Una rectificación saludable, pero insuficiente

Justo tres años después del decreto que acabó con la cobertura sanitaria en España tal y como la conocíamos hasta entonces, el gobierno pone ahora sobre la mesa -la del Consejo Interterritorial de Salud que se celebra hoy- una propuesta que no es sino una rectificación de su propia normativa, el Real Decreto Ley 16/2012, que se ha demostrado injusto e ineficaz.

Todavía nos queda conocer la concreción de la propuesta del ministro, más allá de las filtraciones. De momento, lo que sí sabemos es que su pretensión no es devolver la tarjeta sanitaria a todas las personas que viven en territorio español a las que les había sido retirada, sino “conceder” un documento distinto, como queriendo marcar diferencias entre las necesidades de salud y los derechos de unas personas y de otras en función de su situación administrativa.

Sea un “registro” o la entrega de un documento distinto a la tarjeta sanitaria lo que proponga el ministro, desde Médicos del Mundo pensamos que crear un sistema de acceso “especial” y limitado al sistema sanitario público –“para pobres”, “para inmigrantes” o “para personas excluidas”- es discriminatorio e innecesario.

Si algo ha conseguido esta norma, durante sus tres años de vigencia, ha sido generar desconcierto y sufrimiento. Hemos presentado casos concretos, testimonios, cientos de ellos. Mujeres que han dado a luz sin seguimiento médico de su embarazo, enfermos trasplantados que han vivido con angustia las dificultades para conseguir una medicación imprescindible para su vida y pacientes con cáncer que han visto avanzar la enfermedad en su cuerpo sin poder someterse a tratamiento.

Además, la llamada reforma sanitaria modificó de un plumazo los cimientos del sistema sanitario español, al implantar el concepto de asegurado como requisito imprescindible para recibir asistencia sanitaria, olvidando que el derecho a la salud es inherente a cualquier ser humano, independientemente de su condición administrativa. El gobierno olvidó también que la sanidad española se financia en gran medida con impuestos indirectos, como el IVA o los impuestos especiales sobre el alcohol o los carburantes, que pagamos todas las personas que vivimos y compramos en España (incluyendo a aquellas pendientes de regularizar su situación legal).

Especialmente sangrante es la insistencia del Gobierno en ligar la atención sanitaria a personas inmigrantes sin recursos que proceden de países de renta baja con el llamado “turismo sanitario”. Un concepto que hace referencia a ciudadanos europeos, que recurren al sistema de salud español por su calidad y porque disponen de segundas residencias en nuestro país. En este caso, la obligación del Estado es gestionar con los países de origen de estas personas el retorno del gasto ocasionado, algo de lo que el ejecutivo no se está ocupando adecuadamente, según el Tribunal de Cuentas.

Unido a esto, en Médicos del Mundo nos hemos empeñado en rebatir una y otra vez la falsedad del presunto “efecto llamada” de la cobertura sanitaria universal, puesto que los estudios indican que menos del 3% de quienes emigran lo hacen buscando recibir cuidados por problemas de salud.

Y si de ahorro económico hablamos, conviene recordar que la limitación a la atención en urgencias a las personas en situación irregular que impuso el Gobierno en 2012 no sólo es éticamente injustificable, sino que además resulta ineficiente, puesto que consume más recursos sanitarios y obtiene peores resultados en términos de salud. Está demostrado que el acceso a la Atención Primaria reduce la morbilidad y, para ciertas patologías, la prevención y el diagnóstico temprano son más eficientes e implican menor coste que los tratamientos posteriores. Dicho de otra forma, prestar servicios solo de urgencia a las personas inmigrantes sin permiso de residencia es más costoso a largo plazo que la atención primaria. Lo venimos diciendo desde 2012, y queremos recordarlo ahora que el Ministerio parece haber cambiado su disposición.

Muchas organizaciones sociales y asociaciones de profesionales de la salud hemos reclamado insistentemente la modificación de esta norma inaceptable desde el punto de vista de la justicia, la ética y la salud pública. Celebramos por ello el cambio de rumbo de Gobierno; sólo esperamos que sea finalmente en la dirección adecuada. Para Médicos del Mundo, el único camino posible es la devolución de la asistencia sanitaria a las personas inmigrantes como parte del derecho a la salud y la vuelta a un sistema sanitario público de cobertura universal.

Sagrario Martín es presidenta de Médicos del Mundo España.

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