Francia necesita la VI República que le propone Ségolène Royal porque necesita modernizar y reajustar su sistema político. Que éste está enfermo lo vemos a través de los síntomas, a través de esa fiebre que es el aumento del populismo y también de la desconfianza respecto a la clase política. La V República creada por el general De Gaulle es autoritaria, unilateral, antidemocrática y bonapartista. En ella un hombre solo, el presidente, aislado de la sociedad y del pueblo que le ha elegido, toma todas las decisiones rodeado de un núcleo de cortesanos designado por él. Conviene no olvidar nunca que en la V República el presidente firma el nombramiento de 6.000 altos cargos, desde el primer ministro hasta el administrador general de la Comédie-Française pasando por el director del Office Interprofessionel des Plantes à Parfum Aromatiques et Médicinales. Nuestro sistema es autoritario, pues concentra en manos de una sola persona un gran poder; pero también es impotente porque, cuando le falta el respaldo popular, no puede acometer las reformas imprescindibles.
La VI República será capaz de construir compromisos sólidos y duraderos porque estará libre de la tentación autoritaria, porque será un sistema que contemplará los referendos de iniciativa popular, porque fomentará que la ciudadanía controle la acción de sus representantes, porque pondrá fin a los famosos "dominios reservados" del presidente de la República, es decir, las cuestiones de política exterior y de defensa. Esos "dominios reservados" pasarán a ser compartidos con el Gobierno y a estar bajo control de la Asamblea Nacional.
Un poder deslegitimado, como el de la V República, genera continuadas protestas o rebeliones populares, no consigue hacer aprobar ninguna reforma. Es un sistema ultraviolento que recientemente volvió a fracasar con el CPE (Contrato Primer Empleo). A la derecha puede convenirle porque intenta hacer pasar a la fuerza su amarga poción ultraliberal, pero la izquierda necesita del compromiso con la sociedad. Ese compromiso hoy no puede materializarse en ninguna de nuestras instituciones. En la Asamblea Nacional no se discute. Nos insultamos, nos abroncamos, nos ridiculizamos, pero no intercambiamos ideas y propuestas. Y nuestro sistema universitario, nuestro sistema de pensiones de jubilación, nuestra sanidad pública o nuestra fiscalidad ecológica necesitan de ese debate, de democracia participativa, de la revolución suave que simboliza Ségolène Royal.
¿La construcción europea no precisa de la adhesión popular? Cuando se hace sin tener en cuenta la opinión de los ciudadanos, acaban por obtenerse resultados como el del referendo francés sobre el Tratado Constitucional Europeo. Francia votó no porque nadie había consultado antes a los franceses sobre si veían con buenos ojos la ampliación, a 25 Estados miembros primero, y a 27 después. Francia y Holanda, dos países fundadores de la Europa comunitaria, votaron no porque el texto era malo y porque la opinión pública sabe que hoy la UE recorta cada día más la escasa potencia política de Europa en vez de acrecentarla. Ségolène Royal propone otro texto a discutir, de entrada, con 12 o 13 países de la zona euro y que permitirá construirnos una casa en el jardín de los 27. Un núcleo emprendedor. Si otros quieren luego vivir en ella, serán bienvenidos.
El no francés formaba parte de los riesgos de una construcción europea en la que prima la regla de la unanimidad. Los países que votaban sí sabían que bastaba con un solo no para que el texto quedase invalidado. Y eso es lo que ha ocurrido. En varios países el sí dado por la representación política parlamentaria tampoco era compartido por la mayoría. Y en alguno de los países que no han votado, el no tenía una más que amplia simpatía.
La VI República tiene que abrir puertas y ventanas. Hoy la Justicia francesa no puede decirse, en el sentido estricto de la palabra, que esté politizada. Simplemente, está al servicio del poder. Sus organismos reguladores no son independientes del Ejecutivo. El procesado no puede dirigirse al Consejo Superior de la Magistratura. Ese privilegio queda reservado al presidente, al ministro de Justicia y a los más altos magistrados. Cuando un procesado es víctima de lo que él considera una injusticia, un error o un abuso no tiene a quien recurrir que sea independiente.
Esa misma cerrazón la encontramos en el control del dinero público. La Asamblea Nacional, con sus poderes limitados y, sobre todo, con un 96% de diputados que ejerce otros cargos y no dedica suficiente tiempo y atención a su trabajo de legislador y de control parlamentario, es una asamblea minusvalorada. La VI República pondrá fin a la acumulación de cargos pero también sentará las bases para la transparencia en el control del gasto. De entrada, tal y como ya existe en el Parlamento británico, propondremos que el cargo de responsable de la Comisión de Finanzas sea ejercido por un diputado de la oposición. La abismal deuda pública que hoy arrastra Francia es hija de la inexistencia de un contrapoder y del secretismo y la manipulación con que el Ejecutivo maneja las finanzas públicas respecto a la Asamblea Nacional y la opinión pública. En ese contexto no es extraña la falta de adhesión al impuesto, a una política fiscal que ayude a dar las mismas oportunidades a todos. Los franceses piensan que derrochamos su dinero, que lo malgastamos. Y ahí no se trata de que la derecha sea mejor o peor que la izquierda sino de que nosotros, socialistas, proponemos acabar con un sistema opaco, que crea desconfianza en vez de participación.
Arnaud Montebourg, diputado por Saône-et-Loire y portavoz de Ségolène Royal. Este texto ha sido recopilado en París por Octavi Martí a partir de declaraciones de Montebourg.