El borde del abismo está cada vez más concurrido, mientras aumenta el riesgo de caída y crece el número y variedad de víctimas a medida que se prolongan las políticas de austeridad y se estanca la recesión, acumulando ya más de un lustro de gran sufrimiento social y magros resultados económicos. Una parte desproporcionada de los damnificados son precisamente los más vulnerables, la infancia y las familias pobres, situadas en el epicentro de la crisis. La evidencia de este tsunami social, con origen en los países desarrollados pero con repercusiones a escala global, es ya abrumadora en términos de desempleo masivo, extensión de la pobreza y aumento de la desigualdad en numerosos países.
Al creciente clamor internacional por un cambio de rumbo se ha sumado también una institución, por encima de toda sospecha, la agencia de Naciones Unidas UNICEF. Sus aportes para la salida de la crisis se presentan en una publicación reciente (A Recovery for All: Rethinking Socio-Economic Policies for Children and Poor Households, I. Ortiz & M. Cummins, Editors. UNICEF, 2012) y en un Foro internacional de debate en línea iniciado en 2010 y que continúa abierto, coordinado por un economista “histórico” de UNICEF, Richard Jolly. Desde luego, no es un testimonio sobrevenido, pues UNICEF ha desempeñado un papel pionero y de liderazgo (a menudo a contracorriente) en el análisis de situación y la propuesta de políticas públicas alternativas con “rostro humano”, para hacer frente a las recurrentes crisis internacionales previas de las décadas de 1980 y 1990 que tuvieron efectos sociales devastadores en numerosos países de América Latina, África y Asia. Fueron años de creciente deuda pública, profunda recesión económica y rígidos programas de ajuste fiscal, que se cobraron un alto número de víctimas, en una gran proporción entre la infancia.
La principal enseñanza que se desprende de estas crisis previas es que los planes de control presupuestario que tienen en cuenta de forma explícita las necesidades y los derechos en materia de salud, educación, empleo y vivienda, de los grupos de población más vulnerables, serán más adecuados para proteger y promover el bienestar humano que aquellos planes que los ignoran o consideran de forma secundaria o residual. Esto significa que las políticas de ajuste y austeridad no solo tienen que considerar si consiguen sus objetivos fiscales y financieros sino también cómo lo consiguen.
Para cuadrar las cuentas públicas hay que incluir no solo los agregados económicos, sino también los sociales, porque cada persona cuenta. Por ello, el avance hacia la recuperación debe orientarse, especialmente, en favor de quiénes son los más desposeídos por la crisis. Como demuestra el análisis comparativo internacional, no se trata tanto de una cuestión de posibilidades (recursos) como de prioridades (escala de valores). Por eso hay países que han logrado reducir la pobreza y la desigualdad mientras otros han empeorado su situación antes y durante la crisis.
Según investigaciones de la propia UNICEF, España es actualmente el país con mayor pobreza relativa infantil de la UE (menores de 18 años). Alrededor del 20% de la población infantil española es pobre y, lo que es más importante, la brecha de pobreza, su distancia relativa hasta la línea de pobreza, es de casi un 40%, la mayor del conjunto de 27 países considerados. Además, España está entre los países europeos más desiguales en términos de distribución del ingreso, muy por encima del promedio de la UE, con un importante deterioro desde el comienzo de la crisis. La ratio entre el 20% superior respecto al 20% inferior ha pasado del 5,2 (2008) al 7,1 (2011), sin indicios de mejora en el último año. (Bienestar infantil en los países ricos. Un panorama comparativo. Report card nº11.UNICEF, 2013)
La propuesta de UNICEF por una recuperación con “rostro humano” no apela simple ni principalmente a la compasión por las víctimas, sino a la reivindicación de sus derechos conculcados y también a la demanda de políticas públicas alternativas basadas en la equidad y la sostenibilidad (económica pero también social y ambiental). Su análisis crítico está fundamentado en investigaciones internacionales contrastadas y en políticas aplicadas viables. Por supuesto, hay que remediar el daño causado, pero ante todo es preciso frenar el deterioro con objeto de detener en primer lugar el enorme despilfarro humano (desempleo masivo) y la creciente exclusión social ocasionados por la prolongada interacción negativa de austeridad excesiva y profunda recesión económica.
UNICEF aboga por promover sin más dilación un proceso inclusivo de creación de empleo productivo, en especial juvenil, acompañado de una extensión reforzada de la protección social. Esto exigirá una ampliación sustantiva del “espacio fiscal”, tanto por el lado del ingreso (extensión de la base, combate al fraude, mayor progresividad, equiparación de la carga fiscal del capital y el trabajo), como por el lado del gasto (reasignación social selectiva, mayor eficiencia y eficacia en función de objetivos prioritarios de equidad, combate a la corrupción). Esta ampliación del margen de maniobra y de las opciones de políticas públicas alternativas deberían ser objeto de un diálogo nacional inclusivo entre los responsables públicos (gobiernos y parlamentos) y las instituciones y grupos sociales concernidos, en el proceso de recuperación con “rostro humano”.
Así pues, qué más tiene que ocurrir para pasar a la acción urgente y empezar por una iniciativa nacional consensuada en favor de la infancia pobre y sus familias, el eslabón más débil de la escala social y a la vez con mayores retornos a corto y largo plazo.
Tomás Jiménez Araya, profesor del Master de Derechos Humanos, Democracia y Globalización (UOC) y editor de Por una Recuperación con Rostro Humano. Síntesis del Acervo de UNICEF. Comité español de UNICEF, 2013.