La necesidad de modernizar el mercado laboral es evidente: la legislación vigente ha quedado obsoleta y es preciso efectuar las modificaciones necesarias si queremos detener la tendencia de destrucción de ocupación y volver a generarla. Los empresarios lo que quieren es contratar, ya que ello significa que sus empresas funcionan y se crea riqueza, con lo que se pagan más impuestos, y se incrementa la recaudación, revirtiendo en beneficios para el conjunto de la sociedad.
La propuesta efectuada por el Gobierno no realiza la reforma laboral efectiva y profunda que necesita la economía española, que mejore su productividad, contribuya a la creación de empleo y aumente la confianza, tanto de la sociedad española como de los mercados y organismos internacionales. Para ello es necesaria una nueva legislación laboral, más atrevida, que ataque los problemas de raíz y que fomente la contratación y la flexibilidad en la gestión de los recursos humanos. En este sentido, a los empresarios nos preocupa que la propuesta planteada por el Ejecutivo no tenga en cuenta algunas de las medidas clave para incidir en la recuperación y que nos ayuden a reactivar la economía.
Respecto a la contratación, los avances son insignificantes. En lugar de acometer una reforma profunda que evitara la dualidad del mercado laboral actual y que unificara la ingente cantidad de modelos contractuales vigentes ¿a través de la universalización del contrato de fomento de la contratación indefinida¿ y del mantenimiento del contrato indefinido ordinario únicamente para los contratos en vigor, el texto gubernamental amplía tibiamente algún supuesto y, además, con restricciones temporales, para formalizar contratos de fomento de empleo estable. Asimismo, desaparece la necesaria y tan reclamada flexibilización del contrato a tiempo parcial que potenciaría su escaso uso actual.
Para cumplir con el objetivo de creación de empleo estable, y reducir la tasa de temporalidad, la dirección a seguir es el establecimiento de condiciones idóneas que faciliten la contratación por parte de las empresas y, en ningún caso, como se refleja en el documento del Gobierno, mediante la penalización de la contratación temporal. No puede obviarse la existencia de una temporalidad estructural que continuará siendo necesaria en determinados supuestos específicos y, especialmente, en algunos sectores que por su propia naturaleza mantienen una temporalidad implícita. Medidas como el incremento de indemnizaciones en los contratos temporales, la limitación a dos años ¿prorrogable a tres si se acuerda en negociación colectiva¿ del contrato de obra y servicio, la adquisición de fijeza del trabajador si supera esa limitación a pesar de no ser necesario al finalizar la obra, o la incorporación de nuevos supuestos que limitan la formalización de dos o más contratos temporales en supuestos que puedan ser necesarios, no hacen sino generar un escenario opuesto al que requiere el mercado laboral, introduciendo más costes y rigideces en la contratación. La reforma en el ámbito de la contratación es absolutamente insuficiente y no resuelve los problemas.
Uno de los ámbitos clave para lograr una mejor y más racional organización del trabajo se refiere a la adopción de medidas que permitan la flexibilidad interna en las empresas, es decir, facilitar la movilidad geográfica y funcional y la modificación sustancial de condiciones de trabajo en aspectos como la jornada, horario, sistema de remuneración o las funciones, entre otras. Sin embargo, la reforma propuesta no introduce los elementos de flexibilización necesarios para crear un verdadero sistema simple y ágil que permita a las empresas adaptarse a los requerimientos y cambios constantes que exigen los mercados y los clientes.
Otro elemento fundamental para la mejora de la competitividad y de la gestión empresarial que se omite en el texto gubernamental se refiere al absentismo laboral. Este problema afecta gravemente a las empresas y deben introducirse modificaciones normativas que permitan reducir las altas tasas que se registran en nuestro país.
Por otra parte, debe lograrse una negociación colectiva que atienda a las necesidades concretas de cada empresa y que permita una capacidad de adaptación respecto a las diversas condiciones laborales en función de su realidad y de sus circunstancias específicas.
Los empresarios, a través de la CEOE, hemos aportado durante todo el proceso de diálogo social propuestas en las que también coinciden los organismos nacionales e internacionales. Es momento de aportar soluciones, de arriesgarse. Y el documento planteado no contribuye a la urgente modernización del mercado laboral, como tampoco está a la altura de las necesidades del país. Es preciso que el Gobierno sea más ambicioso para realizar la reforma laboral que necesita nuestra economía. Una reforma que favorezca la contratación indefinida, facilite la flexibilidad en la empresa y disminuya sus costes, y permita que España pueda emprender con éxito el camino de la recuperación.
Juan Rosell, presidente de Foment del Treball.