La actual crisis económica mundial no solo ha llevado a que en muchos países los partidos gobernantes pierdan las elecciones: también está causando un terremoto en las juntas directivas de las empresas. En otros tiempos, cuando las cotizaciones bursátiles y los beneficios empresariales parecían desafiar la ley de la gravedad, las asambleas de accionistas se parecían a las convenciones políticas estadounidenses: más que foros donde discutir asuntos contenciosos, parecían espectáculos montados para promover la imagen de las empresas. Pero la ronda anual de asambleas generales de este año fue diferente. Los inversores, decepcionados por los bajos rendimientos, están mucho más belicosos que antes.
En Credit Suisse y en Barclays, por poner dos ejemplos, más de la cuarta parte de los accionistas rechazó el paquete de pagos propuesto por la dirección de la empresa. En Citigroup, la mayoría de los accionistas se opuso a la propuesta de remuneración para los directivos de la empresa: es la primera vez que le sucede a una compañía listada en el S&P 500.
El activismo accionista también puede anotarse otra victoria (al menos parcial) en Yahoo!, donde un accionista disidente obligó al director ejecutivo recién designado a renunciar por falsear sus antecedentes académicos.
Pero la hipérbole en la que incurren muchos comentaristas al hablar de una “primavera accionista”, queriendo hacer un símil con el derrocamiento de las dictaduras árabes, es inadecuada por varios motivos, entre los que no es menor el hecho de que mientras la Primavera Árabe realmente derribó regímenes, la revuelta de los accionistas, por ahora, no ha logrado ningún resultado significativo.
Para empezar, las votaciones sobre la remuneración de los directivos no son vinculantes. Claro que los comités de remuneraciones y las juntas directivas tienden a respetar los deseos de los accionistas, aún cuando no están legalmente obligados a hacerlo. Pero lo hacen más que nada por vergüenza y sentimientos de culpa, y muchas veces realizan cambios meramente cosméticos. Por ejemplo, un director independiente en Hospitality Properties Trust, Bruce Gans, tuvo que renunciar a su puesto tras obtener el apoyo de solamente el 43% de los accionistas para su designación. Pero enseguida, la compañía lo invitó a incorporarse otra vez a la junta… ¡para ocupar la vacante que él mismo había dejado!
Así que al describir la lucha de los accionistas para lograr que los miembros de las juntas directivas asuman responsabilidad por sus acciones, la analogía correcta no es con la Primavera Árabe, sino con las protestas de 1989 en la plaza Tiananmen de Pekín, cuando el gobierno chino envió tropas para reprimir a los manifestantes que pedían apertura democrática. En lo que parece un ejemplo calcado de aquel otro, la Business Roundtable (una asociación compuesta por directores ejecutivos de grandes corporaciones estadounidenses) ha desplegado brigadas de abogados para aplastar las aspiraciones de los accionistas.
Uno de los (pocos) resultados positivos de la ley Dodd-Frank aprobada en Estados Unidos para hacer frente a las causas de la crisis financiera de 2008, es (o debería haber sido) el requerimiento a la Comisión de Valores y Bolsa de los Estados Unidos (la SEC) para que anule las reglas actuales que impiden a los inversores institucionales designar representantes propios en las juntas directivas de las empresas. Pero en realidad, fue un requerimiento más bien tímido, porque se pusieron tantos requisitos en materia de cantidad de acciones poseídas y tiempo de su posesión que, en la práctica, la exclusión de los inversores institucionales sigue en pie.
Incluso así, esta innovación fue demasiado para la Business Roundtable, que entabló una demanda contra la SEC para detener su implementación. El abogado designado en representación de los peticionantes fue Eugene Scalia, hijo de Antonin Scalia (juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos), y el caso se decidió en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el circuito del Distrito de Columbia, con sentencia favorable a la Business Roundtable basada en un tecnicismo: que la SEC había omitido realizar por adelantado un análisis de costo-beneficio.
Esta pequeña victoria se convirtió en una enorme derrota para los accionistas cuando la SEC, en vez de hacer el análisis requerido y volver a proponer la regla, optó por darle largas al asunto. En un congreso que tuvo lugar el pasado diciembre, le pregunté a la presidenta de la SEC, Mary Schapiro, cuándo pensaban presentar la propuesta otra vez. Incluso me ofrecí a hacer gratis el análisis de costo‑beneficio. Pero ella me confesó que como la SEC tiene muchos otros temas en agenda, decidieron dejar la cuestión para más adelante: una forma elegante de decir que, igual que los heroicos estudiantes de la plaza Tiananmen, fue demasiada presión y tuvieron que ceder.
La violenta represión en la plaza Tiananmen retrasó al menos 20 años el avance de China hacia la democracia. Esperemos que el caso Business Roundtable et al. v. SEC no implique lo mismo para la democracia accionista. Esto no es ninguna primavera de los accionistas: es el invierno de su descontento.
Luigi Zingales is the Robert C. McCormack Professor of Entrepreneurship and Finance at the University of Chicago’s Booth School of Business, and serves on the Committee on Capital Markets Regulation. Traducción: Esteban Flamini.