El 1 de julio, un silencio fantasmal se abatió sobre muchos de los bulliciosos mercados de la India. A medianoche, con una ceremonia a todo brillo en el parlamento, había entrado en vigor un nuevo impuesto nacional a los bienes y servicios (Goods and Services Tax, GST). El cambio fue aclamado como la mayor reforma tributaria desde la independencia. Pero los comerciantes tenían tantas dudas sobre cómo afectaría a los precios de sus productos, que ese día muchos optaron por cerrar sus negocios.
Muchos (entre los que me incluyo) llevamos tiempo pidiendo un impuesto nacional de esa naturaleza, con el objetivo de unificar el mercado nacional indio y aumentar la transparencia, digitalización y eficiencia de la economía. Su introducción se demoró un decenio por la oposición del ahora gobernante Partido Popular Indio (Bharatiya Janata Party, BJP), incluido el actual primer ministro Narendra Modi, quien, siendo jefe de ministros del estado de Gujarat, sostuvo que dicho impuesto avanzaría sobre los derechos de los estados y los despojaría de ingresos.
Pero parece que desde la capital las cosas se ven diferentes. Ahora, más de tres años después de su asunción al cargo, Modi implementa el impuesto que antes criticaba, aunque en una versión muy distinta de la que esperaban sus defensores. Casi como la desastrosa apuesta por la desmonetización de hace sólo ocho meses (que implicaba retirar de un día al otro todos los billetes de alta denominación circulantes), el GST resultó a la vez un caos y un trastorno.
En la práctica, el GST de Modi supone reemplazar el sistema de tributación indirecta más complejo y fragmentado del mundo por el impuesto indirecto unificado más complejo del mundo. En vez de una sola alícuota, como en la mayoría de los países, India tendrá cuatro: 5%, 12%, 18% y 28%, más un 0% para bienes como granos alimenticios, cereales y leche fresca, y un impuesto suntuario (del 43% o más) sobre autos caros y otros bienes de consumo de alta gama. También incluye un peculiar 3% sobre la importación de oro. (India importa más oro que cualquier otro país del mundo, y al parecer el gobierno no quiere ponerle un impuesto tan alto que incremente el contrabando.)
Con siete alícuotas diferentes, el GST no cumple para nada el objetivo declarado de “una nación, un impuesto”. La reforma categorizó unos 1200 artículos y casi cualquier servicio imaginable, no sin antes pasarlos de un lado al otro en respuesta a la oposición popular (por ejemplo, a que se cobrara un alto gravamen a bienes usados por personas discapacitadas, que antes estaban exentos). Y los resultados son confusos, por decir poco. Por ejemplo, los productos lácteos pueden corresponderse con una de cuatro categorías; la harina genérica no tributará, pero la harina de marca pagará el 5%. Es comprensible que esto provoque confusión generalizada sobre qué impuesto aplicar a cada cosa.
Como si no fuera suficientemente difícil, la reforma tiene algunas omisiones importantes, porque el gobierno de Modi cedió a las demandas de los estados de conservar ciertos poderes tributarios respecto de fuentes de ingreso muy rentables. Algunas exclusiones notables son los bienes raíces y el alcohol (notorias fuentes de dinero en negro, cuya erradicación era supuestamente uno de los principales objetivos del gobierno de Modi), los derivados del petróleo (que hoy tributan a cerca del 45%), la electricidad y las tarifas de comunicaciones.
Nadie niega que reemplazar el fárrago de impuestos centrales y estatales que eran la pesadilla de las empresas indias es un alivio. Pero el GST sigue siendo tan complejo que probablemente traerá evasión, arbitraje e incluso sobornos a los funcionarios encargados.
También es previsible una andanada de juicios sobre las categorías aplicables a diferentes empresas y productos. Incluso antes del nuevo impuesto, el sistema judicial indio ya venía atosigado de demandas por impuestos indirectos, las cuales suponen la inmovilización de unos 23 000 millones de dólares de recaudación. Dada la enorme cantidad de expedientes atrasados (hay nada menos que 24 millones de casos pendientes), lo último que necesita la India es más demandas tributarias.
Pero los problemas derivados del GST no terminan allí. El régimen también obliga a las empresas a ingresar al menos tres declaraciones electrónicas al mes (37 al año) en el sitio web de la Goods and Services Tax Network (el formidable soporte técnico del impuesto). Unos ocho millones de empresas alcanzadas por el impuesto ya se han registrado en la GSTN, pero la mayoría de los pequeños empresarios, comerciantes y tenderos no tienen acceso a computadoras o conocimiento para manejarlas y ahora tienen que conseguirlos a toda prisa.
Además, el impuesto se implementó tan de apuro que hay serias dudas sobre si el software está bien probado y si será capaz de procesar los entre tres y cinco mil millones de facturas mensuales previstos. Ya se habla de reiteradas caídas del sistema.
La complejidad de las categorías, el exceso de documentación y las dudas sobre la implementación de los requisitos regulatorios hacen temer que el GST afecte el sustento de las personas. El sector informal autoempleado, un factor importante de la economía india, ya resultó muy perjudicado por la desmonetización de hace unos meses. El GST puede asestarle un segundo golpe mortal.
El impuesto a bienes y servicios pudo haber sido un éxito para la India. Pero para eso era necesario que el gobierno central trabajara con los estados para crear un sistema racional y más sencillo, con un tope del 18%, como pedía el partido opositor Congreso Nacional Indio, en vez del elevadísimo 28% elegido por el BJP (aplicable a nada menos que el 30% de todos los artículos).
También era necesario que el gobierno de Modi sometiera la GSTN a una prueba más exhaustiva antes de implementar el impuesto, y diera a las pymes, a las empresas que tributan en más de un estado y a los consumidores tiempo para familiarizarse con la tarea de llenar tres declaraciones al mes. Los inspectores tendrían que haber recibido más capacitación, pasar más tiempo visitando empresas y llenar algunas declaraciones de prueba ellos mismos. Y el esquema del GST debería haber incluido los derivados del petróleo, la electricidad y los bienes raíces.
El ministro de finanzas, Arun Jaitley, celebró la desmonetización y el GST como “iniciativas políticas tectónicas” que producirán “crecimiento, competitividad, simplificación de los impuestos indirectos y más transparencia”. Son objetivos loables, pero como resultará evidente en el transcurso de este año fiscal, lanzar medidas caóticas y a las apuradas no es el modo de lograrlos.
Shashi Tharoor, a former UN under-secretary-general and former Indian Minister of State for Human Resource Development and Minister of State for External Affairs, is currently an MP for the Indian National Congress and Chairman of the Parliamentary Standing Committee on External Affairs. He is the author of Pax Indica: India and the World of the 21st Century. Traducción: Esteban Flamini.