Llevábamos meses hablando de lo importante que era tener unos Presupuestos que dieran respuesta y paliaran la crisis sin precedentes en la que estamos inmersos.
Y al final llegaron, pero tarde y mal. Aprovechando la cláusula de salvaguarda europea que ha dejado en suspenso los requerimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el Gobierno determinó que ya no había que respetar las “reglas fiscales” en 2021 y así, no solo ha confeccionado unas cuentas públicas con un fortísimo incremento del déficit estructural sino, también, ha eludido la visión fiscal de medio plazo y no ha presentado el obligado plan de reequilibrio que exige la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera española.
Se han saltado pasos que eran imprescindibles, pero que puede que les resultaran incómodos, como someter a votación por las Cámaras los escenarios plurianuales, han elevado el Proyecto de Presupuestos al Congreso con un mes de retraso y han impulsado un calendario de tramitación al límite, con el correspondiente deterioro de la transparencia, confianza y credibilidad en unos tiempos tan complicados como estos.
La ministra de Hacienda decía hace unos días en esta misma tribuna que España “afronta de nuevo un momento clave en su historia y necesita unos nuevos PGE que permitan superar la crisis y abrir una nueva etapa”. Absolutamente de acuerdo, pero ni por la forma de confeccionarlos ni por su propio contenido es lo que necesitábamos.
El presupuesto es la expresión cifrada de los ingresos y gastos que, como potente herramienta de política económica, deben responder a las necesidades de los ciudadanos. Es cierto que la política económica es política y que, como tal, es legítimo que tenga carga ideológica; sin embargo, eso no significa que se yerre en los objetivos; que no se tenga claro cuáles son los problemas prioritarios a los que atender en un momento en el que nuestra economía está en la cola de los países de la OCDE y nuestro desempleo es más del doble que la media de esos países. Es un error gravísimo que no se hayan enfocado los esfuerzos en mantener nuestro tejido productivo para generar riqueza y empleo.
Y si equivocarse tiene siempre importancia, lo tiene más en un año en el que parece que se han empezado los cálculos por el revés. Se han presentado unas estimaciones económicas voluntaristas revisadas a la baja respecto de las estimaciones de junio, pero todavía muy optimistas, que no comparten la mayor parte de analistas e instituciones nacionales e internacionales. La última, la OCDE que rebaja en más de un 30% la estimación de crecimiento del Gobierno sin tener en cuenta el impacto de los fondos europeos al que todos califican como irreal. La consecuencia de estas estimaciones es una recaudación que la ministra llama “histórica” y que resulta inalcanzable, no sólo por la irrealidad de las previsiones de crecimiento, sino también por la elasticidad que presuponen al sistema y la capacidad recaudatoria de las nuevas figuras impositivas.
Por otra parte, se deciden los gastos que se quieren llevar a cabo y se presupuestan sin límite alguno, con un fuerte incremento de los gastos corrientes en todos los ministerios consecuencia en parte de la amplia y compleja estructura gubernamental que no resiste ni el más mínimo análisis de gobernanza.
Pero si el tamaño importa en los gastos, en una situación como la actual importa tanto o más su calidad. Nos encontramos, como decía, ante un fuerte incremento de los gastos corrientes que agudizan nuestro déficit estructural y dificultan el retorno a la ortodoxia fiscal que será necesario en un plazo más breve que largo. Lo señalan el Banco de España, la AIReF, y la propia Comisión Europea en su último dictamen.
Además, el procedimiento de aprobación no arregló nada. Por el acortamiento de los plazos; por la elección de compañías; por la “compra” de votos esto no ha sido posible. Se ha llegado al extremo de que el contenido de las propuestas no importó, lo que importaba era quien las firmaba.
Se ha perdido una oportunidad única para, con un fuerte impulso fiscal de carácter coyuntural como pedía el Partido Popular, acompañar a nuestras empresas a pasar por la travesía de la crisis y salir fortalecidas cuando la pandemia pase. Se ha perdido la oportunidad de ampliar nuestra base fiscal a medio plazo para poder obtener la recaudación necesaria que garantice de forma sostenible nuestro Estado del bienestar. Y se ha fiado nuestro futuro al éxito en la aplicación de unos fondos europeos que se presupuestan pero que no tienen garantías de llegar a buen término. Máxime con las noticias de gestión y gobernanza que vamos conociendo en los últimos días, con el secuestro del presidente que no atiende a nuestras peticiones de independencia y profesionalidad en la gestión de los fondos tal como están haciendo los países de nuestro entorno.
Lo que no hagamos nosotros no van a venir a hacérnoslo, salvo que sea para poner orden en nuestras cuentas públicas, y eso ya sabemos qué consecuencias trae. Es realmente una oportunidad perdida.
Elvira Rodríguez Herrer es vicesecretaria sectorial del PP y exsecretaria de Estado de Presupuestos y Gastos.