Revisando los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) se observa que en 2005 la cifra media de ocupados fue de 19,2 millones de personas, mientras que en 2019, y por tanto antes de la llegada del coronavirus, la cifra media de ocupados fue de 19,8 millones de personas. En consecuencia, el crecimiento del número de ocupados en esos 15 años fue de 0,6 millones de personas, un 3% aproximadamente. En contraste, la cifra media de ocupados en la UE creció en 17 millones de personas entre 2005 y 2019, lo que supone un incremento de más del 9%. Consecuencia de lo anterior en España el paro en ese período aumentó del 9,2% al 14,1%, mientras en la UE se redujo del 9,6% al 6,7%.
La creación de empleo de un país está directamente relacionada con su crecimiento económico. Si una economía no crece, no crea nuevo empleo sino que se limita, en el mejor de los casos, a repartir el existente. La relación de dependencia estadística entre estas dos variables es muy alta. Para el caso de España, entre 2005 y 2019 la variación del Producto Interior Bruto (PIB) explicó más del 90% de la variación del número de personas ocupadas. Según Eurostat, en ese mismo periodo el PIB creció en España en términos nominales, es decir, sin descontar la inflación habida entre esos dos años, un 34%, mientras que el PIB de la UE creció un 46%. Solamente Grecia e Italia crecieron menos que España en ese período de tiempo.
Este bajo crecimiento económico de España entre 2005 y 2019 ha traído dos consecuencias negativas para el conjunto de los españoles asalariados: primero, perdieron un 3% de participación en el PIB creado en esos años, mientras que los asalariados europeos ganaron un 6% de participación; y segundo, el salario real por persona asalariada apenas creció en España, mientras que la UE lo hizo en un 7,5% aproximadamente.
Las razones por las cuales España ha crecido significativamente menos que los países europeos se concentran en dos corrientes principales de opinión. Los economistas de pensamiento liberal, que asocian esta falta de crecimiento a las rigideces y desajustes de la economía española, que hace poco atractiva España como país donde invertir. En consecuencia, proponen medidas de liberalización de los distintos factores del trabajo y del capital, y en especial medidas de liberalización del mercado laboral y de reducción de impuestos a las empresas y a las personas físicas.
Otros grupos de economistas y expertos, sin descartar alguna de las medidas que pueda proponer la primera corriente de opinión, asocian en gran parte la falta de crecimiento a un modelo económico basado excesivamente en el sector servicios a costa del sector manufacturero, que era el que había venido sosteniendo en el pasado empleos de calidad y bien remunerados.
Nosotros nos inclinamos por la segunda, ya que consideramos que la pérdida de tejido industrial ha representado un significativo freno al crecimiento económico de España. Si se observan los positivos crecimientos de otros países como Alemania, Corea del Sur, Taiwán y en el pasado Japón, así como China en los últimos años, se constata que todos ellos mantienen una industria manufacturera que representa alrededor del 20% de su PIB.
Si bien en un escalón inferior se encuentra Estados Unidos, el informe del McKinsey Global Institute, de abril 2021, titulado Building a more competitive US manufacturing sector (construir un sector manufacturero más competitivo en EE UU) afirma que Estados Unidos genera anualmente un PIB manufacturero que representa el 11% del PIB total y emplea a 12 millones de personas. No obstante, ello supone el 20% de la inversión en bienes de capital, el 35% del aumento de la productividad del país, el 55% de las patentes generadas, el 60% de las exportaciones y el 70% de la inversión en I+D. El informe de McKinsey concluye proponiendo un plan integrado a nivel nacional, en el que identifica 16 industrias que en su conjunto podrían aumentar el PIB manufacturero anual del 11% al 13%, y crear 1,5 millones de empleos.
En el contexto europeo, la Comisión Europea lleva desde 2005 resaltando la importancia de la industria manufacturera para la resiliencia y el crecimiento, y por primera vez en 2014 recomendó a los países de la UE un objetivo a medio plazo de alcanzar un 20% de PIB manufacturero. Desde entonces son varias las notas y comunicados que la Comisión ha hecho llegar a los países europeos insistiendo en esta recomendación, y poniendo a disposición de los países miembros instrumentos de apoyo a este sector.
La industria manufacturera española representaba en 2005 el 14% del PIB y ocupaba a 3,1 millones de personas. En 2019 este porcentaje había bajado al 11% y ocupaba según la EPA a 2,5 millones de personas, mientras que en la UE el porcentaje era del 15% y ocupaba a 32,5 millones de personas. A pesar de su pequeño tamaño porcentual, el sector manufacturero español representa más del 80% de las exportaciones españolas y sus salarios son de media un 90% superiores a los de los servicios de hostelería.
Mientras no se aborden las causas que frenan el crecimiento económico, no se resolverá el problema del desempleo de España. Para relanzar ese crecimiento habrá que adoptar varias medidas de política económica que eliminen, o al menos mitiguen, esas causas. La cuestión radica en elegir aquellas que tengan más impacto y que no impliquen una reducción del salario medio real de los españoles. Proponemos que una de ellas sea apostar decididamente por la industria manufacturera, mediante el desarrollo y la ejecución de un plan nacional público-privado a largo plazo para fomentar esta industria. Los fondos Next Generation de la Unión Europea podrían ser un instrumento clave para avanzar en esta dirección. Este plan debería también contar con un grado suficiente de consenso político y social, pues de lo contrario difícilmente llegará a producir los resultados esperados.
Un diseño en la línea del propuesto por McKinsey para Estados Unidos podría consistir en aumentar progresivamente el PIB manufacturero español del 11% actual al 14% que había en 2005. Teniendo en cuenta el aumento de productividad habido entre 2005 y 2019, deberían recuperarse 400.000 de los 600.000 empleos manufactureros perdidos entre esos dos años. El efecto positivo inducido sobre la economía española sería significativo: aumentaría el PIB anual del país en un 3% aproximadamente; aumentaría la inversión en I+D; subiría la capacidad exportadora de la economía española; se crearían empleos de calidad y bien remunerados; y arrastraría consigo a otros subsectores del sector servicios que vienen nutriendo al sector manufacturero, como las asesorías de todo tipo, el sistema financiero y, en general, los servicios cercanos a las plantas donde tiene lugar los procesos manufactureros.
(Para conocer una descripción general de cuáles podrían ser las líneas maestras de ese plan, le sugerimos al lector interesado que visite este enlace.)
Antonio Hidalgo Nuchera es catedrático de Organización de Empresas en la Universidad Politécnica de Madrid y Alejandro Legarda Zaragüeta es ingeniero industrial, doctor en Economía y Gestión de la Innovación.