Una sociedad enferma

Parece imposible explicar con sensatez, cordura y calma, la situación de la música, de los músicos y su paso por la Red de redes, en este comienzo del siglo XXI. Mucho ha llovido desde que en 1791, en Francia, se aprobara una ley que consideraba el derecho de autor un derecho de propiedad, reflejando que «…la más sagrada, la más legítima y la más personal de las propiedades, es la obra fruto del pensamiento del autor». Ahora, en España, la propiedad intelectual es la más nimia, la más depauperada y la más cuestionada de las propiedades.

Parece que sólo cuenta la propiedad material, la tangible, la de los objetos. Se han rebasado todas las líneas de alerta y tolerancia posibles. Estamos inmersos en el viaje interminable al que aludía José Saramago.

Ante la avalancha de conflictos provocados por las descargas ilegales, muchos políticos se encogen de hombros, miran para otro lado o se oponen a adoptar soluciones jurídicas acordes con las necesidades de la sociedad digital y la velocidad a la que se circula por internet, tal vez por la pírrica victoria que supone conseguir un incierto puñado de votos, dejando sin protección jurídica a un numerosísimo grupo de personas y empresas que trabajan para mejorar la sociedad y llenarla de cultura y entretenimiento, aportando una sustanciosa cantidad al PIB y al bienestar de los ciudadanos. Desde hace más de 10 años, esta absurda tormenta se ha llevado por delante el 70% del negocio de la música.

Toda la lógica y el sentido común que demanda y aconseja proteger el trabajo y su legítima remuneración, consagrados en la Declaración de los Derechos Humanos, se subvierte en saqueo y desmantelamiento de una industria que se hunde y deja en la calle a artistas, músicos, autores, productores, estudios de grabación, transportistas, tiendas… Una increíble relación de personas y empresas que quedan aparcadas, no porque el mercado no consuma sus productos sino porque grupos de saboteadores, bajo manga, pero visiblemente consentidos, los ofrece gratis.

Se arrugan y tiemblan ciertos políticos, porque cierran un día unas cuantas webs, en muchos casos alimentadas con la venta ilegal de productos robados. Estos sitios son una cienmilésima parte de las más de seis millones de webs activas que funcionan en España en este momento.

Sin embargo, a esos políticos no les importa dejar a los profesionales sin remuneración y sin trabajo, a la mayoría de los artistas independientes sin seguridad social, a los jóvenes sin capacidad para producir y enseñar sus nuevas propuestas, a los estudiantes sin futuro, y a los niños sin perspectivas para pensar dedicarse a cualquier cosa que no sea hacer dinero fácil. ¿Que degeneración hace posible que se acepte cortar el paso a los jóvenes, destruyendo la ilusión de poder dedicarse a la creación, a la innovación, a la investigación…? ¿Qué proponen estos gurús de la gratuidad? ¿Repetir y repetir las obras y actuaciones de archivo durante toda la vida?

El 67% de las producciones discográficas están financiadas por los propios artistas y autores. En un altísimo porcentaje no consiguen resarcirse de la inversión. La gran mayoría de esas grabaciones las utilizan para hacerse conocer. Es una salida válida pero económicamente ruinosa. Y eso que, a las malas, con poco dinero y mucho tiempo, se puede realizar una producción decente pero el marketing y la distribución son caros e inaccesibles para los jóvenes.

Son cientos, miles de artistas, de profesionales de la música los que hoy, casi a escondidas, piden ayuda para llegar a fin de mes, para pagar el colegio de sus hijos, el alquiler y los compromisos económicos contraídos con los bancos, con Hacienda, etc.

Un profundo estudio del sector refleja que sólo el 20% de los artistas y músicos profesionales independientes viven únicamente de los recursos económicos que les proporciona la música, sin tener que complementarlo con otras actividades.¿Quieren más? ¡Ya basta!

Los artistas, los autores y productores, no pedimos protección y trato especial del Estado. Queremos que se respete el derecho y la propiedad para poder ser como los demás ciudadanos.

En España, las ideas, los inventos, las creaciones, son propiedades particulares inalienables, al igual que en el resto del mundo civilizado. Una sociedad que protege más los objetos que las ideas está enferma. No podemos consentir que este disparate social siga creciendo ni un día más.

¿Por qué se acepta la existencia del Tribunal de la Competencia, que no es un órgano judicial, y no se acepta la comisión de propiedad intelectual para que señale a los que roban, solicitando que un juez decida en un tiempo corto? ¿Pretenden algunos que esperemos cinco años (media de los procesos en España) para saber si es ilegal robar? ¿No habíamos convenido que robar siempre es delito? ¿Por qué en el caso de la música, el cine o la literatura, no?

Es imprescindible un equilibrio entre los derechos y los usos, naturalmente. Los artistas y todos los trabajadores de la cultura lo aceptamos y requerimos. Estamos en contra de la censura y de la usura. Somos internautas, adoramos internet y queremos derechos para todos.

También hemos solicitado en innumerables ocasiones un pacto por la cultura a los partidos políticos pero… ni caso.

