Una privatización mal diseñada

Nada más acabar la segunda guerra mundial, el sistema eléctrico francés fue nacionalizado y su gestión puesta en manos de un nuevo ente, Electricité de France (EDF). Pronto se convirtió en una de las joyas del Estado por su eficiencia, su competencia tecnológica y sus resultados económicos. Era el ejemplo que esgrimían quienes mantenían que, en este campo, un monopolio público podía ser una solución superior a la que reposaba sobre una ilusoria competencia y la iniciativa privada. Para remachar el argumento se aducía que las tarifas eléctricas eran entre el 20% y el 30% inferiores a la media europea y se echaba mano del ‘caso Enron’ como ejemplo de los desastres de un modelo liberal. Quienes moraban en comarcas ibéricas cercanas a los Pirineos suspiraban por una autorización para echar unos cables que les permitieran ser suministrados por EDF.

Las críticas que recibía EDF provenían de los ecologistas, que le reprochaban su dependencia nuclear, lo que le había llevado a poblar de reactores todo el Hexágono, donde hoy vierten más de las tres cuartas partes de la electricidad circulando por las redes. Y apenas si se hacía mención de las excelentes condiciones, no solo económicas, de que gozaba la cuantiosa plantilla del monopolio.

Pero los vientos soplaban en otra dirección. Desde Bruselas se instaba a las autoridades francesas a que liberalizaran el sector eléctrico y confiaran en la competencia entre gestores privados, tal como hacían otros países europeos. Con escaso convencimiento y a regañadientes, en el 2005 la entidad se transformó en una sociedad anónima y en una oferta pública de venta colocó en el mercado de capitales algo más del 15% de sus acciones a un precio de 32 euros por título. Quienes con mayor fruición acudieron a esta llamada fueron los empleados, que en conjunto se hicieron con un paquete en torno al 5% del total.

Once años después, en la Bolsa de París la cotización de EDF oscila en torno a los 10 u 11 euros, o sea a un tercio de su precio de salida. La Asociación de Empleados ha puesto el grito en el cielo y reclama que se les recompren las acciones, no a su cotización actual sino al que desembolsaron cuando su adquisición, y amenazan con toda una serie de medidas. Hay que tener en cuenta que en el consejo de administración de 18 miembros, seis son representantes de los empleados. Los seis, y los sindicatos en que se encuadran, ya están en pie de guerra por los masivos despidos que se anuncian. Algunos expertos consideran que esta caída bursátil, anunciada por la de los beneficios, se debe a la del precio del petróleo y a los efectos de la liberalización del mercado francés, que ha permitido la aparición de varios competidores aunque la cuota de mercado de EDF sigue siendo impresionante. EDF ha anunciado una subida anual del 2,5% de sus tarifas y el Estado francés ha adquirido el compromiso de reducir el parque de centrales nucleares y modernizar las que han de seguir en funcionamiento. Todo un sudoku de difícil solución para los responsables de la empresa.

La opinión mayoritaria cree que el gran problema nace del proceso de internacionalización emprendido hace años por la compañía, con los compromisos consiguientes de inversiones astronómicas. Proceso en cuyo trasfondo priman razones políticas sobre las económicas. El proyecto que ha hecho sonar las alarmas es la construcción prevista de dos potentes reactores nucleares en Inglaterra, concretamente en Hinkley Point, con un presupuesto de más de 23.000 millones de euros, de los que EDF habría de aportar las dos terceras partes. El presidente de la República y su ministro Macron ya han hecho saber que apoyan esta inversión, que ha de consolidar las relaciones con el Reino Unido y demostrar internacionalmente la pericia de la tecnología gala. Ello ha provocado la dimisión del director financiero de la compañía, que cree que pondría en peligro el equilibrio de una empresa que ya no pasa por sus mejores momentos.

La moraleja es que los modelos mixtos público-privado son muy difíciles de gobernar si el Estado mantiene una mayoría tan amplia como el 84%. Mientras EDF fue un apéndice del Gobierno funcionó como instrumento político y de servicio a los usuarios sin aparentes conflictos. Ahora, aun siendo la aportación financiera de la iniciativa privada ínfima, el socio mayoritario ve coartada su libertad de actuación y ya todo se enturbia. Si hay que privatizar, mejor que no sea un mero simulacro como se hizo en Francia. Claro que el ejemplo opuesto, que es el que priva en España, no parece un dechado de virtudes a juzgar por la magnitud de las facturas que pagamos los usuarios y la espada de Damocles que sobre nuestras cabezas pende en forma de inmensa deuda a abonar por unos enigmáticos costes de transición energética.

Antoni Serra Ramoneda, economista.

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