Una política lingüística que tiene miedo a la libertad

Por José Domingo, vicepresidente de la Asociación por la Tolerancia (EL MUNDO, 09/01/06):

Durante el año 2000, el independentismo catalán puso en marcha el III Congreso de Cultura Catalana. A diferencia del II Congreso -celebrado en plena Transición, entre los años 1975 y 1977- que fue apoyado por las fuerzas democráticas y con una acogida realmente popular, aquél pasó desapercibido por la falta de implicación de CDC y del PSC y de la sociedad catalana en general. Con el II Congreso se pusieron las bases para la recuperación de la lengua y cultura catalana después de la larga noche del franquismo; en cambio, el tercero tuvo como finalidad planificar las estrategias para la consecución de un marco soberano para los Países Catalanes en el siglo XXI.

Los títulos de los temas de debate (Soberanía Nacional y Defensa de la Lengua, Simbología nacional de los Países Catalanes o Sustitución lingüística y autoodio, entre otros) retratan adecuadamente la filosofía que inspiró el Congreso. Sus resoluciones también resultan clarificadoras, en la ponencia dedicada a la defensa de la lengua se fijaron como principales objetivos: «Conseguir que la lengua catalana fuese reconocida como la lengua propia y única oficial de Cataluña y de todos los Países Catalanes» y «Recuperar la lengua en todos los ámbitos de uso, situaciones y funciones, estableciendo la obligatoriedad del conocimiento y del uso de la lengua, con las sanciones que sean necesarias». Para lograrlo, se invitó a la colectividad a trabajar en múltiples campos, entre los que resaltamos por razones de actualidad los dos siguientes: «El control lingüístico y de contenidos de la TV y las radios, para garantizar que estén al servicio de la lengua y cultura de nuestro país» y «hacer los cambios necesarios para garantizar que la escuela y la enseñanza en general sean una herramienta de transmisión de nuestra identidad y, por tanto, de nuestra cultura y nuestra lengua».

Se trae a colación aquel evento porque entre los artífices del III Congreso figuraron los principales muñidores de la política de ERC, Joan Puigcercós y Josep Lluís Carod Rovira, y los responsables de ese partido en el Gobierno catalán: Josep Bargalló -primer consejero, de quien directamente depende la política lingüística y de comunicación-, Marta Cid -consejera de Educación-, Enric Marín -secretario de Comunicación- y Josep Huguet -consejero de Cultura, Comercio y Turismo-.

Con esos antecedentes es comprensible que Josep Lluís Carod Rovira clame por una ofensiva definitiva a favor del catalán en un reciente libro colectivo y que Jordi Porta, el conspicuo presidente de Omnium Cultural, llame a rebato desde la portada de otro: «El català, ara o mai» («El catalán ahora o nunca»).Hay urgencia histórica en obtener el máximo rédito por su participación en el Gobierno catalán y por el sostenimiento del Gobierno socialista.De ahí que se pise el acelerador en el proceso de afirmación del catalán como única lengua nacional en el ámbito de los Países Catalanes y de descuartizamiento del castellano como lengua común de España. El proyecto independentista se forja con una cadena de tres eslabones: «Lengua-Nación-Estado».

Por lo tanto, para entender estos tiempos hay que tener en cuenta que el control y la gestión de la política lingüística en Cataluña está en manos de un partido político que quiere hacer del catalán la lengua nacional de Cataluña, única y oficial, y que, para ello, ni tiene ningún escrúpulo en controlar los medios de comunicación y la escuela, ni en obligar a conocer y a usar el catalán mediante la aplicación de sanciones. Con esos propósitos, es comprensible que las apelaciones a la realidad social -la mitad de la población tiene como lengua primera el castellano-, y a la libertad de expresión, de la que forma parte intrínseca la libertad de uso lingüístico o al régimen de cooficialidad lingüística del castellano y del catalán, sean sistemáticamente ignoradas.

En esa estrategia, el proyecto de Estatuto de Autonomía es una pieza primordial y por eso se incluye, por primera vez en un texto del bloque constitucional, el deber de conocer la lengua catalana. Precisamente, fue la ausencia de este deber lo que originó el rechazo de ERC a la Ley de Política Lingüística del año 1998. Ahora, lo que alguien ha definido como el Partido Uniformador Catalán (PUC) -tripartito más CiU- ha hecho suya esa propuesta.Con este apoyo, el Partido Socialista quiebra su postura tradicional en este tema: votó en contra de la inclusión de ese deber en la Constitución y presentó en 1983 un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Normalización del Gallego que contenía un artículo con la obligación de conocer el gallego y que, finalmente, fue declarado inconstitucional.

Con independencia de la posible inconstitucionalidad del precepto -esperemos que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse al respecto en caso de ser aprobado-, la inclusión de ese deber no es retórica, sino que tiene importantes consecuencias. Si hasta ahora los castellanohablantes en Cataluña han sido discriminados, es fácil imaginar lo que acontecerá con un salvoconducto que otorga patente de corso al nacionalismo para construir la nación idealizada.

La exigencia de este deber hace añicos el principio de igualdad de todos los españoles, al propiciar la distinción entre catalanes de primera y de segunda en función del conocimiento lingüístico y facilitar el levantamiento de una barrera que contribuirá a alejar a Cataluña del resto de España. No se trata de legítimas medidas de fomento de una lengua minoritaria, sino de la aprobación de una rigurosa regla que se da de bruces con el artículo 139.1 de la Constitución que declara que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado». De mantenerse la obligación, la condición política de catalán -la adquieren los españoles empadronados en Cataluña- incorporará una carga que no soportarán el resto de los españoles y muchas acciones políticas se verán afectadas. Si la inmigración pasa a ser competencia de la Generalidad, ningún inconveniente legal habrá para hacer depender los flujos migratorios del conocimiento lingüístico. Es más, en manos de políticos insensibles, el acceso a ayudas, subvenciones o prestaciones sociales pudiera quedar condicionado al cumplimiento del deber lingüístico. Igualmente, nada impedirá a la Ley electoral catalana prohibir el sufragio pasivo -la posibilidad de ser elegido- a quienes desconozcan ese idioma. Asimismo, la toma de posesión del personal al servicio de las Administraciones Públicas dependerá del cumplimiento del requisito lingüístico, y ello alcanzará a jueces, notarios, registradores, jardineros o albañiles… Flaco servicio se hace con ese precepto al artículo 139.2 de la Constitución que consagra la libertad de circulación y de establecimiento de las personas, cuando esta libertad queda restringida por la inclusión en el proyecto de Estatuto del denominado «principio de disponibilidad lingüística» (derecho a ser atendido en la lengua del usuario o consumidor), principio que, por cierto, fue expresamente rechazado en la Ley de Política Lingüística de 1998, y por la creación de un marco laboral propio en Cataluña, siendo previsible que en convenios colectivos se introduzcan cláusulas relacionadas con este deber.La inestabilidad en el puesto de trabajo de aquellos trabajadores que desconozcan el idioma catalán está servida, al hacer factible el despido por causas objetivas (ineptitud del trabajador o falta de adaptación al puesto de trabajo). No deja de ser lamentable que los sindicatos soliciten la adhesión de los trabajadores a un Estatuto que condena a muchos de ellos a la precariedad laboral.

Tienen prisa, son conscientes de que el terreno conquistado es espacio infranqueable. Una vez asegurado el monolingüismo en las instituciones y las Administraciones Públicas en Cataluña, un ejército de sociolingüistas, inspectores de consumo, dinamizadores y comisarios lingüísticos se apresta a cubrir los huecos resistentes; para ello no tienen límite: intromisión en la vida privada de los ciudadanos, sanciones a profesores por utilizar el castellano en las aulas, examen lingüístico y de contenidos de los medios de comunicación a través del Consejo Audiovisual de Cataluña, implantación de siniestras Oficinas de Garantías Lingüísticas en las que se garantiza el anonimato al delator; rigor exhaustivo con las empresas para asegurar que la lengua de uso externo e interno sea el catalán…

La libertad en Cataluña ha quedado mancillada. Todo, absolutamente todo, está controlado. Cataluña es una casa de cristal, en la que la Administración escudriña hasta el más mínimo detalle.Millones de euros se destinan a encuestas que tienen como fin mesurar el grado de conocimiento o de uso del catalán; se investigan desde los hospitales hasta las cárceles, pasando por las escuelas, en las que se vigila la lengua del patio, las comunicaciones de profesores y padres, y se interroga a los niños sobre el idioma en que imparten las clases sus maestros; etiquetas, supermercados, empresas de telefonía móvil, hoteles, relaciones de pareja, amigos, discotecas, cines, teatros… En fin, todo.

Ningún interés en conocer de primera mano lo básico, lo que debe marcar las relaciones de los ciudadanos con la Administración, esto es, el servicio público. Una montaña de impedimentos para decidir libremente la lengua de escolarización, o la de comunicación administrativa. El Gobierno catalán tiene miedo a las respuestas, tiene miedo a la libertad. Amparado en un colectivo imaginario, ahorma a su absurda ficción a toda la sociedad y olvida al individuo.¡Qué pena!