Los creadores necesitamos seguridad jurídica, igual que el resto de ciudadanos. La misma seguridad a la que apelan las empresas españolas en nuestro territorio, en Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros lugares.

Sé que en la Red, en algunos foros, la palabra creadores suscita risa pero creador es cualquiera que invente, escriba, componga, pinte, o desarrolle un proyecto nuevo, sea cual sea su nivel de calidad, acierto o error. Muchos de esos que critican la palabra también son creadores y tienen derecho a controlar sus obras e interpretaciones y a ser remunerado por ello.

Se nos ha despojado de las palabras que son inherentes a la creación, a la invención, a la investigación: libertad de expresión, derecho a la información…

Ahora resulta que el que reclama un beneficio económico por el rendimiento de su trabajo es un represor o viola la libertad de expresión del que roba. La rueda cuadrada.

Los artistas queremos ser como los demás: trabajar y cobrar por nuestro trabajo. Así lo consagra la Declaración de los Derechos Humanos.

¿Qué pasará con los miles de niños que estudian música? ¿Qué pasará también con los cientos de grupos, orquestas, cantantes, músicos y demás profesionales, si no perciben sus derechos?

El Gobierno, las instituciones, los partidos políticos y demás organismos representativos, no pueden permanecer callados a la espera de que los artistas, vapuleados una y otra vez, sean sus únicos voceros. A los ciudadanos los debe defender el Gobierno. ¿Qué hacen los sindicatos? ¿Por qué no se oye ni una sola voz defendiendo el derecho al trabajo y su justa remuneración? ¿Les estará negado a los jóvenes un futuro como trabajadores profesionales de la cultura? ¿Quién se dedicará a trabajar sin esperar salario a cambio?

Los verdaderos perjudicados con la moderna teoría de la gratuidad son los jóvenes, los niños, y con ellos, todo lo que encierra la investigación, el I+D+i y todo lo que suponga querer dedicarse a crear, innovar, investigar y desarrollar en las artes, en cualquier nivel.

Los foros hostiles a la propiedad intelectual y la legalidad, ponen verdes a Alejandro Sanz, Javier Bardem, Miguel Bosé y otros, por poner las cosas en su sitio y defender los intereses de los que no tienen voz. A mí también me caerá una buena por ser voz de las voces silenciadas, pero ya nada va a ser como era antes. Habrá un antes y un después de la llamada Ley Sinde, se apruebe finalmente o no.

Hay que salir a la calle y mostrar a los políticos que no vamos a tolerar esta permanente violación de nuestros derechos, y demandar de la sociedad la comprensión, el apoyo y el reconocimiento que la comunidad creativa merece.

Hay que reclamar de los medios de comunicación la atención, el espacio y la neutralidad que nuestra comunidad demanda y merece con todo derecho, y hacerles ver que ellos también sufrirán las consecuencias de la bestia social que están contribuyendo a crear, dando cancha mediática a estos círculos de opinión, mientras reproducen con cuentagotas las opiniones de los afectados, tal vez por ganar el favor de la audiencia. Peligrosa operación, ésta, con final pronosticado y cierto.

¿Cómo sostendrán el futuro de sus empresas los medios que alientan la gratuidad de la música, del cine, de la literatura, pretendiendo que paguen por la información?

Difícil situación se plantea, también, para la comunicación si no se ponen las cosas en su sitio.

Ahora es el momento de solicitar a los medios de comunicación posicionarse claramente por el respeto a los derechos, por la legalidad, por la seguridad y la neutralidad, sin negar el espacio que corresponde a los que tengan opiniones diversas y contrarias.

Tanto si la Ley Sinde se aprueba como si no, debemos manifestarnos y salir ya del embotellamiento al que nos han sometido los parásitos de las webs que se lucran con nuestro trabajo sin pagar nada por ello y los usuarios que no quieren cumplir con las leyes y su propia responsabilidad social, devolviendo la parte justa que corresponde a los propietarios de esos bienes que disfrutan.

Este despropósito se llama robo, es antisocial, injusto, y está arruinando a la comunidad creativa. No lo vamos a consentir.

A los políticos que miran para otro lado o están a favor de los ladrones, de la barra libre y la gratuidad en la cultura, les pedimos responsabilidad, decencia, respeto por las leyes, por la propiedad intelectual y el Derecho, que es el mínimo imprescindible para poder ejercer como representantes de la ciudadanía y no destruir el patrimonio artístico intelectual que es lo que define a los pueblos.

Este patrimonio artístico, tangible pero, a veces, invisible, lo componen las grandes obras y todas las pequeñas contribuciones que, en libertad y con garantías, realizan diariamente todas y cada una de las personas que se enfrentan con el futuro y deciden seguir la suerte de sus obras, de sus interpretaciones, dedicándose a crear, aceptando tener éxito o no.

Los políticos que reciben su recompensa económica por su trabajo sin que nadie se la secuestre y/o se la cuestione, deben respetar y defender a sus representados como a ellos mismos.

Se acabó la barra libre y la impudicia jurídica y social.

Luis Cobos, músico y presidente de la entidad de gestión de Artistas Intérpretes y Ejecutantes.

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