Una relajación cuantitativa para las personas

Ahora es casi seguro que, con la bajada de los precios de la energía y de los productos básicos, al final de este año la inflación en la zona del euro quedará por debajo de cero: muy inferior al objetivo del Banco Central Europeo de casi el dos por ciento. En lugar de permitir que una desacertada concepción establecida, centrada en la ideología económica alemana, impida la adopción de medidas eficaces, el BCE debe aplicar una relajación cuantitativa (RC) “para las personas”, adaptación de la estrategia de los “lanzamientos desde helicópteros” de Friedman, para corregir la deflación y volver a encarrilar la zona del euro.

En la situación actual, la política monetaria habitual ha tenido –y la RC de estilo americano tendrá– pocos efectos en los países centrales de la zona del euro. Se puede explicarlo en parte con el argumento de que, a la hora de conceder créditos, en la zona del euro (donde los bancos cuentan más) la carga pesada recae menos en los mercados de capitales que en los Estados Unidos. A consecuencia de ello, la bajada de los rendimientos de los bonos estatales y empresariales y de los respaldados por acciones tiene menos efecto.

Al mismo tiempo, ya no se puede bajar mucho más el tipo de cambio del euro, único mecanismo mediante el cual las políticas actuales podrían surtir algún efecto. Para empezar, en vista de los enormes superávits comerciales de la zona del euro, hacerlo provocaría una fuerte resistencia internacional. Además, los mecanismos mediante los cuales las compras de valores respaldados por activos por parte de la Reversa Federal de los EE.UU. estimulan el gasto de los consumidores –los tipos de interés de las hipotecas, una amplia disponibilidad de refinanciación de las viviendas, precios elevados de la vivienda y la posibilidad de obtener créditos con el aval de la vivienda propia– funcionan de forma diferente en la zona del euro.

En Alemania, Francia e Italia, unos precios mayores de las casas incitan a quienes no son propietarios a ahorrar más para el pago de la entrada e inspiran cautela a los arrendatarios, que esperan aumentos futuros de los alquileres. Y la riqueza inmobiliaria de los propietarios existentes no se plasma en un gasto mucho mayor, en vista de la falta de acceso a los créditos avalados por la vivienda y a una refinanciación barata de las hipotecas. Por último, en países como Alemania, donde los depósitos bancarios y las libretas de ahorros superan con mucho su deuda, unos tipos de interés inferiores reducen el gasto total en vivienda.

Otro factor que obstaculiza los efectos de la RC en la zona del euro son los bajos rendimientos de los bonos, que, al aumentar los déficits de los fondos de pensiones, vuelven a algunas empresas reacias a invertir y, por tanto, más propensas a aumentar las contribuciones y limitar el importe de las pensiones. En los EE.UU., se utilizan unos supuestos más generosos en materia de tasas de descuento para calcular las obligaciones de los fondos de pensiones.

Además, la RC de estilo estadounidense, en particular, suele tener consecuencias distributivas negativas, porque encauza más dinero hacia los ricos, quienes tienen una menor propensión a gastar, sin proporcionar gran cosa a los más pobres, que lo usarían para consumir más. En la zona del euro, la cuestión de la distribución es particularmente compleja, dado que las diferencias institucionales entre los países pueden dar la impresión de discriminación entre ellos.

Es evidente que el BCE debe formular una estrategia que funcione en el sistema único de la zona del euro, en lugar de continuar imitando a la Reserva Federal. Dicha estrategia debería basarse en la afirmación de Friedman de que “los lanzamientos desde helicópteros” –acuñando grandes sumas de dinero y distribuyéndolo al público– siempre pueden estimular la economía y combatir la deflación, pero, para lograr el mayor efecto de semejante operación, el BCE tendría también que encontrar una forma de garantizar una distribución justa.

Una solución sencilla sería la de distribuir los fondos a los gobiernos, que después podrían decidir la forma mejor de gastarlos en sus países, pero la norma de la zona del euro que impide la utilización del BCE para financiar el gasto estatal impide ese procedimiento.

Así, pues, una opción más viable sería la de proporcionar a todos los trabajadores y pensionistas que tengan números de la Seguridad Social (o el equivalente local) un pago del BCE, al que los gobiernos se limitarían a asistir en su distribución. Otra opción sería la de utilizar el censo electoral, una base de datos pública que el BCE pudiera utilizar independientemente de los gobiernos.

De los 275 millones de adultos, aproximadamente, que tienen números de la Seguridad Social en la zona del euro, un 90 por ciento, aproximadamente, figuran en el censo electoral. Extrapolando a partir de la experiencia de los Estados Unidos en 2001, cuando una rebaja de 300 dólares de la Seguridad Social por persona impulsó el gasto un 25 por ciento, aproximadamente, un pago de 500 euros (640 dólares) por parte del BCE podría aumentar el gasto en unos 34.000 millones de dólares, es decir, el 1,4 del PIB. Los ingresos fiscales suplementarios que dicha rebaja produciría reduciría en gran medida los déficits estatales.

Además de librar de la deflación la economía de la zona del euro, semejante iniciativa aportaría unos beneficios políticos enormes, pues reduciría el resentimiento contra las instituciones europeas, en particular en países con grandes dificultades, como Grecia y Portugal, donde 500 euros suplementarios tendrían un efecto particularmente fuerte en el gasto. De ese modo, el BCE podría demostrar a unos ciudadanos e inversores descontentos que su actitud con vistas a cumplir su objetivo de inflación es seria e incluso contribuiría a frenar el ascenso de partidos nacionalistas.

Desde luego, es probable que algunos países –y en particular Alemania– opongan resistencia a ese planteamiento aduciendo argumentos sobre la prudencia y la responsabilidad, pero la realidad es que el “dinero lanzado desde helicópteros” daría resultado y nada hay en la legislación de la zona del euro que lo prohíba.

Después de años de austeridad, luchas intestinas y desempleo, ya es hora de aplicar un programa de RC que aporte lo que Europa necesita.

John Muellbauer, Professor of Economics at the University of Oxford, is a senior research fellow at the Institute for New Economic Thinking at the Oxford Martin School. Traducido del ingles por Carlos Manzano.

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