Una política económica para el empleo

La economía española se enfrenta hoy, según todos los pronósticos, a muchos años de bajo crecimiento y de altas tasas de desempleo. El que esos sombríos augurios no se cumplan va a depender de la política económica que nuestro Gobierno -el de hoy o el de mañana- sea capaz de diseñar y llevar a término. Por eso, como muchas veces he reiterado, el objetivo primordial de cualquier programa sensato de política económica no puede ser otro que alcanzar un crecimiento de nuestro PIB capaz de generar el empleo que se necesita para absorber las enormes cifras de paro que nos abruman y cuyos devastadores efectos no pueden compensarse ni con subsidios sociales ni con ayudas de cualquier otro tipo. Sólo con una alta ocupación se lograría aumentar decisivamente el bienestar material de los parados, pues no existe mejor sistema de protección social para ellos que un nivel elevado y estable de empleo.

Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que resultaría muy difícil alcanzar un crecimiento del PIB suficiente para absorber en siete u ocho años -no antes, lamentablemente- los cinco millones de parados que tenemos. Necesitaríamos crecer por encima del 3% anual en términos reales durante casi una década para lograrlo. Un 3,8% fue lo que creció anualmente nuestro PIB entre 1996 y 2006 para crear unos 658.000 nuevos empleos cada año. Ayudado, además, por una expansión irrepetible de la construcción y de los servicios; por un aumento explosivo de la inmigración, que nos proporcionó mano de obra abundante y barata; por un esfuerzo inversor extraordinario y por un contexto internacional muy favorable que financió a tipos irrisorios los grandes déficits exteriores en que incurrimos.

Por eso quizá ahora un crecimiento algo superior al 3% genere anualmente sólo unos 500.000 empleos al año, que es lo más que puede esperarse con mucho optimismo. Teniendo en cuenta el crecimiento de la población, necesitaríamos unos ocho años para dejar el paro residual en torno a un 7% de la población activa, nivel que no se ha alcanzado nunca en este país, al menos desde que existen estadísticas fiables de empleo.

En el contexto actual, un crecimiento de la producción por encima del 3% durante casi una década resulta una meta extraordinariamente ambiciosa, prácticamente casi inalcanzable salvo milagros que pocas veces se dan en economía. Para lograr ese objetivo se necesitaría de medidas excepcionales que introdujesen un auténtico y profundo cambio en la economía española. La tarea sería ingente y exigiría de grandes esfuerzos y sacrificios. Para cumplirla se necesitarían aumentos importantes en la cantidad y calidad de la fuerza de trabajo, pero también de una mayor y más eficiente dotación de capital y de nuevas tecnologías que permitieran una producción más innovadora capaz de conquistar mercados internacionales donde la competencia es durísima. Por eso hay que reiterar la enorme dificultad de ese objetivo, pero también la gravísima responsabilidad en que incurrirían nuestros gobernantes si al menos no lo intentasen con todas sus fuerzas. Nos estamos jugando el porvenir económico de nuestro país para muchos años y el bienestar diario de un elevado número de sus ciudadanos.

En el contexto de ese profundo y urgente cambio, la primera y más importante de las tareas que debería emprenderse es la de ajustar el déficit público a los límites ya acordados con la Unión Europea. Sin ese ajuste experimentaríamos muy pronto un cierre de los mercados internacionales de financiación al estilo de los que se han llevado por delante a Grecia, Irlanda y Portugal, pero con la dificultad añadida de que en nuestro caso, dado el volumen de la economía española, no habría fondos para un programa suficiente de rescate ni en el Banco Central Europeo ni en los otros países de la Unión, a los que probablemente acabaríamos arrastrando al desastre.

