La salud de la población es a la vez causa y resultado del crecimiento económico y del desarrollo. Pero hoy, para alcanzar esos objetivos es necesario que las autoridades salgan de su zona de confort. En concreto, la nueva generación de crisis globales (que incluye pandemias, el cambio climático y el aumento del hambre) demanda una reconsideración fundamental del papel del ministerio de finanzas.
Sabemos de qué hablamos. Como ex ministros de finanzas, creemos que las políticas macroeconómicas hoy demandan mucho más diálogo con los otros ministerios. En particular, la cartera de finanzas tiene que ser más capaz de evaluar los efectos económicos potenciales de las amenazas sanitarias, llevar adelante una política tributaria que colabore con la salud pública y tomar decisiones presupuestarias y regulatorias que no tengan en cuenta solamente la situación inmediata de las finanzas públicas. De lo contrario, la próxima crisis sanitaria y económica nos encontrará mal preparados.
Las devastadoras consecuencias económicas de la pandemia de COVID‑19 han mostrado por qué los ministros de finanzas deben anticipar la respuesta a los riesgos sanitarios globales. Se estima que la pandemia matará a más de quince millones de personas y restará más de doce billones de dólares al PIB global de aquí a 2024. Medidas de confinamiento que hace unos pocos años hubieran sido inimaginables provocaron cierres de escuelas y universidades que afectaron a más de 1500 millones de estudiantes, lo que traerá consecuencias graves y duraderas para una generación de niños y adultos jóvenes (sobre todo aquellos sin acceso eficaz a la escolarización hogareña).
Básicamente, hoy las crisis sanitarias sistémicas pueden tener tanto impacto económico que el ministerio de finanzas ya no puede esperar que la política sanitaria nacional e internacional (en particular la evaluación de riesgos y la preparación para diversos tipos de shocks) sea tarea exclusiva de los profesionales de la salud. Por el contrario, para fortalecer la resiliencia de los países ante futuras crisis se necesita un diálogo más fluido entre ambas áreas.
Lo habitual en muchos países es que el ministerio de finanzas determine el presupuesto general de las áreas responsables de la salud y deje las cuestiones de implementación a los departamentos pertinentes. Por su parte, las presiones cotidianas sobre el ministerio de salud suelen obligarlo a prestar más atención a la gestión de hospitales públicos y clínicas que a la salud general de la población, la prevención de crisis y la preparación de respuestas. Esta concepción estrecha de las funciones respectivas causa resultados sanitarios y económicos subóptimos.
Por eso se necesita más participación directa del ministerio de finanzas en la toma de decisiones en áreas clave con incidencia sobre la salud pública y el desempeño económico. Es esencial un enfoque multisectorial que identifique las políticas y capítulos del presupuesto que repercuten en la salud pública, en temas como la provisión de agua y su saneamiento, la nutrición, el deporte, la energía limpia, la educación de las niñas y los programas de alimentación escolar.
Por ejemplo, durante la última década Sudáfrica eliminó impuestos a las compresas sanitarias e instauró su provisión gratuita a chicas en edad escolar; Chile introdujo normas de rotulado de alimentos y modificó los programas de alimentación escolar; y México eliminó el azúcar de la leche provista en guarderías. Como muestran estos ejemplos, la relación entre las finanzas y la salud marca el ritmo, pero para completar la sinfonía se necesitan los aportes de otros sectores.
Además, en la financiación pública de la salud hay que prestar la máxima atención al valor derivado de las inversiones. Aumentar la eficiencia debe ir de la mano de una mayor equidad. Hay que pasar de una mirada presupuestaria a corto plazo a una supervisión conjunta de la eficacia general del sistema sanitario, por medio de una mejora de los procesos de compra y de la gestión financiera y mecanismos de rendición de cuentas para que la provisión de fondos al área de la salud se traduzca en resultados concretos, sostenibles y equitativos.
Por ejemplo, Colombia instauró controles de precios en su sector sanitario tomando como base datos de los mercados globales. México consolidó las compras de medicamentos para el sector público y automatizó la autorización de medicamentos ya aprobados por las autoridades estadounidenses, europeas y japonesas. Argentina introdujo un sistema de licitación para la provisión eficiente de atención a la población anciana en la organización nacional encargada. Sudáfrica y la India han presentado una propuesta conjunta de que se suspenda la aplicación del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en el ámbito de la prevención, la contención y el tratamiento de la COVID‑19, para resolver así diversos fallos de mercado, en particular, el costo exorbitante de bienes públicos esenciales como la provisión masiva de vacunas.
Dejando a un lado las cuestiones financieras, una formulación correcta de políticas y regulaciones es esencial para promover una mejor salud pública. Algunas medidas que puede tomar el ministerio de finanzas en este sentido son: introducir impuestos a productos dañinos; aumentar el gasto en investigación y desarrollo para la salud; fortalecer la regulación de la competencia para mantener reducido el precio de medicamentos y equipos médicos; establecer reglas firmes para las aseguradoras de salud públicas y privadas; y limitar los gastos directos que deban afrontar las familias de su bolsillo.
En relación con lo dicho, Sudáfrica, Nigeria, México y Gabón aprobaron impuestos a las bebidas azucaradas; Argentina y Colombia subieron los impuestos al tabaco; y Gabón instauró un impuesto especial a los cigarrillos. Nigeria instituyó un impuesto a las comunicaciones telefónicas para financiar la provisión de atención médica, y Sudáfrica tiene planes de crear gravámenes a los cigarrillos electrónicos y dispositivos de «vapeo» para desalentar su uso, sobre todo entre personas jóvenes.
Por último, la pandemia de COVID‑19 ha demostrado que los problemas sanitarios globales no se pueden resolver en el nivel nacional. Al momento de repensar el diálogo entre la economía y la salud hay que incluir la gobernanza y el desempeño de las instituciones financieras y sanitarias internacionales y el fortalecimiento de su cooperación. Además, estas organizaciones deben incluir la prevención de crisis sanitarias y la capacidad de respuesta en sus evaluaciones de riesgos macroeconómicos.
Las crisis globales de la actualidad exigen a las autoridades sanitarias y económicas reinventar y fortalecer su colaboración en los niveles nacional e internacional. El ministerio de finanzas puede desempeñar un papel central en el proceso y así ayudar a crear un mundo más preparado para hacer frente a futuros riesgos económicos relacionados con la salud.
Kemi Adeosun is a former minister of finance of Nigeria. José Antonio González Anaya is a former minister of finance of Mexico. Trevor Manuel is a former minister of finance of South Africa. Este artículo contiene aportes de Kemi Adeosun, Mauricio Cárdenas, Nicolás Dujovne, José Antonio González Anaya, Régis Immongault y Trevor Manuel.