Una primera consulta

Por I. Agirreazkuenaga, J. M. Castells, B. Bakaikoa y J. G. Olaskoaga (EL CORREO DIGITAL, 29/11/07):

Reiteradamente, en múltiples foros se repite la idea de que la consulta popular que el lehendakari eventualmente pretende convocar sobre el derecho a decidir de los vascos es ilegal e inconstitucional. Tal argumento exclusivamente formal utilizado hasta la saciedad se presenta como única y débil razón para negar la viabilidad de la consulta, por quienes entienden que tal derecho de decisión se encuentra diluido forzosamente en la única soberanía existente en España, que se residencia en el conjunto de la voluntad popular de todos los españoles inescindiblemente unidos en su patria común e indivisible.

Incluso los máximos responsables del Gobierno socialista se han manifestado en tal sentido, y algunos miembros significados del partido como Alfonso Guerra, en la actualidad presidente de la Comisión Constitucional del Congreso -que en el caso del nuevo Estatuto catalán se vanagloriaba del ‘cepillado’ llevado a cabo por las Cortes Generales al texto remitido por el Parlamento de Cataluña- se ha pronunciado a favor de suspender la autonomía del País Vasco, si se celebra la consulta popular, y otros, como el ex candidato a secretario general del PSOE y ex ministro de Defensa, José Bono, se ha pronunciado claramente a favor de enviar, si es preciso, al Ejército o a la Policía para impedir por la fuerza la celebración de tal consulta popular.

Por supuesto, no es necesario destacar que de cara a las próximas elecciones generales de marzo de 2008 el Partido Popular tiene como siempre el arma electoral del País Vasco, confundiendo a Ibarretxe con ETA (que asume Ramón Jáuregui al indicar que la propuesta del lehendakari «en cierto modo es una legitimación política a quienes matan por esa causa»), en una amalgama que surte más efecto que el que desde el País Vasco se puede imaginar, y desde tal lógica el Partido Socialista se obliga a reforzar su discurso sobre la unidad territorial de España, cuya ruptura peligra como consecuencia de una eventual consulta popular en el País Vasco. En tal contexto, las próximas elecciones se presentan tanto para el Partido Socialista como para el Partido Popular como una competición sobre quién es más español o defiende mejor a España, o es más efectivo o más estridente a efectos electorales, para ensalzar y provocar la fibra sensible del glorioso nacionalismo español, en defensa de la unidad de la patria indivisible de todos los españoles.

Ante tal coyuntura, ¿por qué las próximas elecciones generales no se pueden transformar en la Comunidad Autónoma del País Vasco en una primera aproximación a una consulta popular en la que se acumulen en una única candidatura todas las fuerzas políticas que en el País Vasco defiendan el derecho a decidir, y además se manifiestan claramente contra ETA, y proclaman sin ninguna duda que en política cualquier objetivo es posible materializarlo pacíficamente y con base exclusivamente en la voluntad popular estando ya adentrados en pleno Siglo XXI?

A este propósito, recuérdese que algunos (PP-PSOE, aunque no obviamente todos sus militantes, ni votantes) sacralizan el ámbito y las fronteras dentro de las cuales esta voluntad tiene derecho a expresarse, pero nada impide que quienes compartan la idea contraria puedan transformar las próximas elecciones generales en una especie de consulta sobre el derecho de decidir, acumulando todas sus fuerzas en una única candidatura, tanto para proclamar su no rotundo a ETA y sus métodos mafiosos, violentos y terroristas, como su sí rotundo a decidir el futuro del País Vasco en el País Vasco, mostrando el músculo electoral mayoritario de este país, y manifestando que la única vía para alcanzar objetivos políticos en pleno Siglo XXI es el pacífico de la voluntad popular, que no precisa de ejércitos ni fuerzas armadas para consagrar la intangibilidad, ni la unidad de patria alguna, en oposición a la trasnochada redacción del vigente artículo 8 de la Constitución española.

Recuérdese que todavía el perfil de los grandes Estados actuales y el trazado de sus fronteras es producto del azar y de la violencia, así como del semen de los reyes y la sangre de los súbditos. Ir desacralizando mitos fundacionales y proponer una consulta popular como forma de definir este ámbito en el Siglo XXI, siempre que ello se haga con fundamento en el voto popular mayoritario, ¿quién y por qué no puede considerarlo como un avance democrático? ¿Negándolo puede hacerse mayor ofensa a las palabras constitución, democracia o libertad? ¿O es que tales términos sólo son sagrados cuando han sido consagrados a sangre y fuego por una historia no apta para menores o, en su caso, cuando han quedado petrificados en 1978 tras la salida de la dictadura franquista con continuo ruido de sables? Los vascos que aspiramos a una cordial relación libre y pactada con España en el Siglo XXI sólo pretendemos escribir una historia apta para todos los públicos. Una historia cuyo enemigo sean los terroristas y quienes pretendan utilizar la fuerza bruta o el ejército para impedir la democrática voluntad popular manifestada en las urnas.

Para ello, una primera oportunidad se presenta con las próximas elecciones generales. El lehendakari Ibarretxe y las fuerzas políticas que le apoyan sólo podrán materializar sus proyectos de consultar a la ciudadanía libremente -para finalizar con ETA y decidir pacíficamente el futuro- si demuestran que tienen fuerza electoral suficiente y claramente mayoritaria para quebrar la voluntad también claramente manifestada por los dirigentes del PSOE y el PP de no permitir una consulta popular en el País Vasco, del mismo modo que ETA y quienes la apoyan, o no rechazan, se encuentran encerrados en su desesperada y suicida lógica militar, que les encamina hacia su desaparición, si se les demuestra el rechazo social y la inutilidad de su locura terrorista.

¿Qué sucedió en las anteriores elecciones legislativas de 2004? Recuérdese que los partidos que apoyan los proyectos anunciados por el lehendakari Ibarretxe obtuvieron una victoria holgada en número de votos (637.810), sin embargo lograron sólo 8 diputados (7 PNV y 1 EA). Por su parte, PP (232.577) y PSOE (336.958) consiguieron con un total de setenta mil votos menos cuatro diputados más, hasta lograr en la comunidad autónoma un total de 11 diputados (PSOE 7 y PP 4, idéntico número total que en las elecciones generales de 2000, pero invirtiendo el reparto (PSOE 4 y PP 7).

El objetivo de materializar una Euskadi Bai-Eta Ez electoral (similar en idea a Nafarroa Bai), pero incluyendo por supuesto también a Ezker Batua, y a cualquier otra fuerza política que claramente rechace a ETA y defienda el derecho a decidir en el marco territorial del País Vasco, puede plantear como objetivo plausible el de obtener como mínimo 11 diputados (cinco en Bizkaia, cuatro en Gipuzkoa y dos en Araba), además de 9 senadores (frente a los seis actuales, todos del PNV), en cuyo reparto de escaños parece lógico que a cada partido se le respeten los obtenidos en la legislatura precedente, y se integren las listas con miembros de todos los partidos participantes en la coalición e independientes.

Con seguridad, si el balance del proyecto que se propone se concreta y tiene éxito, que nadie dude de que las proclamadas imposibilidades legales y constitucionales de celebrar consultas populares en el País Vasco se diluirán más fácilmente, y se podrá asistir a un escenario en el que se manifieste a ETA el rechazo social de los vascos mediante consulta popular, y asimismo se materializará el derecho a decidir el futuro en la Comunidad Autónoma del País Vasco mediante consulta popular, como instrumento que facilite y permita también la convivencia y el acuerdo entre distintos, una vez conocida más certeramente la foto real de las aspiraciones de los vascos en el actual Siglo XXI.