Una relato con moraleja para los reguladores de los medios de comunicación

Para comprender las posibles consecuencias de las constantes denuncias del presidente estadounidense Donald Trump contra la prensa, no hay más que mirar a Ecuador, donde el gobierno del ex presidente Rafael Correa atacó a los medios de comunicación a lo largo de muchos años. Durante su presidencia, entre los años 2007 al 2017, Correa implementó una serie de medidas destinadas a sofocar la libertad de prensa. Y, al igual que Trump, utilizó regularmente a los medios de comunicación como chivo expiatorio para aglutinar a sus partidarios.

En el 2015, Correa logró aprobar una enmienda constitucional que cambió la categorización de las comunicaciones, clasificándola como un servicio público, similar al agua o la electricidad, lo que permite un mayor control estatal sobre la libertad de expresión. Y, con el objetivo declarado de garantizar “una cobertura mediática equilibrada”, Correa impulsó la Ley Orgánica de Comunicación del Ecuador del año 2013 y promulgó normas adicionales que permiten al gobierno tomar medidas enérgicas contra los periodistas, como multas, disculpas públicas forzadas e incluso penas de prisión.

Al igual que Trump, Correa a veces solía ir a programas de televisión o radio para denunciar a periodistas, individualizándolos por sus nombres; y, su gobierno demandó en los tribunales a medios informativos. Por ejemplo, Correa presentó una demanda judicial por 80 millones de dólares contra El Universo, uno de los principales periódicos del país. Al final, se forzó a este periódico a pagar 40 millones de dólares a cambio de un “perdón”.

Ya que la difusión de desinformación vía Internet alimenta la desconfianza en los medios de comunicación y otras instituciones, las normativas para controlar algunos tipos de discurso pueden parecer una buena idea. Claramente, se debe regular más fuertemente a las principales plataformas de distribución, como por ejemplo a Facebook.

Sin embargo, en algunos casos, las leyes promulgadas en “interés público” en realidad pueden actuar de manera contraria al mismo. Y, al mismo tiempo, las leyes destinadas a apoyar al periodismo legítimo generalmente ofrecen escasa protección contra aquellos que están decididos a actuar de mala fe. Aprendí esto de primera mano cuando acompañé a un grupo del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) durante un reciente viaje a Ecuador.

Al hablar con periodistas ecuatorianos, queda claro que la mayoría de las políticas y las aplicaciones de prácticas de Correa con respecto a los medios de comunicación cruzaron la línea de la censura abierta. Se multaron a los medios de comunicación que no proporcionaron una amplia cobertura a las declaraciones gubernamentales, así como también a los medios que no recircularon los informes de la prensa extranjera que eran favorables al gobierno o que criticaban a las figuras de la oposición. En algunas ocasiones, los medios de comunicación incluso se vieron obligados a imprimir o emitir largas y discrepantes declaraciones de funcionarios del gobierno a quienes no les gustaba el trato que ellos recibían de los medios de comunicación.

La experiencia de Ecuador muestra cómo las leyes que parecen razonables en papel – como aquellas que garantizan a los sujetos de las noticias un “derecho de réplica” – pueden ser fácilmente abusadas. Según los periodistas ecuatorianos, los funcionarios del gobierno a menudo se niegan a hablar con los periodistas porque saben que, si se publica una historia sobre ellos, simplemente ellos pueden obligar al medio de comunicación a publicar una larga y no editada declaración propia. Y, aunque los medios de comunicación pueden apelar en casos de “derecho de réplica”, hacerlo puede llevar a procesos judiciales largos y costosos.

Del mismo modo, las leyes que otorgan a los ciudadanos comunes el derecho a quejarse sobre los informes de prensa son fácilmente burladas. Los funcionarios del gobierno rutinariamente encuentran a “ciudadanos comunes” para que estos presenten quejas contra las organizaciones de medios en su representación.

El actual presidente de Ecuador, Lenín Moreno, prometió aliviar las restricciones de los medios de comunicación del país. Y, en una reunión reciente con el CPJ, el Secretario de Comunicación ecuatoriano, Andrés Michelena, dijo que el gobierno planea reformar la Ley de Comunicación del Ecuador este año. Incluso así, según lo señalado por los periodistas con los que nos reunimos, la estructura y el lenguaje de la ley no han cambiado.

En general, los medios latinoamericanos tienden a ser capturados por las élites, con propietarios ricos cuyos intereses están representados en la forma en que se informan las noticias. Esta es la razón por la cual muchos de los políticos de izquierda que llegaron al poder en las últimas dos décadas se comprometieron a hacer que los medios sean más representativos de las comunidades marginadas y sin voz.

Por ejemplo, en Argentina, se prohibieron ciertas formas de propiedad cruzada. En otros países, las comunidades indígenas subrepresentadas recibieron cámaras y licencias de transmisión. Y en algunos casos, los gobiernos han interrumpido la programación de estaciones de televisión de propiedad privada para emitir declaraciones políticas. Durante el mandato de Correa, el gobierno incluso asumió la gestión editorial del periódico más antiguo del país, El Telégrafo.

En Ecuador, lo que comenzó como un avance hacia la diversidad de los medios de comunicación hace diez años ha terminado eliminando gran parte de la capacidad del país para la presentación de informes de prensa investigativos y críticos. Esto no es un buen augurio para el futuro del país. El periodismo agresivo basado en hechos es un bien público. En su calidad de cuarto poder del Estado, los medios de comunicación son quienes responsabilizan a los gobiernos y a las corporaciones cuando informan sobre la corrupción, la degradación ambiental y sobre otras violaciones de la confianza pública. Pero, en Ecuador, los periodistas ahora deben temer las consecuencias de hacer su trabajo.

Al igual que muchos países de América Latina, Ecuador está profundamente polarizado. Correa todavía tiene muchos partidarios de izquierda que apuntan a los increíbles logros de su gobierno con respecto a la reducción de la pobreza y el aumento de los gastos en salud y educación. Dicen que la corrupción durante la presidencia de Correa no fue peorque la que ocurrió durante gobiernos anteriores, y aplauden los esfuerzos de su gobierno para frenar a los medios de comunicación, que estos seguidores ven como deshonestos y representativos de los intereses corporativos de la derecha.

En este punto hay una lección para Estados Unidos y para otros países donde está creciendo la desconfianza en los medios de comunicación. Desde que se develó que Facebook y Twitter desempeñaron un papel clave en la difusión de información falsa y el sembrado de desconfianza y tensiones raciales durante las elecciones estadounidenses del año 2016, aumentó la cantidad de voces que exigen normativas más estrictas. Sin embargo, tales normativas pueden ser difíciles de implementar de manera justa y pueden acarrear consecuencias no deseadas.

Ecuador aprendió de manera dolorosa que si luchar contra la desinformación significa la pérdida de informes de prensa verídicos y a profundidad, así como la pérdida de medios de comunicación que puedan desempeñar un papel de vigilancia, el precio a pagar es demasiado alto. Esperemos que esta lección sea aceptada no sólo en Ecuador, sino que también en las democracias de todo el mundo.

Anya Schiffrin is the director of the media and communications program at Columbia University’s School of International and Public Affairs. Traducción del inglés: Rocío L. Barrientos.

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