como si estuviéramos en la Atenas de Pericles. Lo explicó bien Sartori: «Un sistema en el que los electores no saben nada sobre lo que van a decidir equivale a colocar la democracia en un campo de minas».
Durante los últimos tiempos, algunos miembros del PP hemos reclamado que nuestro partido lidere una agenda reformista de calado, basada en nuestros principios liberales, que combata la desafección y dé respuestas a las exigencias ciudadanas. Sin duda, debemos afrontar una segunda Transición sobre los cimientos de la primera, con reformas valientes que perfeccionen nuestra democracia y permitan, a aquellos que no la vivieron, sumarse al proyecto constitucional y sentirlo como propio. Este es el gran desafío de España. Porque como no se ha cansado nunca de decir José María Aznar, «sin estabilidad política e institucional no puede haber prosperidad».
¿Y cuáles son esas reformas políticas urgentes que requiere hoy España? Además del problema territorial y del desafío secesionista, me centraré únicamente en dos: la reforma del sistema electoral y de la Ley de Partidos Políticos.
En primer lugar, es imprescindible una reforma electoral que personalice la política, es decir, que permita una mayor cercanía entre representantes y ciudadanos. Nunca he ocultado mi admiración por los sistemas mayoritarios anglosajones, pero el sistema alemán, que combina un reparto proporcional de los escaños con la elección directa de algunos diputados en distritos uninominales, podría ser una buena alternativa a nuestra realidad política, especialmente en el ámbito autonómico. Esta es la propuesta que en el PP de Madrid llevamos defendiendo desde el inicio de la legislatura, con Esperanza Aguirre e Ignacio González a la cabeza. Una propuesta de reforma electoral para la Comunidad de Madrid que busca el consenso con el resto de fuerzas políticas. No en vano, representantes del PSOE y de UPyD han propuesto el sistema electoral alemán para España: Rubalcaba, Bono, López Garrido, recientemente Pedro Sánchez, destacadas agrupaciones socialistas como la catalana o la valenciana y Sosa Wagner.
En la misma línea, la reciente propuesta, todavía sin concretar, del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sobre la elección directa de alcaldes es también enormemente positiva. Además de respetar la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas, daría una mayor estabilidad política en los municipios y evitaría pactos antinatura de «todos contra el ganador», que son el caldo de cultivo de muchos casos de corrupción. Recuerdo, también, que Alberto Ruiz-Gallardón propuso en la campaña electoral de 2011 que los concejales de distrito de las grandes ciudades fueran elegidos de manera directa por sus vecinos; otra fórmula que impulsaría la necesaria cercanía entre representantes y representados, especialmente importante en el ámbito municipal.
La otra gran reforma que necesita nuestro sistema político es la de la organización y el funcionamiento de los partidos políticos. Aunque nos duela, es justo reconocer con franqueza que los partidos son hoy estructuras cerradas, monolíticas, en buena medida endogámicas y cuyo afán por controlarlo todo -instituciones y sociedad civil- se ha convertido en un obstáculo a la plena vigencia de la separación de poderes, piedra angular de las democracias occidentales. Esa falta de oxígeno político, de contacto y conexión con la sociedad, les ha llevado, en buena medida, a perder el pulso de la realidad y de las demandas de los ciudadanos. En esto, las elecciones europeas han sido enormemente reveladoras: cuando los electores nos ven como parte del problema y no de la solución, deberíamos pararnos por un momento, reflexionar y tomar decisiones.
En mi opinión, necesitamos candidatos que forjen su liderazgo en procesos electorales internos y representantes que se deban por igual a los ciudadanos y a sus partidos políticos, en una suerte de legitimidad compartida. Esto es, combinar disciplina interna con voces libres que promuevan una sana autocrítica, con independencia e iniciativa propia, que puedan mantener íntegra su personalidad. Y, por supuesto, es imprescindible abordar con urgencia una reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos que los haga más transparentes y cuyas cuentas sean públicas y accesibles. Pese a los indudables avances que supone la Ley de Transparencia, baste, por ejemplo, con visitar la web del Alcalde de Londres, Boris Johnson, y poder consultar todos sus gastos de representación al más mínimo detalle, para darnos cuenta de la distancia a la que estamos de otros países de nuestro entorno.
Ahora que el debate de la regeneración política se ha situado en el centro de los dos grandes partidos, es bueno que, lejos de los meros fuegos de artificio y de las propuestas populistas, nos centremos de verdad en la raíz del problema: la reforma de la Ley Electoral y la de Partidos Políticos, que son las dos caras de una misma moneda. No cometamos el error lampedusiano de aparentar «cambiarlo todo para que nada cambie». Ya no valen excusas ni dilaciones. Sigamos el camino que nos marcó el Rey Felipe VI en su discurso de proclamación: «Una Monarquía renovada para un tiempo nuevo». Eso es lo que está llamando a la puerta de la Historia: una nueva Transición para un nuevo tiempo.
Iñigo Henríquez de Luna Losada es portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid y senador autonómico.