Este diciembre, los ministros de comercio de diversas partes del mundo convergirán en Buenos Aires para la Undécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio. Como hoy día Estados Unidos, que históricamente ha conducido al mundo hacia la liberalización del comercio, está agudizando las tensiones comerciales, dicha reunión promete ser diferente de las anteriores.
Las reuniones ministeriales de la OMC nunca son fáciles. Por lo general se llega a algún acuerdo, pero solo a último momento y con una redacción que suele ser vaga. Sin embargo, es posible que esta vez el resultado sea aún más desalentador, y que los delegados no logren ni siquiera un acuerdo simbólico que luego puedan promover con una activa campaña de marketing.
Las tensiones actuales con respecto al libre comercio, que se basan en la desigual distribución de sus beneficios, no pueden resolverse dentro de la OMC, y menos aún en una reunión ministerial. Pero esto no significa que la conferencia próxima vaya a ser en vano. Por el contrario, podría servir como una excelente oportunidad para iniciar la actualización y recalibración que la OMC necesita a fin de seguir siendo una plataforma efectiva para la cooperación y la creación de consenso en relación al comercio internacional.
Uno de los problemas clave que debe abordarse se relaciona con el "trato especial y diferenciado" (S&D). Alrededor de dos tercios de los 164 miembros de la OMC han declarado que son países en desarrollo, etiqueta que les permite acogerse a las disposiciones en materia de S&D, entre ellas la autoridad para mantener aranceles comerciales por períodos de tiempo prolongados.
Dado que la OMC carece de puntos de referencia o indicadores que determinen cuándo un país debe dejar el S&D, no sorprende que ningún país en desarrollo se haya "desarrollado". Por cierto, desde que el S&D se introdujera en 1979, muchos países en desarrollo se han vuelto más ricos, pero no han dado muestras de estar listos para renunciar a los beneficios del S&D, ni siquiera en cuanto a industrias que han llegado a ser competitivas a nivel internacional.
Es difícil sostener que todos los países en desarrollo deberían disfrutar indefinidamente del privilegio de excluirse de las obligaciones generales de la OMC con respecto a todos los sectores de sus economías. Y puesto que tantos de sus socios pertenecientes a la OMC se acogen al estatus preferencial, los países desarrollados miembros de la organización suelen resistirse a las concesiones comerciales dentro de ella y prefieren llevar a cabo negociaciones en otros foros.
Existe una profunda diferencia entre la dinámica de la OMC y la existente en el Fondo Monetario Internacional y en el Banco Mundial. En la OMC, a los países desarrollados les gustaría que los mercados emergentes grandes asumieran mayores obligaciones, a lo que se oponen los países en desarrollo. En las instituciones de Bretton Woods, los países desarrollados impiden que las economías emergentes adquieran mayor influencia.
Sin embargo, las dos dinámicas tienen algo en común: una intransigencia que, aunque provenga de sectores diferentes, refleja una negación de la realidad. Dentro de las instituciones de Bretton Woods, las economías emergentes tienen razón en que su mayor peso económico debería estar correlacionado con mayores contribuciones de capital y mayor peso en la toma de decisiones. Dentro de la OMC, es claro que el S&D debe actualizarse para que beneficie solamente a los países que en realidad lo necesitan. Por lo tanto, los ministros participantes en la reunión de Buenos Aires deben estar dispuestos a discutir el S&D de manera sincera.
Un segundo tema que la OMC necesita abordar se refiere a la creación de consenso. De acuerdo a las reglas actuales de la organización, el voto mayoritario basta para adoptar la mayor parte de sus decisiones. No obstante, la práctica de larga data ha sido adoptar todas las decisiones por consenso.
Esto es acertado y no debería cambiar. A pesar de que lograr consenso puede ser algo lento y engorroso, es la única forma de generar la legitimidad que deben tener las decisiones de la OMC. Después de todo, el voto de una mayoría simple no daría cuenta de las diferencias en el tamaño de los mercados. Y un voto ponderado socavaría la capacidad de la OMC para dirimir disputas adjudicando derechos y obligaciones entre miembros de diferentes tamaños y peso político.
El problema reside en que el consenso se interpreta como un poder de veto ilimitado, que permite a un miembro bloquear toda discusión sobre asuntos de interés para otros. El enfoque basado en el consenso puede funcionar bien solamente si entraña la obligación de todos los miembros de buscar intereses compartidos, y objetar formalmente tan solo las decisiones que son contrarias a algún interés fundamental.
El acuerdo de París sobre el cambio climático se logró mediante un método simple llamado "indaba", que proviene de los pueblos zulú y xhosa de Sudáfrica. Los negociadores tenían derecho a abstenerse de consentir, pero solamente si presentaban una propuesta alternativa encaminada a encontrar un terreno común. Si el indaba funcionó en París, también podría hacerlo en la OMC. En Buenos Aires, los ministros deberían discutir cómo asegurar que los miembros de la OMC ejerzan de manera responsable su derecho a bloquear decisiones.
El último tema que los ministros deberían estar dispuestos a discutir en Buenos Aires es la necesidad de asegurar que la OMC pueda adaptarse de manera efectiva a un entorno internacional cambiante. Los problemas que conllevan el S&D y la toma de decisiones por consenso no son nuevos, pero como han sido ignorados durante tanto tiempo, se han profundizado. Ello no habría sucedido si la reforma gradual constituyera parte integral de las actividades regulares de la OMC.
Tanto el FMI como el Banco Mundial cuentan con entes fiscalizadores que periódicamente analizan y evalúan su funcionamiento. Estos implacables decidores de la verdad, que operan con presupuestos muy reducidos, de manera regular obligan a los líderes de sus instituciones a sostener discusiones francas acerca de la efectividad de la organización y sus posibles reformas. Lo que la OMC necesita es, precisamente, un ente evaluador independiente de este tipo.
La OMC no puede seguir ocultando sus problemas eternamente. La cuestión es si va a emprender ahora las reformas que necesita o va a esperar hasta que una crisis costosa no le permita otra salida.
Hector R. Torres, a senior fellow with the Centre for International Governance Innovation’s International Law Research Program, was previously Executive Director at the International Monetary Fund and a staff member at the World Trade Organization. Traducido del inglés por Ana María Velasco.