Una oportunidad para la UE y España en el Sáhara

Refugiados saharauis durante un desfile militar
Refugiados saharauis durante un desfile militar

Los tribunales de la UE han vuelto a sentenciar que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos según el derecho internacional. De acuerdo con su decisión, cualquier acuerdo que incluya su territorio o sus aguas debe dejar claro que son dos entidades distintas, además de contar con el consentimiento expreso y libre del pueblo saharaui expresado a través de quienes internacionalmente lo representan y no de asociaciones o entidades que forman parte del entramado de poder marroquí.

Y eso, al menos, mientras no haya finalizado el proceso de descolonización mediante la autodeterminación de su población que Naciones Unidas lleva prescribiendo ininterrumpidamente desde los años 60 y pese a que el territorio fue ocupado por Marruecos en 1975, a raíz del abandono de España.

Pero lo más novedoso de la sentencia dada a conocer hace unos días es lo diáfanamente que recuerda y admite (basándose en su estatus en la ONU y en el proceso que allí se sigue) la condición del Frente Polisario como representante internacionalmente reconocido del pueblo saharaui mientras la descolonización no termine. También, la obligatoriedad de su interlocución y participación en cualquier acuerdo respecto a los recursos naturales del Sáhara Occidental.

Y es que, al margen de cuál sea la reacción de Marruecos y de las demás instituciones de la UE a partir de la sentencia, el reforzamiento que supone para el Frente Polisario es una invitación a reactivar el proceso de negociación entre las partes, aletargado desde hace casi 20 años pese a los varios intentos de reanimarlo. Este proceso podría reanudarse a finales de otoño con el más que previsible nombramiento del italiano Staffan de Mistura como nuevo comisionado del secretario general, António Guterres. Un cargo que lleva vacante desde 2019.

Cuando a finales de este mes de octubre el Consejo de Seguridad tenga que reunirse para prorrogar un año más (como viene sucediendo desde hace tres décadas) la misión de la ONU en la excolonia española, dicha renovación no será, como tantas otras veces, un mero trámite rutinario. Porque son varios los factores que han cambiado en el dosier del Sáhara en los últimos doce meses y que pueden propiciar un cambio de dinámica tras la agitación del avispero.

El primero, el retorno a las hostilidades por parte del Frente Polisario tras el incidente fronterizo de Guerguerat, que nos ha devuelto a la situación anterior al primer plan de paz de 1991. Es algo que, por mucho que desagrade a quienes aborrecemos la guerra, no puede sorprender si se conoce un poco el conflicto, ya que llevaba tiempo incubándose. Tanto entre los 160.000 refugiados que se calcula que hay en los campamentos de Tinduf como entre los dirigentes saharauis.

Son ya tres décadas sin guerra, pero también sin verdadera paz, en el exilio de la Hamada argelina, y sigue sin haber solución al conflicto. Y eso pese a que la ONU les da la razón siempre sobre el papel a los saharauis y ha prometido varias veces un referéndum con diferentes censos. Referéndum que no se ha llevado a cabo hasta ahora por la negativa de Marruecos a cualquier posibilidad de independencia. Algo que ha terminado por convertir en inevitable la vuelta a las armas.

El verdadero alcance de estas nuevas escaramuzas es, sin embargo, difícil de conocer, ya que aunque el Polisario da a diario partes del conflicto y anuncia bajas en ambos bandos, Marruecos se niega a reconocer su existencia.

El segundo factor, por orden cronológico, es el reconocimiento por parte de Donald Trump, poco antes de la fallida asonada del Capitolio y al margen de la legalidad internacional, de la marroquinidad del Sáhara a cambio del reconocimiento alauí de Israel. Un dislate jurídico cuyos efectos y continuidad están por ver, pero que el régimen de Mohammed VI esperaba que funcionara como efecto dominó en todo el mundo y, sobre todo, en las cancillerías occidentales.

Doce meses después, parece claro que Joe Biden ha congelado el exabrupto de aquel peligroso bufón (si el nuevo presidente no ha dado marcha atrás es, seguramente, por las implicaciones que tendría en Oriente Medio). Prácticamente nadie, además, se ha sumado al desafuero. Y buena muestra de ello es la sentencia de la UE.

Y eso es lo que mejor explica la crisis en las relaciones con España que empezó a gestarse entonces, más allá de algún tuit de Pablo Iglesias en el que se limitaba a decir lo mismo que la ONU. O la posterior rabieta de la marcha infantil sobre Ceuta, con el acogimiento sanitario de Brahim Ghali como excusa.

Por último, el tercer factor, probablemente el más trascendente, es el crecimiento de la hostilidad entre Marruecos y Argelia, indudablemente relacionada con la ruptura del alto el fuego en el Sáhara. Hostilidad explicitada hace semanas con la ruptura por parte de Argel de las relaciones diplomáticas, los cierres del espacio aéreo y los movimientos de tropas en la frontera tras una carrera armamentística de ambos actores que han generado una nueva Guerra Fría y hasta implicaciones energéticas (ante la posibilidad de que el gasoducto por el que España recibe gas de Argelia a través de Marruecos deje de funcionar).

Pero lo cierto es que casi nadie desea un enfrentamiento bélico directo en el Magreb entre ambos colosos.

Por eso, al margen de cuáles sean las fórmulas que se adopten a partir de ahora para que se preserve “la estabilidad de las relaciones” (como se ha indicado en el comunicado conjunto de la UE y de Marruecos), es más que posible que en las próximas semanas vivamos un incremento de la actividad diplomática de las cancillerías del sur de Europa dentro y fuera de la ONU.

Y su primer objetivo debería ser el de un alto el fuego entre las partes que nos devuelva a la situación de 1991.

Ahora bien, flaco favor se harían España y las instituciones europeas si, como ya ocurrió en 2019, tras los recursos que se presenten, y tras encontrarse con pronunciamientos similares, volviesen a tratar de sortearlos para contentar a Marruecos dejando de considerar como interlocutor al Polisario. O si se tratase de aguar en el Consejo de Seguridad de la ONU el derecho internacional asumiendo las conocidas tesis de Francia para resolver el conflicto sin una autodeterminación real.

En unos tiempos tan convulsos como los que actualmente vivimos, con la democracia y el Estado de derecho geopolíticamente en retroceso y sus valores amenazados por el populismo, es vital para Europa, si quiere seguir pintando algo en el mundo, ser capaz de defender el derecho internacional cerca de sus fronteras.

Y esto es algo que afecta directamente a España si pretende que, pese a las diferencias que probablemente tendrá siempre con Marruecos respecto a Ceuta y Melilla, no llegue nunca la sangre al río y se pueda crear un espacio de prosperidad en torno a ambas ciudades en el que las fronteras cada vez importen menos. Por no hablar de la necesaria delimitación de las aguas territoriales de Canarias y de la explotación de los recursos mineros que hay entre sus costas y las saharauis.

Por eso, la sentencia sobre los recursos naturales es una excelente oportunidad para que se pueda llegar en Europa a acuerdos que impliquen a todas las partes y que permitan avanzar hacia una solución global lo más satisfactoria posible para todos una vez que se alcance un nuevo alto el fuego en el Sáhara Occidental.

Federico Echanove es periodista.

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