¿Una oportunidad perdida con los minerales?

Muchos de los productos que empleamos en la vida cotidiana, tales como teléfonos móviles, ordenadores, joyería, baterías de coche o bombillas requieren minerales para su fabricación. Minerales cuya extracción y comercialización está, en demasiadas ocasiones, vinculada a la financiación de conflictos armados, la violación de derechos humanos, el crimen organizado y la destrucción medioambiental. Algunas de las regiones más inestables del planeta, como el Este de la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, la frontera entre Colombia y Venezuela y muchas otras, son sumamente ricas en materias primas y, especialmente, en algunos de los minerales más demandados por las diferentes industrias.

La Unión Europea (UE) no puede soslayar este problema porque constituye uno de los principales bloques comerciales a nivel internacional. Los niveles de consumo de sus 500 millones de habitantes atraen a cerca del 16% de las importaciones mundiales de cuatro minerales estratégicos para las industrias electrónicas (el tantalio, el wolframio, el estaño y el oro). Por no hablar de las importaciones indirectas de estos minerales a través de la demanda de productos acabados. Téngase en cuenta que la UE es el segundo mayor importador de móviles y ordenadores portátiles del mundo, y que tres de los cinco principales importadores mundiales de estos dispositivos son Estados miembros.

El lado oscuro de este comercio está bien documentado y es conocido por los organismos internacionales. Cuando Naciones Unidas elaboró los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos, subrayó sin ambages la responsabilidad de las empresas a la hora de asegurar que sus actividades comerciales no financian, directa o indirectamente, conflictos o violaciones de derechos humanos, independientemente del lugar geográfico donde operen. Y de manera más específica, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aprobó poco después, con el respaldo de sus 39 países miembros más otros 19 países que se sumaron a la iniciativa, la Guía de la Diligencia Debida para el comercio de minerales, en la que se proponen una serie de pasos que pueden dar aquellas compañías interesadas en garantizar un suministro responsable de minerales procedentes de zonas en conflicto o en alto riesgo de conflicto.

El problema es que dichos marcos de referencia son normativas de cumplimiento voluntario. Es decir, su aplicación depende de la libre decisión de la empresa. Y lo que han constatado diversas  investigaciones desde entonces, es que las empresas raramente incorporan las recomendaciones de la OCDE por voluntad propia. Por el contrario, éstas sólo son efectivas cuando se traducen en leyes de cumplimiento obligatorio, como sucede en EEUU. Allí, la Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank que se aprobó en 2010, incorpora una Sección (la 1502) que obliga a las compañías que emplean tantalio, wolframio, estaño u oro en la fabricación de sus productos a informar al público sobre la procedencia de estos minerales y los esfuerzos realizados para controlar los riesgos asociados a la violación de derechos humanos en su cadena de suministros.

Siguiendo sus pasos, en 2014 la Comisión Europea se comprometió a aprobar una legislación similar en esta materia. Sin embargo, la deriva que han seguido las negociaciones desde entonces corre el riesgo de conducirnos hacia una vía muerta, debido a las discrepancias existentes entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. El 20 de mayo de 2015, la primera de estas instancias, aprobó por votación una serie de enmiendas a favor de la obligatoriedad de la ley para todas las empresas europeas involucradas en la cadena de suministro de estos minerales. El pasado 17 de diciembre, sin embargo, los Estados miembros decidieron rebajar los estándares de responsabilidad definidos por la OCDE y limitar la aplicación de la futura ley a unas pocas empresas.

Queda poco tiempo para lograr un acuerdo en esta materia y no podemos seguir esperando. Por eso, desde amplios sectores de la sociedad civil europea y desde la coalición de 80 oenegés nacionales e internacionales que estamos haciendo seguimiento de esta legislación, pedimos a los Estados miembros, incluido el nuestro, que acerquen sus posicionamientos a los de la Eurocámara. Sólo si logramos una legislación obligatoria que abarque a un número significativo de empresas, podremos generar cambios reales en el sector.

Guillermo Otano es responsable de incidencia política de la Campaña Tecnología Libre de Conflicto, de la Fundación ALBOAN, y Marta Mendiola es la responsable del Trabajo sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Amnistía Internacional.

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