Los crecientes y descontrolados niveles de violencia vinculados al asunto de las drogas en ciudades grandes y pequeñas de México, el Caribe insular y Centroamérica; el persistente auge del narcotráfico en el mundo andino, tanto en centros metropolitanos como áreas rurales; y el avance de la criminalidad en varios ámbitos urbanos en el Cono Sur son fenómenos que se han instalado en la región. La emergencia de una potencia zonal - Brasil-con ambición de proyección global; el relativo buen comportamiento de varias economías en la región en medio de la turbulenta crisis financiera del 2008-2009; la recurrencia de procesos electorales en la inmensa mayoría de las naciones del área; el gradual mejoramiento de ciertos indicadores sociales en algunos países; la rápida disponibilidad de asistencia de todas las administraciones latinoamericanas y caribeñas a la reciente tragedia vivida por Haití; y la vitalidad de sociedades civiles muy movilizadas son factores positivos que contrastan con aquella tendencia negativa que, de hecho, mancomuna a toda América.
Ese hilo conductor violento, que no hace diferencia respecto al tipo de ideología imperante en los distintos países, ha conducido, nuevamente, a que reemergiera la cuestión de los "estados fallidos" o las "áreas sin gobierno". Los casos de México, El Salvador, Jamaica, Colombia y Paraguay, por ejemplo, comparten un denominador común: el lucrativo negocio de los narcóticos y de la delincuencia organizada que se sirve de él ha generado niveles alarmantes de violencia e inestabilidad. Ya no se trata de una clase emergente que se apoya exclusivamente en la violencia, sino de una clase criminal con capacidad de consolidación en diversos ámbitos geográficos que recurre, simultáneamente, a prácticas coercitivas y persuasivas.
En ese contexto, la reaparición de la cuestión de los "estados fallidos" o las "áreas sin gobierno" no es sorprendente. Ambas nociones - que algunas veces se superponen-surgieron hace ya unos años en la academia y entre los tomadores de decisión en Estados Unidos. En esencia, existen tres brechas entre un Estado aparente y otro empírico: una brecha de legitimidad, otra de capacidad y una última de soberanía. Los "estados fallidos" carecen de legitimidad, no disponen de los atributos y estrategias para enfrentar las dificultades que afrontan y tienen menos control territorial del que poseen los estados plenamente constituidos. Así, entonces, lo que provoca un "Estado fallido" es una combinación de incapacidad de gobernar y ausencia de voluntad política.
Esa presunta carencia de capacidad y de voluntad motivó que se argumentara que la solución al desfallecimiento estatal debía provenir de fuera. Básicamente, un "Estado fallido" no es necesariamente un Estado hostil y pendenciero, sino un Estado inepto e indolente, lo cual lo hace ingobernable. La perturbación que produce ese tipo de Estado es fuente de problemas; en particular, cuando en algunos casos se presentan, a su vez, actores terroristas. Por tanto, ese Estado subordinado y tumultuoso debía (y debe) ser estabilizado para que sus efectos no produjeran males mayores.
El billonario Plan Colombia para ese país de los Andes que se viene desplegando desde el 2000; la Iniciativa Andina que le siguió; el acuerdo del 2009 para el uso de siete bases colombianas por parte de Estados Unidos; el Plan Mérida para México y Centroamérica, que se acompañó de la inquietante militarización de la frontera mexicano-estadounidense; la Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe, reforzada últimamente con 124 millones de dólares; el más reciente compromiso para desembarcar unos 7.000 marines en Costa Rica y enviar a ese país 46 buques de guerra como parte de labores antidroga; el incremento en el 2009 de la asistencia en materia de seguridad otorgada a Paraguay, el rápido despliegue de unos 20.000 soldados después del terremoto en Haití a comienzos del 2010, son algunas de las medidas que ha emprendido Washington para evitar desfallecimientos estatales y la multiplicación de espacios desgobernados.
Sin embargo, el impacto de esa ayuda, cada vez más bélica, ha sido pobre. La "guerra contra las drogas" se ha tornado rutinaria y estéril, al tiempo que su ampliación geopolítica y su "normalización" discursiva sólo encubre un fracaso enormemente costoso.
En el código anglosajón, no existe ni quick fix ni magic bullet en la superación del fenómeno de las drogas. Más aún: hay que tener en cuenta que Estados Unidos no es, naturalmente, un proveedor de orden; puede, incluso, ser un generador de más desorden.
América Latina es testigo de una proliferación peligrosa: el encumbramiento de una pax mafiosa a lo largo y ancho de la región; es decir, la afirmación de una nueva clase social criminal con capacidad hegemónica ante la desorientación de las élites dirigentes, la parálisis de la sociedad civil, el debilitamiento del Estado, la torpeza de Estados Unidos y las inconsistencias de la comunidad internacional. Esta pax mafiosa, que se expresa más a escala local, municipal, provincial y departamental que en el plano nacional, confirma la existencia de una sofisticada criminalidad organizada que opera con más influencia y recursos que muchos estados de América Latina. Desactivar esta tendencia proliferante exige, en primer lugar, repensar seriamente el sentido y el alcance de la "guerra contra las drogas", así como la equívoca estigmatización que acompaña el uso del calificativo de "Estado fallido" para definir la situación de varios países de la región.
Juan Gabriel Tokatlian, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires.