¿Una revolución en Westminster?

Salvo que me haya perdido algo, Reino Unido no acaba de salir de una guerra, una revolución ni una declaración de independencia. Ésas son las circunstancias excepcionales que suelen hacer falta para producir un momento constitucional. Y sin embargo, extrañamente precipitado por las revelaciones sobre miembros del Parlamento británico que declaraban gastos por cosas como una casita de madera para patos en un estanque, una plancha de pantalones y la construcción de habitaciones para el servicio, existe un reconocimiento generalizado de que el sistema político británico se encuentra en una profunda crisis. A principios de esta semana oí a Dominic Grieve, el portavoz de Interior de la oposición conservadora, decir que la crisis podría poner en tela de juicio “las bases de la legitimidad del Estado”.

No hay consenso sobre la solución. Muchos miembros de la clase política, especialmente en los dos grandes partidos, el Laborista y el Conservador, parecen seguir creyendo que bastarán algunos parches. Se equivocan. Reino Unido no necesita una revolución, pero sí una gran reforma. Hay algo que está fundamentalmente mal en un Estado tan centralizado y con un Ejecutivo tan poderoso, cuyos únicos límites son los que le imponen los jueces que aplican la Ley de Derechos Humanos, unos lores no elegidos y los periodistas.

En teoría, Reino Unido tiene un Parlamento soberano. En la práctica, como dijo Grieve en una reunión en el Instituto de Investigaciones sobre Políticas Públicas de Londres el martes pasado, la historia reciente del Parlamento muestra una subordinación creciente al Ejecutivo. El parlamentario laborista Tony Wright se mostró de acuerdo: tenemos un Parlamento que, en la práctica, se niega a ser soberano porque “el principal objetivo de los miembros de la legislatura es entrar en el Gobierno”. Y el fin de nuestro actual sistema electoral, añadió, es escoger un Gobierno, no a los representantes del pueblo.

El deber nacional del Reino Unido, por consiguiente, es crear y sostener un momento constitucional, sin las circunstancias históricas que suelen engendrarlo. Para ello hacen falta iniciativas que vengan de arriba y de abajo, del Parlamento y de la gente. Por el momento, hay al mismo tiempo demasiado y demasiado poco en ambas partes. Existen innumerables propuestas, discursos, reuniones, iniciativas y eslóganes, pero no está nada claro cómo se va a plasmar todo eso en un cambio real.

Lo que ha venido de arriba, hasta ahora, es bastante poco. La Cámara de los Comunes va a mejorar su sistema de gastos. Hay un nuevo presidente de la Cámara, que no parece nada del otro mundo. Este otoño, un comité selecto, presidido por Wright, deberá presentar propuestas significativas para mejorar la forma de trabajar de la Cámara baja. (Por ejemplo, es increíble que el Gobierno controle la asignación de tiempos en las sesiones parlamentarias. Imaginemos qué diría el Congreso estadounidense en un caso así). Más importante es que vuelve a discutirse la reforma electoral. Alan Johnson, firme candidato a ser el próximo líder del Partido Laborista, expuso el otro día su propuesta de que el día de las elecciones se lleve a cabo un referéndum sobre el sistema de “voto alternativo plus” (un sistema mixto entre listas y circunscripciones de candidato único), el sistema recomendado hace una década por una comisión encabezada por Roy Jenkins -el ex ministro laborista y presidente de la Comisión Europea-, que el Gobierno de Tony Blair aparcó.

Mientras tanto, estamos con la política preelectoral de costumbre. El primer ministro, Gordon Brown, y el líder conservador, David Cameron, se ponen mutuamente por los suelos en las sesiones de preguntas al Gobierno, con una competición de gritos que hace que, en comparación, los clubes de debate estudiantiles parezcan más adultos. Los maestros de la manipulación como lord Peter Mandelson, que es quien tiene el poder detrás del trono de Brown, siguen haciendo declaraciones descaradamente falsas, como su ridícula afirmación de que el Gobierno no puede ofrecer proyecciones de recortes del gasto público -que todos sabemos que deben llegar- porque estarían basadas en “especulaciones”. Cada cosa que dicen los políticos está evidentemente preparada para causar el mayor impacto posible en un ciclo de noticias incesante, presente las 24 horas.

En las pantallas de nuestros televisores sigue jugándose ese deporte llamado política como si fuera tenis o fútbol. ¿Pero cuánta gente siente verdaderamente que éstos son nuestros representantes? Los niveles intermedios de participación democrática son escasos o inexistentes, a diferencia de la floreciente democracia local y regional de Estados Unidos y gran parte de la Europa continental. Los partidos políticos controlan la designación de los candidatos parlamentarios, aunque Cameron ha prometido primarias que nos darían voz y voto en la elección de candidato.

Es verdad que cada cuatro o cinco años el votante británico puede contribuir a “echar a esos cabrones”. Entonces llega a Westminster un nuevo grupo que sigue jugando el mismo juego y de la misma manera. Incluso aunque, de vez en cuando, haya un candidato nuevo y fresco que parezca hablar inglés normal, al cabo de unos meses aparece en televisión hablando exactamente como Mandelson.

Al mismo tiempo, fuera de las paredes del Parlamento y los estudios de televisión, hay muchas iniciativas nuevas en todas direcciones. El jueves por la noche hubo una concentración en el centro metodista de Westminster organizada por la coalición Vote for Change (Voto para el Cambio), amenizada por música de Billy Bragg, con el objetivo de despertar el entusiasmo por la reforma electoral. La campaña Unlock Democracy (Abramos la democracia) tiene un proyecto de ley para autorizar una convención de ciudadanos que, con carácter deliberativo, decida sobre una serie de reformas importantes. Por su parte, 38degrees.org.uk pretende crear una comunidad británica en la Red para fomentar el cambio, como MoveOn.org en Estados Unidos. Una nueva iniciativa llamada Real Change (a cuyo comité directivo pertenezco) tiene el objetivo de poner en marcha mil pequeñas reuniones cívicas en todo el país que seguramente desemboquen este otoño en una convención para la reforma (ver www.realchange.uk.net).

Es fundamental que haya una gran movilización popular. Sin una presión desde abajo, los políticos británicos volverán a sus malos hábitos de siempre. Pero por nuestra parte también tenemos que plantearnos una serie de preguntas difíciles. ¿Hasta qué punto la indignación popular con la clase política puede traducirse en la participación sostenida en un movimiento para el cambio constitucional? (“Reforma constitucional” no es un término que tenga mucho eco entre los británicos; “gobierno abierto” quizá podría tener más éxito). ¿No se disipará la energía cívica existente entre todas esas iniciativas tan variadas? ¿En qué sentido tiene derecho a afirmar cada una de ellas que representa “al pueblo”? (Una convención de ciudadanos dispuestos y seleccionados al azar, como se hizo por primera vez en la provincia canadiense de la Columbia Británica, serviría para aplacar en cierta medida esa objeción). Y, en definitiva, ¿cómo puede traducirse todo esto en leyes parlamentarias y en una moción específica para que se celebre un referéndum, que son las formas apropiadas de llevar a cabo una reforma importante en Reino Unido?

En algún momento, y más pronto que tarde, necesitaremos un organismo que sea un puente de dos direcciones entre el Parlamento y la gente. Tendrá que estar dotado de competencias y legitimidad. Wright ha sugerido llamarlo Comisión de la Democracia. En él deberían estar personas que verdaderamente sepan de qué hablan en relación con la Constitución semiescrita y el complejo sistema político del país: gente como el destacado abogado Thomas Bingham, el experto constitucional de Oxford Vernon Bogdanor y la veterana activista política Helena Kennedy. Debería contar con representantes de los partidos políticos. Pero también debería tener a un estudiante, un bloguero, un par de activistas de la sociedad civil… ¿y por qué no varios miembros de la población en general, escogidos por sorteo?

No puede ni debe ser una delegación de Westminster que se dedique a recorrer el país escuchando graciosamente las humildes peticiones de los súbditos de Su Majestad y luego elabore propuestas de compromiso de las que el Gobierno del momento escoja los fragmentos que quiera impulsar a través de una cámara legislativa servil. Pero tampoco puede ser sólo una iniciativa desde abajo de ciudadanos independientes, sin la autoridad política para plantear demandas al Parlamento. Ni el Parlamento ni el pueblo pueden actuar por su cuenta. Sólo un nuevo tipo de relación creativa entre los dos podrá darnos a los británicos el momento constitucional que necesitamos.

Timothy Garton Ash, catedrático de Estudios Europeos en la Universidad de Oxford y profesor titular de la Hoover Institution en Stanford. Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia