Una prueba de civilización

Por Vital Moreira, profesor de la Universidad de Coimbra, antiguo juez del Tribunal Constitucional. Traducción de Emilio G. Muñiz (EL PAÍS, 10/02/07):

Por segunda vez en una década se convoca a los portugueses a decidir en referéndum si desean o no la despenalización del aborto voluntario hasta las diez semanas, modificando para ello el Código Penal, que lo considera un delito y lo castiga con una pena de prisión de hasta tres años. En 1998 los portugueses habían rechazado en referéndum la despenalización, si bien por una escasa mayoría y con una participación muy baja.

Desde 1984, la prohibición penal del aborto tiene tres excepciones: que el embarazo represente un riesgo grave para la vida de la embarazada, que el feto sufra enfermedad o malformación y que el embarazo sea producto de una violación. Pese a ello, y a diferencia de lo que ocurrió en España (tal vez porque la formulación de la ley portuguesa es más restrictiva que la española), las excepciones legales a la ilicitud penal del aborto han sido interpretadas y aplicadas de manera muy estricta. Por ese motivo, estas excepciones, pese a que hayan resuelto las situaciones más dramáticas (se realizan algunos centenares de abortos legales por año), no produjeron ningún cambio significativo ni en el panorama de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo ni en el de la lucha contra el aborto clandestino.

Las consecuencias de la penalización legal del aborto no dejan lugar a dudas. Por una parte, según los datos de que disponemos, el aborto clandestino representa cerca de veinte mil casos por año, en condiciones las más de las veces inseguras (salvo para las mujeres que viajan a Mérida o a Badajoz para someterse al aborto en clínicas españolas); son varios miles por año los casos de abortos clandestinos mal realizados que acaban en los hospitales de la Seguridad Social portuguesa; existen registros de la muerte de varias mujeres por abortos mal practicados. Por otra parte, a pesar de que, en términos generales, no se produce un encausamiento penal de las prácticas abortivas, siempre existe el riesgo de que se plantee. A partir de 1998 se celebraron varios juicios y se dictaron sentencias de condena, sometiendo a las mujeres y a los participantes en los abortos al estigma y a la humillación públicas.

Las razones contra la prohibición penal del aborto son concluyentes en Portugal. Dicha prohibición no cuenta con el mínimo consenso social que debe fundamentar las leyes penales en un Estado de derecho democrático, y resulta evidente que la mayoría de las personas no denuncia el aborto ni desea que se lo juzgue penalmente. Tampoco consigue los fines de prevención social del aborto, si se tienen en cuenta las impresionantes cifras de abortos clandestinos. No protege las vidas ni la salud de las mujeres que no desean llevar a término un embarazo indeseado, a la vista de la cantidad de casos clínicos y de muertes posteriores al aborto. No garantiza el derecho de las mujeres a una maternidad consciente, obligándolas a seguir adelante con un embarazo no querido cuando no consiguen superar el miedo al encausamiento y al castigo penal.

En Portugal, tal como ocurre en los demás países que siguen penalizando el aborto, las mujeres que sean víctimas de un embarazo indeseado (por accidente, ignorancia, error, imprevisión, etcétera), sólo pueden optar entre el aborto clandestino y la maternidad forzosa. En definitiva, la penalización del aborto se limita a tutelar por la vía penal el paradigma moral o religioso de una parte de la sociedad, obligando al resto de las personas a adaptarse a él o a sufrir las consecuencias legales.

¿Qué cambios se han producido desde el referéndum de despenalización del aborto de 1998, para aceptar que el resultado puede ser diferente esta vez?

En primer lugar, en la actualidad es mucho más evidente que hace nueve años que la represión penal del aborto no sólo no sirve para impedir o frenar los abortos, sino que tiene consecuencias muy perversas en el plano de la dignidad, de la libertad, de la salud e incluso de la vida de las mujeres, así como en la credibilidad y autoridad de las leyes penales.

En segundo lugar, es más acorde con la actual alineación de las fuerzas políticas. En 1998, debido a la posición del entonces secretario general (Antonio Guterres, un católico que tomó posición contra la despenalización), el Partido Socialista (PS) casi se mantuvo al margen del referéndum; en esta ocasión, empezando por su secretario general, José Sócrates, el PS decidió asumir de lleno su responsabilidad moral y política en la despenalización. En 1998, el PSD, el partido de centro-derecha, se puso oficialmente del lado del “no”, en línea con la derecha y la extrema derecha; sin embargo, en esta nueva consulta, el PSD no adoptó una posición oficial, lo cual permitió que varios de sus diputados, dirigentes y militantes se estén manifestando a favor de la despenalización y estén participando activamente en la correspondiente campaña.

Por último, también aumentó la protesta social contra la penalización del aborto, incluso en los sectores tradicionalmente contrarios a la despenalización. A diferencia de lo que ocurrió en 1998, ahora es posible encontrar en la lucha a favor de la despenalización a importantes grupos de liberales de derechas, de católicos y de médicos, distanciándose de las respectivas obediencias políticas e institucionales, es decir, los partidos de derechas, la Iglesia católica y el Colegio de Médicos.

¿Bastarán estos cambios para asegurar esta vez el triunfo de la despenalización? Es posible, pero no es seguro. Por su parte, las fuerzas más conservadoras, lideradas y organizadas por la Iglesia católica, entre las que se cuentan el cardenal de Lisboa y numerosos obispos, así como sus organizaciones laicas, redoblaron y profundizaron su militancia en contra de la despenalización, sin mostrar demasiados escrúpulos en cuanto a los medios y métodos que utilizan, que echan mano del terrorismo verbal (comparando el aborto con el terrorismo y la pena de muerte) y de los lugares de culto y de las instituciones sociales y educativas en las que tienen presencia.

El referéndum de mañana, domingo, en Portugal no se limita a la despenalización del aborto. También es una prueba de civilización, una elección entre la modernidad y la premodernidad, entre la separación o la confusión del orden moral y el orden penal, entre el sometimiento al dogma moral y la libertad y la autonomía personales, entre el imperio de la religión y el Estado laico.

El rechazo a la despenalización del aborto, en los términos equilibrados y moderados que se propone en el referéndum, no va a significar sólo un retraso en la solución del aborto clandestino que afectará a toda una generación; significará también la paralización de todos los avances en otros campos de la emancipación personal frente al atavismo moral y religioso (educación sexual, derechos de las mujeres, no discriminación por razones de orientación sexual, etcétera).

La victoria de la despenalización significará el triunfo definitivo de la modernidad en Portugal, de la libertad individual y la autonomía moral sobre los dogmas religiosos, de la laicidad del Estado en la definición de los valores tutelados por las leyes penales, del alineamiento del país con el paradigma europeo de la autonomía femenina, de la libertad personal y de los límites de la represión judicial.