Una propuesta injusta e inútil

El Gobierno decretará la reforma laboral sin el deseable acuerdo a tres bandas. Una medida inútil para crear empleo, dado que esto no depende de la reforma. El documento presentado facilita el despido como fórmula de ajuste de las empresas, al ampliar las causas y abaratarlo, sin penalizar el uso de la temporalidad. Si se quiere que las empresas utilicen la gestión flexible del trabajo en momentos de crisis, esto no se logrará incentivando el despido. La entrada de agencias de ocupación privadas con afán de lucro, sin mejorar los servicios públicos de empleo, puede crear barreras de entrada al mercado de trabajo sin controles públicos por la igualdad y la no discriminación. Si realmente se desea cambiar el modelo productivo, la propuesta de decreto no es útil y, además, es injusta puesto que abre la vía a la pérdida de garantías de los trabajadores.

Antes de que empezara la crisis, voces interesadas reclamaban cambiar el Estatuto de los Trabajadores, suprimiendo garantías y tutelas, y reforzando el poder de decisión unilateral del empresario en la extinción del contrato y la movilidad funcional. Y ahora, aprovechándose de la crisis y el paro, levantan el tono y el listón de las demandas. Pero la reforma laboral no reactiva la economía ni crea empleo. Puede servir cuando la actividad se recupere si refuerza un modelo de empresas de mayor valor añadido, donde el factor trabajo estable sea la base de la innovación, competitividad, adaptabilidad y productividad.

Las prioridades y demandas sindicales son otras. La reforma financiera, para garantizar la solvencia de las entidades, regulando y gravando el capital especulativo y promoviendo el capital productivo. Y la reforma fiscal y la lucha contra el fraude, para lograr la suficiencia de ingresos públicos para invertir en mejora de infraestructuras educativas, de investigación, energéticas, de comunicación y otras, y para garantizar la protección y cohesión social. Pero la presión de las entidades financieras, nacionales e internacionales, y de los sectores políticos y mediáticos representativos de los poderes económicos, impulsan las viejas recetas del neoliberalismo económico, basadas en un mercado sin reglas ni controles, pese a que a finales del 2007 todo el mundo le imputaba el origen de la actual crisis económica global. Esta es la vía elegida por el Gobierno: reformar las cajas, el mercado de trabajo, el sistema de pensiones y forzar el ajuste presupuestario orientado hacia un futuro con menos derechos y garantías, con desregulaciones, privatizaciones y pérdida de cohesión social.

En la negociación de la reforma laboral se han confrontado dos lógicas. De un lado, la de la CEOE, referida a los costes laborales, que reclama bajar cotizaciones y facilitar el despido, reforzar los poderes empresariales, debilitar las tutelas y garantías de los trabajadores disminuyendo el papel de la negociación colectiva y la participación. Y, del otro, la lógica sindical, centrada en el cambio de modelo económico, para potenciar empresas más innovadoras y productivas, que necesitan estabilidad y seguridad donde asentar la cualificación y el reciclaje, la implicación y la motivación y, por lo tanto, reforzar la flexibilidad interna pactada para adecuarse a los cambios.

El documento presentado por el Gobierno, que debe aprobar el Congreso, es decepcionante. Recoge la lógica de las organizaciones empresariales. Apuesta por facilitar el despido: cuando delimita más ampliamente las causas económicas para el despido objetivo, cuando generaliza el contrato para el fomento del empleo con despido de 33 días y cuando abre las puertas a las decisiones unilaterales de los empresarios. Y no recoge las propuestas sindicales para reducir la temporalidad, mejorar y proteger el contrato a tiempo parcial, desvincular la temporalidad de la estacionalidad o los contratos de obra y servicio de las subcontratas. Además, abre la puerta a que las empresas de empleo con afán de lucro puedan intervenir de modo casi exclusivo en los procesos de recolocación e intermediación laboral, puesto que no hay ninguna apuesta por la mejora de los servicios públicos de ocupación.

En síntesis, la reforma laboral propuesta es inútil e injusta. Refuerza una patronal obsesionada en abaratar los costes laborales y aumentar su poder discrecional. Renuncia a avanzar hacia el modelo del centro y norte de Europa, que apuesta por la estabilidad y la flexibilidad interna pactada para garantizar la adaptabilidad de las empresas a los cambios en el entorno económico, a partir de derechos, garantías, participación y negociación. Con esta propuesta, el Gobierno del Estado, además del conflicto que genera, instala un modelo de relaciones laborales que no es útil si lo que queremos es competir en términos de calidad de producto e innovación, en una economía global donde la precariedad y los bajos costes laborales no son ya ninguna ventaja. Por eso necesitamos un mercado de trabajo basado en la calidad del trabajo, es decir en la estabilidad y la negociación.

Joan Carles Gallego, secretario general de CCOO de Catalunya.