Una renuncia muy grave

Por Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat de Catalunya (LA VANGUARDIA, 08/02/07):

No hablo de temas propiamente políticos excepto cuando se producen hechos que afectan aspectos muy sustanciales de Catalunya como pueden ser su identidad o su cohesión social. Creo que en los últimos tres años sólo una vez sentí la necesidad, y el deber, de expresarme públicamente, con claro acento crítico respecto a un tema específico, concretamente TV3 y Catalunya Ràdio. Y hoy vuelvo a hacerlo a propósito de dos temas: el de la enseñanza del catalán y el de la ley de Dependencia.

Durante más de dos décadas el Govern de Catalunya – y creo que con aceptación general en la sociedad- consideró que debía reforzar y asegurar algunos pilares básicos de nuestra sociedad. Uno era la propia identidad del país, cambiante a través del tiempo por la evolución de la población y de los valores de cada época, etcétera, pero siempre con algunos elementos básicos que aseguran su personalidad propia y su continuidad. Otros dos pilares básicos, entrelazados, eran la convivencia y la cohesión social. Podríamos añadir el respeto institucional. Y algunos más, pocos más, que hoy no es necesario recordar.

La identidad de Catalunya tiene diversos ingredientes, y el tiempo puede ir modificándolos. Pero la lengua sigue siendo uno de ellos, y muy principal. Por otra parte, sobre la lengua catalana pesa una gran presión por hechos históricos (persecución, ostracismo, etcétera), económicos (de mercado y de presupuesto), demográficos (inmigraciones y demografía débil), etcétera. Es cierto que ha demostrado una gran capacidad de resistencia, incluso de mantenerse en un notable nivel de calidad. Pero requiere que, sin menoscabo del respeto y consideración que merece el castellano, se le dedique una atención especial, preferente. Y así se hizo con diversas y múltiples iniciativas, pero sobre todo con dos: TV3 y Catalunya Ràdio, y la inmersión lingüística. De ahí que precisamente por TV3 yo rompiese mi silencio político y que los gobiernos de CiU concediesen a estos medios de comunicación una atención preferente.

Y la inmersión lingüística. Sin inmersión lingüística en la escuela la situación hoy del catalán, que ya es difícil, lo sería muchísimo más.

Otros dos pilares básicos entrelazados a nuestro entender fueron la convivencia y la cohesión social. Un país necesita que su gente sea capaz de vivir junta y en paz; esto es la convivencia. Y para ello es preciso que la sociedad esté cohesionada. Y la cohesión requiere un contrato implícito y no escrito basado en compartir determinados valores y objetivos, y la percepción de que el país – a través de sus propias instituciones y de la sociedad- atiende a su gente. Se preocupa de su bienestar, de su seguridad, de su promoción, de sus problemas.

Finalmente, otro pilar básico son las instituciones. Sin instituciones sólidas y reconocidas, la sociedad sufre y la gente se ve perjudicada. Ylas instituciones son el poder político y administrativo, y su reconocimiento y respeto dentro y fuera del propio país.

Estos tres pilares han sido agredidos. Repito: no se trata de temas coyunturales y no decisivos, de paredes secundarias del edificio. Se trata de fundamentos.

1. Durante los primeros años ochenta se estableció un sistema escolar en Catalunya que – en lo referente al tema lingüístico- consistía en que la lengua vehicular de la escuela fuese el catalán, que hubiese una sola red escolar (es decir, que no se dividiese a los alumnos por cuestión de lengua) y que se tomaran las medidas necesarias para que los alumnos terminasen la escolaridad con un buen conocimiento de catalán y de castellano (equiparable, en el caso del castellano, al del resto de España). Este sistema se introdujo tras consulta a los representantes de los maestros y a muchas AMPA, especialmente castellanohablantes. Y con su aquiescencia.

Y como atestiguan los estudios del propio ministerio ha funcionado satisfactoriamente, como recordaba también recientemente el profesor Badia i Margarit en su artículo “Sí a la inmersión escolar” (La Vanguardia,8/ I/ 2007). Y por supuesto del sistema actual no se puede decir – ni en realidad nadie lo ha dicho- que sea anticonstitucional o antiestatutario. ¿A qué viene querer ahora cambiarlo en detrimento del catalán, que indudablemente sigue siendo la lengua con más problemas?

