El gobierno balear de Francina Armengol acaba de anunciar que va a expropiar temporalmente 56 viviendas a «grandes tenedores» para destinarlas al alquiler social. Una medida de alcance muy restringido, que difícilmente va a solucionar el problema de la vivienda en una región en la que vive más de un millón de habitantes, pero que se enmarca en el modelo de propaganda incesante en el que parecen instalados los actuales gobernantes. Aparte de que se desatienden las graves consecuencias –jurídicas y económicas– que puede acarrear en el futuro esta medida indudablemente cortoplacista.
Para entender los motivos que subyacen tras esta peculiar decisión hay que conocer el contexto en el que se maneja el actual Pacte de Progrés, presidido por la socialista Armengol. Se trata de un Gobierno de coalición formado por un conglomerado de partidos de izquierda y separatismo catalanista que lleva gobernando en Baleares una legislatura y media. Pues bien, entre el 2014 y el 2020, los ingresos de la Comunidad Autónoma (según sus propias estadísticas publicadas) han crecido un 54,6% (de 2673 millones de euros a 4133); los gastos de personal, un 41% (de 1198 millones de euros a 1673); y los gastos generales, un 38,32% (de 2761 millones de euros a 3819). Un récord absoluto para las islas en todos los sentidos, aprovechando la bonanza económica y unos años excelentes de temporada turística.
Pero el supuesto Gobierno de progreso ha sido incapaz de construir –en casi seis años– ni una sola vivienda social. Todo ese incremento presupuestario se ha ido por el voraz sumidero de colocar a la inmensa red clientelar que requiere la pléyade de partidos que integran la coalición gobernante. Y, además, la propia Conselleria de Vivienda lleva años negándose a firmar certificados de descalificación de las antiguas viviendas de protección oficial que van cumpliendo su plazo de vigencia legal (en general, 30 años) con el único objetivo de que no bajen vergonzosamente en las Islas Baleares las ya magras estadísticas de vivienda social durante el mandato de un Gobierno progresista. Privando así a sus actuales titulares de un documento oficial que les acredite como legítimos propietarios de una vivienda de precio libre.
Bien entendido el contexto anterior, procede ahora examinar las particularidades jurídicas de la medida propuesta por el Gobierno de Armengol. Se trata de una expropiación temporal por un periodo de siete años (más o menos lo que les queda de legislatura y la siguiente, ya que todo tiene un fin puramente político) de 56 viviendas pertenecientes a «grandes tenedores», se supone que bancos y fondos de inversión, siguiendo la dinámica populista que caracteriza a este tipo de gobernantes. Con independencia de la actitud ventajista de hacer política social a costa de la vivienda privada cuando ha sido incapaz de construir –y ni siquiera programar– auténtica vivienda pública, disfrutando además de una época de vacas gordas en su inmejorable situación presupuestaria de los últimos años.
El Gobierno balear, en lugar de crear un parque público de viviendas en alquiler para atender a los colectivos más desfavorecidos –a quienes dice representar, siempre con la boca pequeña– o en lugar de estimular la construcción privada de vivienda social mediante una buena política de incentivos fiscales (mantra intocable para la izquierda en general), rebajando impuestos a los constructores y subvencionando a los inquilinos, ha optado por una medida efectista que no va a solucionar realmente nada. Muestra de sus complejos por desatender a algunos de sus votantes mientras nadaba en la abundancia económica durante más de un lustro.
Pero es que, además, la figura elegida presenta notorios inconvenientes legales que van a limitar su ya mermada efectividad práctica, aparte de suponer litigios inevitables con los propietarios afectados. Según lo anunciado por el Gobierno balear, se va a utilizar contra los propietarios la figura de la expropiación forzosa temporal, para luego ceder –se supone que la propia Administración expropiante– esas viviendas expropiadas en arrendamiento como viviendas sociales a personas necesitadas. Pero la expropiación forzosa es una materia de competencia legislativa estatal que, por su incidencia en el contenido esencial del derecho de propiedad, goza de reserva de Ley estatal, según el artículo 53 de la Constitución española.
La profesora de Derecho Civil de la Universidad de Cádiz Cristina Argelich publicó en 2018 en la Revista Catalana de Dret Públic un interesante trabajo sobre las expropiaciones temporales de vivienda, destacando los tremendos inconvenientes que limitan su eficacia práctica. Sostenía que la utilización del mecanismo expropiatorio, en combinación con un arrendamiento posterior por la entidad expropiante, no respeta los principios constitucionales en que se fundamenta la expropiación forzosa, y supone un sacrificio patrimonial no justificado para el sujeto expropiado. Y añadía que el procedimiento de expropiación forzosa –por su propia naturaleza coactiva y confiscatoria– acarrea unas mayores garantías legales que demorarían en exceso este tipo de actuaciones, que no resultarán útiles para atender necesidades urgentes de vivienda de los beneficiarios, de manera que la medida sería más efectista que efectiva.
Proponía como alternativa la profesora Argelich una posible negociación de arrendamientos forzosos por parte de la Administración con titulares de viviendas desocupadas por incumplimiento de su uso habitacional. Pero siempre dentro de un ámbito de negociación con los afectados, que sólo llegaría a la imposición forzosa del arrendamiento –mediante un acto administrativo– en caso de desatención a los requerimientos reiterados de la Administración.
El plan del Gobierno balear parece haberse formulado con evidente entusiasmo propagandístico y notable precipitación jurídica. Y generará, a buen seguro, una ristra de pleitos con los afectados, dado que el procedimiento expropiatorio no tiene la agilidad que precisan determinadas urgentes soluciones habitacionales. Aun así, el titular ya está logrado, con repercusión garantizada incluso a nivel nacional. Objetivo conseguido, en unos gobernantes que hacen siempre prevalecer el populismo sobre la gestión. Nuestra Robin Hood a la mallorquina podrá sentirse satisfecha. Su Gobierno no ha construido en seis años una sola vivienda social, pero va a tener que afrontar 56 pleitos, uno por cada vivienda expropiada. Lo que corresponde a un Gobierno de progreso.
Álvaro Delgado es notario de Palma.