Para salir de la profunda crisis económica que está afectando a todos los países, aunque con distinta intensidad, lo más necesario y urgente es superar la crisis sanitaria, pero todavía no sabemos hoy si la pandemia nos tiene reservada otra ola de contagios y muertes en los próximos meses. Contamos con vacunas y remedios para superar la enfermedad, pero el virus está mostrando gran facilidad para mutar en nuevas y peligrosas variantes. Además, la capacidad de fabricación de vacunas –y las de su distribución y administración sin ideologías de por medio– ha resultado ser más reducida de lo previsto y hay que añadir, además, que la UE no ha acertado en su contratación. Como una buena parte de la población mundial no quedará protegida por la vacunación en este año, la pandemia seguirá en activo al menos durante 2022. Esos son los pronósticos más frecuentes de los servicios sanitarios.
Las consecuencias económicas de esas incertidumbres son graves. Las soluciones sanitarias pasan por la vacunación masiva, que depende de las dosis disponibles, y quizá por un nuevo confinamiento. Durante la ola inicial de la pandemia se recurrió a un confinamiento estricto, lo que tuvo buenos efectos sanitarios pero catastróficas repercusiones económicas. Por eso ahora se buscan soluciones menos radicales integrando vacunaciones masivas, cierres de establecimientos solo en ciertas franjas horarias, limitación del número de personas que pueden reunirse y, en algunos casos, prohibiciones para todos, no solo para los españoles, de desplazamientos entre zonas. No se conocen todavía sus posibles efectos, pero se trata de evitar otra catástrofe económica como la anterior.
Las consecuencias económicas de la pandemia se han manifestado en dos importantes fenómenos. El primero, el fuerte descenso del PIB durante 2020, que en España y en términos reales ha sido de un -11,0% respecto a 2019. Esta caída de la producción se confirma, además, por la caída del PIB real por habitante (-11,8%) y por el fuerte descenso del consumo real por habitante durante 2020 (-13,3%). Esos datos señalan que la producción se ha venido abajo de un año a otro a un ritmo desconocido hasta ahora, solo comparable a la tasa de caída conjunta del periodo 1935-1939.
El segundo gran fenómeno económico de la pandemia ha sido un fortísimo aumento del desempleo. El desempleo se elevó durante 2019 a algo más de dos millones setecientos mil parados, pero en 2020 ha ascendido a más de cuatro millones y medio, incluso teniendo en cuenta solo una parte de los parados cubiertos por los ERTES. Como consecuencia del desempleo, que en los primeros meses de 2021 ha superado los cinco millones de parados, la sociedad española está sufriendo un considerable aumento del número de pobres. Las «colas del hambre», terrible fenómeno actual parecido al de las «colas de la sopa boba» de los siglos XIII a XVIII a la puerta de los conventos, repetido luego en los años inmediatamente posteriores a la Guerra Civil (los «años del hambre» en el recuerdo popular), son una prueba muy cruel de la situación por la que atravesamos. Caída de la producción y aumento de la pobreza, básicamente a consecuencia del aumento del desempleo, han sido consecuencias bien visibles de la pandemia.
España ha padecido las más altas tasas de caída de la producción y de aumento del desempleo y pobreza de entre los países desarrollados, lo que complicará seriamente nuestra recuperación. Antes de la pandemia, y pese a los reiterados requerimientos de las instituciones internacionales y de muchos analistas nacionales, no se había saneado nuestro sector público ni reducido sus excesivos gastos ni dirigido esos gastos a cubrir las necesidades sociales más perentorias, incrementándose por el contrario muchas aplicaciones de recursos menos necesarias. Por eso, al llegar la pandemia no existían ya fondos para evitar el cierre de actividades y de empresas, al haberse utilizado antes para la satisfacción de viejas reivindicaciones o de trasnochados compromisos ideológicos. Un desastre en el que el Gobierno pretende no tener responsabilidad alguna.
Aunque suele decirse que los economistas predecimos mal el futuro y explicamos bien el pasado –lo que también hacen otras muchas y respetables profesiones– puede estimarse con bastante benevolencia y con el mero propósito de completar el panorama del sector público español a falta todavía de las cifras del último trimestre de 2020, que los ingresos públicos durante ese año quizá se hayan reducido en unos 30.000 millones de euros por la fuerte caída del PIB. Del mismo modo puede estimarse también que los gastos públicos quizá hayan aumentado en unos 45.000 millones de euros y que el déficit, atendiendo además al aumento ya conocido de la deuda pública durante 2020, es posible que se haya elevado hasta las proximidades de los 110.000 millones (10,1% del PIB), lo que contrastaría fuertemente con los 35.000 millones de euros de déficit en 2019 (2,9% del PIB). Hay que advertir de nuevo que las estimaciones anteriores no son más que meras aproximaciones y ya veremos en qué quedan cuando se conozcan los datos del cuarto trimestre. Aparte de ser coherentes entre sí, esas estimaciones parecen indicar que la caída de los ingresos públicos se ha debido básicamente a la reducción del PIB; que el aumento del déficit se ha debido bastante más al aumento de los gastos que a la reducción de los ingresos y que el aumento del número de pobres es consecuencia directa del aumento de los parados. Tres conclusiones que deberían tenerse bien presentes al diseñar las políticas adecuadas para salir de la crisis.
Todo apunta a que la primera tarea de esas políticas debería consistir en revertir rápidamente la fuerte caída del PIB. No resultará fácil, pero bastante se lograría revitalizando con urgencia muchos de los sectores y actividades que han sido especialmente afectados por la pandemia e impulsando una nueva estructura global de la producción, menos dependiente del turismo y de sus actividades complementarias. Los fondos europeos podrían aprovecharse para completar nuestras infraestructuras en redes –puertos, líneas férreas de mercancías, carreteras, sistemas de distribución de energía, telecomunicaciones…– así como para una considerable mejora de la educación y para la digitalización de empresas y de actividades, incluyendo las de puro consumo. Si además no se desincentiva con mayores impuestos a empresas y familias y los restantes gastos públicos se racionalizan suficientemente, no resultará tan difícil llevar de nuevo el PIB al menos hasta su punto de partida.
Todas esas tareas deberían ejecutarse con especial atención a la eficiencia, que es principio poco valorado en España pero el más importante para unas reformas de gastos e ingresos públicos que pretendan una rápida recuperación del PIB. En el caso de los gastos su eficiencia puede mejorarse revisando una por una todas sus partidas y reduciendo sin miedo los innecesarios por duplicidad, por falsas externalizaciones o por destinarse a organismos y empleos inútiles, que no son pocos. La eficiencia en materia de impuestos supone conseguir mayores recaudaciones sin elevar los tipos nominales de gravamen y, en algunos casos, incluso reduciéndolos. Esto choca frontalmente con la brillante idea de salir de la crisis subiendo tipos nominales en los impuestos, quizá para alegrar incentivos al trabajo, al ahorro y a la asunción de riesgos, o inventando impuestos desconocidos en el resto del mundo o claramente fracasados en otras latitudes. Algunas propuestas para elevar la eficiencia del sistema tributario llevan años archivadas en el Ministerio de Hacienda. No parece, sin embargo, que hoy pueda nadie atreverse a llevarlas a término desde la ideología de este Gobierno.
El segundo gran tema que hay que afrontar es el de la pobreza. Aparte de algunas medidas para paliar situaciones concretas, de la pobreza básicamente se sale aumentando el empleo, lo cual depende del crecimiento del PIB. Por eso la recuperación rápida de los niveles de producción previos a la crisis constituye la clave de la política económica que se necesita. Y para lograrlo no deberíamos hacernos trampas nosotros mismos, lo que significa proyectos de gastos sensatos y bien articulados para presentarlos ante Europa y controles suficientes en su ejecución, para evitar la corrupción que suele acompañar a las grandes masas de dinero gratuito. Dos tareas complementarias, pero esenciales desde cualquier punto de vista de su análisis.
Manuel Lagares es economista y Catedrático de Hacienda Pública.