Una oportunidad perdida

Es una lástima que Catalunya carezca de un Estatut razonable después de tantas especulaciones, dilaciones y un trabajo ímprobo e intenso por parte de los miembros del Tribunal Constitucional. Nada menos que cinco proyectos de sentencia ha tenido que elaborar la magistrada ponente para intentar consensuar una viable, que al final no ha sido posible por razones más de tipo personal que jurídico, ya que la mayoría suficiente para aprobar la resolución, por lo que afecta al fondo, estoy convencido de que existía. Lo que ha ocurrido es que el afán de protagonismo o de imposición sin fundamento de algún magistrado ha dado al traste con ella.

En estos días de estupefacción y sorpresa, hay quien sin conocimiento de causa, utilizando argumentos simplistas, está hablando y divulgando la idea de vencedores y vencidos en el seno del Constitucional. Eso no es así, pues la discrepancia en un órgano colegiado no es un hecho extraño ni debe sorprendernos. Lo que no es admisible es que el empecinamiento por algo que va más allá de lo estrictamente jurídico pueda ser causa de aprobación o rechazo de una sentencia de esta trascendencia, que nos tiene en vilo y nos preocupa a muchos.

Hoy existe una auténtica sensación de desconcierto y frustración en gran parte de Catalunya, a la que una vez más se priva de consolidar el Estatut aprobado por el Parlament, previo informe del Consell Consultiu, informado por el Consejo de Estado, aprobado por el Parlamento español y refrendado en referendo por el pueblo de Catalunya. Realmente insólito.
Es un dicho popular que lo que mal empieza mal acaba, y con el Estatut, según mi opinión, se empezó mal, cometiendo algunos errores, y todo apunta a que puede acabar peor. Enumeraré sucintamente algunos de estos errores:

1°. Que quedase excluido de la negociación del texto del Estatut el Partido Popular.

2°. La interposición por parte del PP del recurso de inconstitucionalidad, colocando al Tribunal Constitucional en el disparadero y en una situación casi imposible, habida cuenta del proceso legislativo que ya había pasado, con el añadido de su aprobación mayoritaria en referendo por el pueblo catalán, destinatario del mismo. Con ello no quiero decir que el PP no estuviese legitimado para interponerlo, pero sí afirmo que demuestra muy poco sentido de Estado, escasa o nula legitimidad moral y una peculiar concepción democrática.

3°. Los distintos incidentes durante la larga tramitación del recurso: la recusación del magistrado Pérez Tremps con unos argumentos de dudosa legalidad; el no haber cesado en plazo los magistrados cuyo mandato venció y cuya prórroga alcanza prácticamente tres años; y no haber cubierto la plaza del magistrado fallecido hace más de un año.
Si estos hechos se han producido, no son imputables al Tribunal Constitucional, sino a los partidos políticos, que han sido incapaces de cumplir con un mandato constitucional ineludible, con muy poco respeto por tan alta institución. Al hablar de partidos políticos, me estoy refiriendo al PP y al PSOE, sin cuyo concurso dichos cambios no son posibles.

4°. El prejuzgar lo que deben hacer o resolver los magistrados respecto a dicho recurso, pues ello supone una presión que puede atentar a su independencia, o podría entenderse como una invitación a la prevaricación.
Ante esta difícil situación, no queda más remedio que actualizar de inmediato el Tribunal Constitucional, y aquí no vale el argumento pueril de que el partido no está finalizado para justificar que todo siga igual y vayamos seguramente a peor. Este partido está muerto y han de jugarlo aquellos a quienes les corresponde, según establece nuestra Carta Magna. De no ser así, una vez más, la responsabilidad será única y exclusivamente de los políticos. ¿O es que acaso cuando se renueva un órgano total o parcialmente están todos los temas resueltos?

No puedo acabar estas breves reflexiones sin manifestar un gran sentimiento de preocupación por lo que ha ocurrido, pero sobre todo por lo que pueda ocurrir y que no se vislumbra como esperanzador ni para Catalunya ni para España. En cualquier caso, hoy podemos afirmar que se ha desaprovechado una oportunidad, una oportunidad perdida.

Francisco Matosas, abogado.