Una reforma chapucera pero necesaria

El acuerdo al que llegaron ayer los dos grandes partidos nacionales nos demuestra una vez más que estamos en el país de las chapuzas. En efecto, cuando el presidente del Gobierno hizo el surrealista anuncio de que se celebrarían las elecciones generales el 20 de noviembre, previa disolución de las Cortes Generales el 26 de septiembre, no se cayó en la cuenta entonces de que con ese plazo, que funciona como una guillotina, habría que reformar la Constitución. Ni más ni menos.

Cuando el 25 de junio del año pasado el presidente del PP, Mariano Rajoy, propuso, como ya había hecho Alemania, reformar la Constitución para introducir un límite al déficit de las administraciones, nadie tomó en serio su propuesta. Ahora, como la canciller Angela Merkel ha ordenado la inclusión de esa cláusula en las constituciones de los países de la Eurozona, resulta que el presidente Zapatero se dispone a realizar dicha reforma constitucional, cuando la locomotora del tiempo no permitirá que esa modificación se haga de forma sosegada. Se ha perdido, en este caso como en otros muchos, la oportunidad de hacer las cosas bien.

Es curioso a este respecto que, de llevarse a cabo esta reforma de la Constitución, será la segunda que se haga en los 33 años de vigencia de nuestra Norma Fundamental, merced a impulsos europeos pero no nacionales. Dejando al margen la eficacia de esta medida en un Estado tan complicado administrativamente como es la España de las autonomías, que habría que reorganizar de nuevo, surge la duda de si conviene llevar esta medida ahora a la práctica.

Todos sabemos que, sea cual sea el resultado de las próximas elecciones, no habrá mas remedio que entablar un periodo semiconstituyente, porque nuestra Constitución exige que se cambien y se perfeccionen muchos de sus artículos, empezando por los que componen el Título VIII. No podemos seguir modificando la Constitución al margen del procedimiento que se establece para su reforma.

Durante los últimos años hemos asistido a una verdadera mutación constitucional a través de las actuaciones del legislador o incluso del propio Tribunal Constitucional, lo cual es una verdadera anomalía. Un ejemplo reciente de esta forma de actuar nos la señalan las últimas declaraciones del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, diciendo que un consejo de alcaldes debería sustituir a las diputaciones provinciales. En otras palabras, Rubalcaba se quiere convertir en el poder constituyente, aunque la propuesta no encaje con lo que dice la Constitución.

Hace unos meses, durante la ocupación de la Puerta del Sol por los famosos indignados, uno de sus líderes afirmó durante una entrevista en televisión que no estaban de acuerdo con la democracia actual, porque ellos no habían aprobado la Constitución. Su respuesta fue sorprendente porque no tenía y sí tenía la razón. Se equivocaba porque el Derecho se basa en la permanencia de las normas por encima de las generaciones, salvo que se modifiquen. Porque igualmente podría haber afirmado que tampoco su generación participó en la elaboración de nuestro centenario Código Civil.

Pero al mismo tiempo, y en cierto modo, acertaba. Porque no es de recibo que los nuevos españoles no hayan participado en la reforma de nuestra Constitución precisamente cuando es urgente su puesta al día. Que no se haya modificado nuestra Constitución en 33 años, como digo, es una auténtica anomalía. En este sentido, cambiarla ahora con las prisas que ya he denunciado podría ser útil, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, a fin de alcanzar un objetivo que es absolutamente necesario para la democracia de nuestro país.

Ya he mantenido anteriormente en esta página que el mayor defecto de nuestra Constitución es que es prácticamente irreformable. Si ahora se va a modificar es por dos motivos: primero, porque así lo requiere la política interdependiente europea. Y segundo, porque estando de acuerdo el PSOE y el PP, esta modificación que podría incluirse en el tercer apartado del artículo 135 de la Constitución se realizaría por el procedimiento establecido en el artículo 167, según el cual los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras. Por consiguiente no existe, salvo que se complique la cuestión, la dificultad para hacerlo a tiempo.

Ahora bien, si los dos grandes partidos nacionales, con el apoyo de otros grupos parlamentarios, tuviesen un halo de inspiración divina, podrían resolver el gran problema que bloquea nuestro régimen constitucional. Me refiero a la urgente necesidad de derogar el artículo 168 que impide cualquier reforma en profundidad de nuestro actual sistema constitucional. Si desapareciese este artículo, se podrían llevar a cabo por el procedimiento del citado artículo 167 todas las reformas que se necesitan urgentemente en España.

La ocasión la pintan calva, porque sería el momento adecuado para suprimir el artículo 168, con un procedimiento que exige el acuerdo de dos tercios de cada Cámara para disolverlas cuando ya se hayan anunciado las elecciones para el 20 de noviembre. Después, las nuevas Cortes deberán ratificar esa decisión, aprobándola nuevamente por dos tercios de cada Cámara y procediendo luego a convocar un referéndum nacional para su ratificación.

Entonces, y sólo entonces, se podrá conseguir la reforma de nuestro Estado, que no sólo exige Europa sino la gran mayoría de los españoles, de una u otra generación.

Jorge de Esteban, catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de El Mundo.

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