¿A la voluntad de equiparar al máximo los programas escolares de Catalunya con los del resto de España porque ofende que en algunos aspectos no coincidan totalmente (sin que ello represente transgresión legal ni competencial, pues la legislación lo permite)? Es decir, ¿a la voluntad de reducir toda posible diferencia? Pero es que en este aspecto, y en otros, Catalunya es diferente. ¿O a la voluntad de dejar claro que es el ministerio quien manda y no la Generalitat?

2. Otro pilar básico es la cohesión social. ¿Y como puede conseguirse cohesión social en Catalunya? Por diversos mecanismos, pero uno de ellos muy principal es consiguiendo que la población tenga claro que el país, que Catalunya, les atiende, se ocupa de ellos, les protege. Que si unos padres tienen un hijo con síndrome de Down vean que tienen rápido acceso a la estimulación precoz. Que las familias con gente mayor que no la pueden atender debidamente en su domicilio vean que se van abriendo nuevas residencias. Y un largo etcétera.

Sentirse parte de una sociedad y de un país que atienden a la gente en sus necesidades crea sentido de colectividad, conciencia colectiva. Y resulta incomprensible que quienes proclaman que van a practicar el catalanismo social (y dejo para otra ocasión recordar y demostrar que CiU lo proclamó hace mucho tiempo y lo practicó durante muchos años desde la Generalitat) renuncien a disponer, con el gran alcance que el Estatut del 2006 permite, del instrumento que permitía llevar a cabo una labor importante en este terreno. Un terreno, repito, de la mayor importancia desde el punto de vista social, y del de la cohesión y del sentimiento de pertenencia a un país. Máxime cuando es evidente que el texto aprobado en Madrid (la ley de Dependencia) a todas luces invade con gran descaro y en grandes proporciones competencias autonómicas muy importantes. El dictamen del Consell Consultiu, a todas luces muy plural ideológicamente, es rotundo. Es inapelable. Sería aberrante que el Govern de la Generalitat no actuase en consecuencia.

Esto no es catalanismo social. Esto va contra la idea de una Catalunya cohesionada y consciente y contra un concepto real de autonomía, porque acepta con mansedumbre que le recorten competencias muy importantes, y precisamente competencias referentes, a la vez, al poder político institucional, al bienestar de los ciudadanos y a la concienciación catalana.

3. Se ha producido además un hecho grave, que roza incluso la honestidad. La roza por parte del Gobierno central, que dice: “Aceptad esta ley, pese a amputar gravemente el poder de la Generalitat. Y sus competencias legales. Si no la aceptáis, no dispondréis de los recursos que el Estado va a emplear a favor de las personas dependientes”. Esto no es éticamente correcto. Y es muy grave que también en Catalunya desde el Govern tripartito se utilicen las personas dependientes como escudo para defenderse de la acusación de no defender ni el Estatut ni, finalmente, la capacidad de la Generalitat de servir eficazmente a los ciudadanos de Catalunya. Máxime si, como es bien sabido, un recurso de inconstitucionalidad no necesariamente comporta la suspensión de la ley. Es más, no hay tal suspensión si la parte demandante no lo pide.

4. Finalmente, todo ello representa una agresión a la institución, a la Generalitat. Legalmente, políticamente y en su prestigio público. Lo sucedido viene a decir que da lo mismo que las decisiones se tomen en Madrid o en la Generalitat, y que por consiguiente no importa mucho, o no importa nada, que estas decisiones tengan en cuenta la realidad concreta de Catalunya, y de las personas que aquí viven, que en muchos aspectos difieren notablemente de la de otras partes de España. Si ello es así, lo mismo da que haya una autonomía real o que sólo sea una especie de negociado. En cualquier caso, lo increíble es que este planteamiento se haga desde el propio Govern de la Generalitat. Causa estupor. Y tristeza.