Por eso hay que comenzar por reducir drástica y rápidamente el déficit público. Sin esa reducción estaríamos en continuo peligro de hundimiento. Pero el ajuste no debería instrumentarse mediante fáciles alzas en las tarifas impositivas sino mediante la rápida disminución del peso de los gastos públicos en el PIB, tarea que debería preservar constante en términos reales el volumen de los servicios públicos esenciales a disposición de cada ciudadano para no desamparar a los más desfavorecidos. Los restantes gastos públicos deberían congelarse por unos años e, incluso, reducirse considerablemente, mediante el oportuno redimensionamiento de las Administraciones Públicas territoriales y la supresión de servicios redundantes o poco utilizados, lo que quizá resultase muy difícil de lograr sin un amplio acuerdo con tales Administraciones. Partiendo de que el gasto público se sitúa ahora entre el 44 y el 45% del PIB, esa política debería llevarle al entorno de un 38% del PIB y resolver así el problema del déficit, pues ese volumen de gasto sería financiable fácilmente por el sistema tributario actual.

Se trata de un objetivo muy ambicioso pero no imposible, porque en 1995 nuestro gasto público era del 44% del PIB y ocho años después, en 2003, se situó ya, sin grandes ni heroicos esfuerzos, en el entorno del 38%. Reducir la dimensión relativa del sector público constituiría, además, una muy importante contribución a la mayor eficiencia de nuestra economía y a su más rápido crecimiento.

El ajuste del déficit por la vía del gasto público no debería olvidar tampoco que son todavía muy numerosas y graves las ineficiencias y perturbaciones que los impuestos introducen en el funcionamiento de la economía española, por lo que su corrección obligaría a una importante reforma fiscal. Esa reforma debería tener en cuenta que un crecimiento fuerte y sostenido de la producción exige que el consumo privado mantenga un peso elevado en la demanda global, para lo que quizá resulte necesario mejorar la renta disponible mediante recortes en las tarifas y mínimos del IRPF. Sin embargo, la necesidad de reducir con rapidez el excepcional volumen de déficit público actual, pesada herencia de las desastrosas políticas de gasto público de estos últimos años, obligaría a posponer algún tiempo la reducción de la imposición personal.

Pero no debería posponerse la reforma a fondo de los tributos empresariales, que debería constituir pieza esencial de la nueva política fiscal desde su inicio, porque alcanzar una alta tasa de crecimiento exige aumentar nuestras inversiones productivas y las exportaciones y eso conduce a impulsar la actividad empresarial propia y, al mismo tiempo, atraer empresas extranjeras a nuestro territorio. Para lograrlo deberíamos contar desde el principio con un sistema fiscal muy ventajoso para las empresas.

La política económica debería, además, resolver con urgencia la crisis financiera poniendo a su valor de mercado todos los activos dudosos que aún se encuentran en los balances bancarios, con apoyo público a las entidades viables y cerrando de inmediato las que no ofrezcan perspectivas de supervivencia. Un déficit público en los límites de Maastricht -3% del PIB- liberaría para la financiación privada los cuantiosos recursos bancarios que hoy absorbe nuestra deuda pública, lo que impulsaría el crédito y la producción de forma notable. La menor prima de riesgo que implicaría la reducción del déficit público coadyuvaría también a una financiación mucho más barata y abundante de los bancos y de las empresas españolas en los mercados internacionales.

Las últimas, pero no las menos importantes de esas tareas, que por razón de espacio resulta imposible desmenuzar aquí, deberían ser la de profundizar la corta reforma laboral que acaba de ponerse en marcha, la de proporcionar un enfoque más racional a nuestra política energética y la de liberalizar e integrar todos nuestros mercados mediante las oportunas reformas de fondo que evitasen particularismos territoriales y garantizasen su unidad.

Con vistas a un plazo algo más largo, debería ponerse en marcha una profunda reforma de la educación en todos sus niveles. Una agenda fácil de enunciar y que muchos economistas tenemos a estas alturas bien pensada y descrita en otros lugares, pero que resulta misión imposible para un Gobierno noqueado recientemente por las urnas y cuyo único objetivo no parece ser otro que el de una agónica supervivencia hasta el próximo mes de marzo.

Manuel Lagares, catedrático de Hacienda Pública y miembro del consejo editorial de El Mundo.

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