Casi un año después de conocer el primer informe sobre la reforma de la Administración Local, el Consejo de Ministros del pasado 26 de julio dio un nuevo paso en el camino para la transformación más profunda del sector público local acometida en democracia. Han sido meses de intenso diálogo entre la FEMP y el Gobierno para ir construyendo un texto que permita alcanzar el objetivo irrenunciable de convertir a las administraciones locales en instituciones más eficientes y sostenibles pero sin debilitarlas. El clima de lealtad institucional y el espíritu constructivo que ha imperado en todo el proceso ha servido para que hoy podamos decir que esta reforma, cuya aplicación práctica se aventura compleja, ofrece soluciones concretas a algunos de los graves problemas estructurales que las entidades locales padecen desde el inicio de la democracia. Al margen de que aún hay cuestiones que puedan mejorarse durante el trámite parlamentario, sin duda, se ha avanzado muchísimo en cuestiones que resultan vitales para que los ayuntamientos sigan desempeñando el papel clave que han tenido a lo largo de sus 34 años de existencia, pues gobernar desde la cercanía facilita la transformación y modernización de España.
Atrás quedaron asuntos como la eliminación de municipios, la reducción en un 30 por ciento del número de concejales, la intervención de los municipios de menos de 5.000 habitantes, la eliminación automática de las mancomunidades y de las entidades locales menores, la aplicación del coste estándar con la pérdida consiguiente de competencias de los municipios. Ninguna de esas medidas hubiera generado grandes ahorros en una administración que, cumpliendo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ya ha conseguido ajustar sus ingresos y gastos de tal forma que, en el primer trimestre de 2013, ha alcanzado un superávit de 2.338 millones de euros. Además, aunque algunos ayuntamientos tienen problemas se ha demostrado que no son los máximos responsables de la deuda acumulada por España en estos años —la deuda local sólo representa un 4,68 por ciento del PIB— ni tampoco responden a la etiqueta de administración despilfarradora e irresponsable que algunos se empeñan en colgarles. Al contrario, los Gobiernos Locales tienen un sólido y férreo compromiso con la recuperación de la economía del país. El buen comportamiento registrado por las entidades locales ha pesado en buena medida en la decisión del Gobierno de atender muchas de las consideraciones que desde la FEMP hemos trasladado en relación al texto del proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
La reforma que el Ejecutivo ya no contempla desapoderar a los ayuntamientos de competencias por no cumplir con un coste estándar al que la FEMP se opuso en los términos planteados inicialmente. La solución alcanzada es, sin duda, mucho más razonable, ya que permitirá avanzar en la eficacia, la transparencia, el ahorro y la calidad de los servicios públicos que ofrecemos a los ciudadanos, sin menoscabar la autonomía local.
La clave para alcanzar los objetivos perseguidos por esta reforma pasa por la clarificación de competencias que debe asumir cada administración, así como por el establecimiento de mecanismos eficaces de gestión conjunta de los servicios públicos. La racionalización del sistema competencial resulta imprescindible, como también lo es el dotar a las entidades locales de mecanismos adecuados para dejar de estar en situación de inferioridad en su relación con las comunidades autónomas. Gracias a ello, ésta va a ser la legislatura en la que, por fin, se dé respuesta a lo que demandan los ciudadanos: acabar con las duplicidades entre administraciones para no lastrar la eficiencia y la competitividad de España. Suena sencillo, pero no será fácil y el éxito en la consecución de este objetivo requerirá de altas dosis de generosidad y lealtad institucional. Por este motivo, desde esta tribuna hago un llamamiento a todos los grupos políticos presentes en la FEMP para seguir trabajando, desde la unidad, en favor del municipalismo.
Se está construyendo una nueva forma de gestionar los asuntos públicos. Las entidades locales van a ser la punta de lanza de este cambio trascendental. Se limita por ley el personal eventual al servicio de los ayuntamientos; se reducen los cargos electos que podrán tener dedicación exclusiva y se fijan topes salariales para homogeneizar las retribuciones de alcaldes y concejales. España requiere hoy un esfuerzo de país y éste no debería ser un proceso que asumiéramos en solitario. Los alcaldes y concejales creemos que ha llegado la hora de dar respuesta a reivindicaciones largamente demandadas. Estamos convencidos de que los cambios introducidos en la reforma suponen un salto cualitativo trascendente para tener unos municipios más robustos, más fuertes, con más músculo y nervio. Unas entidades locales que puedan así seguir siendo el motor que dinamice la economía de sus respectivos territorios, un hecho determinante para que los vecinos, a los que nos debemos, puedan recuperar la confianza en que, con el esfuerzo de todos, se volverá a crear empleo, algo imprescindible para paliar el drama que afecta a muchas familias. Se abre ahora un nuevo escenario —el de la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley— en el que continuaremos haciendo aportaciones constructivas para seguir avanzando en una reforma que, por su trascendencia, debe aprobarse con el mayor consenso posible. España bien merece este esfuerzo.
Íñigo de la Serna, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias.