Una de las características, por no decir desgracias, de la historia contemporánea de España es la de no haber sido nunca capaces sus ciudadanos, por no decir sus élites, de reformar pacífica y acordadamente alguna de nuestras variopintas constituciones. Porque aunque exista la visión de que España ha vivido largos periodos bajo la tiranía y fuera del orden constitucional, la verdad es que no hemos sido parcos en leyes fundamentales, más bien al contrario, y entre otras causas, tal vez por esa propensión a no reformar y a empezar siempre ex novo, arrasando con lo anterior. Desde la Constitución de Cádiz de 1812 hasta la vigente de 1978, prácticamente siempre se ha preferido la ruptura a la reforma o, para decirlo una vez más de otro modo, la crisis política ha acabado derivando en enfrentamiento civil más o menos explícito, porque el resolver a tiros nuestras diferencias ha sido, desde luego, marca destacada de nuestro devenir histórico.
No pretendo, desde luego, convertirme a estas alturas de mi alopecia en constitucionalista, que más de uno hay y alguno sobresaliente entre las cátedras consagradas a tal materia. Pero la lectura de las ya digo que no pocas constituciones promulgadas o fallidas proporciona, incluso al lego, más de una pista para seguir y entender la historia reciente de este solar. Y desde luego que hubo catalanes en la redacción de todas esas constituciones. Desde los cincuenta y un diputados de Cádiz (sólo tres votaron a favor de abolir la Inquisición, entre ellos Antoni Capmany) hasta los Roca y Solé Tura, entre otros, de la actual. Capmany, por cierto, y ya que ha salido su nombre, merecería capítulo aparte, pero dejémoslo ahí.
La Constitución de Cádiz, la Pepa aprobada el día de San José que ha acabado por ser grito de jarana y borrachera en ese “¡Viva la Pepa!” que un día fue grito constitucional, consagraba la monarquía como forma de gobierno y la religión católica como la propia de España, pero también introducía elementos de progreso y libertad. Y tiene momentos y redactados que brillan con el fulgor de las ideas nuevas, como aquel artículo sexto del capítulo II, “El amor de la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles; y asimismo el ser justos y benéficos”.
Pero hoy quería hablarles –no se asusten demasiado– de otra Constitución decimonónica, la nonata, pues se quedó en proyecto, de 1873, la primera que se llamó a sí misma Constitución Federal y que pretendió ser ley fundamental para la Primera República. Castelar tuvo mucho que ver con su redacción y los constitucionalistas antes invocados suelen decir que es la primera en la que se plantea el dilema –y se pretende resolver– de la cohesión y división territorial española. Y lo hace en clave federal o hasta confederal, bastante al modo de Estados Unidos de América, con constituciones propias para cada uno de los estados miembros y reservando explícitamente poderes para el Gobierno federal y un Tribunal Supremo federal. De paso, proclamaba la libertad de culto, la de imprenta y hasta la abolición de los títulos nobiliarios…
Ya ven si eran modernos los antiguos o qué antiguos somos los modernos. Sigamos. En el artículo I del título I, el proyecto de Constitución Federal de 1873 nos dice: “Componen la Nación española los Estados de Andalucía Alta, Andalucía Baja, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Cataluña, Cuba, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Puerto Rico, Valencia, Regiones Vascongadas”. Y se añade que los estados podrán conservar las provincias o modificarlas “según sus necesidades”. Y ya en el artículo segundo del mismo título, se afirma que otros territorios –Filipinas, Fernando Poo y otros– se elevarán a estados “a medida de sus progresos”.
Diecisiete estados, tantos como autonomías actuales. La aritmética tiene esas cosas. Y por supuesto que ya oigo a más de uno decir que Cuba y Puerto Rico entre ellos, con lo que resulta evidente que separarse de España y lograr la independencia es posible (quod erat demonstrandum). Otros se fijarán en lo de Regiones Vascongadas, tal vez ignorando que Euzkadi (con zeta; más tarde, Euskadi) es un neologismo inventado por Sabino Arana y que no apareció hasta 1896. Y más de uno ya habrá abandonado un artículo del mes de agosto que vuelve a nuestro convulso siglo XIX.
Y sin embargo, y por mor de resumir, sólo pretendía recordar que hay cuestiones sobre las que el consenso entre españoles muy diversos se intentó. Por más que la Primera República acabase mal, zarandeada por republicanos intransigentes y herida de muerte por la rebelión cantonalista (“¡Viva Cartagena!”, que también ha acabado siendo grito de bebedores) y siempre asediada por las fuerzas de la reacción. No hay más que recordar la dimisión y huida al exilio del primer presidente del poder ejecutivo, Estanislao Figueras, catalán de pro, que puso pies en polvorosa dejando para la historia una frase que, sea verdad o leyenda, resume tantos años de política española: “Señores, francamente, estoy hasta los cojones de todos nosotros”.
Su retrato fue cedido por el Ayuntamiento de Barcelona a la Reial Acadèmia de Bones Lletres. No sé si habría que sacarlo en procesión cívica de vez en cuando…
Daniel Fernández, editor.