Decía Anthony Crosland que el socialismo es un proyecto que define el tipo de sociedad en el que queremos vivir. Para Crosland, un socialista defiende una sociedad caracterizada por la igualdad. En estos momentos, España está muy lejos de este modelo de sociedad, especialmente tras la crisis. Lo que debemos clarificar es a qué nos referimos por desigualdad y cómo podemos combatirla.
La desigualdad económica adopta tres dimensiones: la exclusión social, las diferencias de renta y de riqueza y la igualdad de oportunidades. Cada una de estas desigualdades responde a problemas distintos y exigen medidas diferenciadas: ¿qué ha pasado en España durante estos años?
En primer lugar, todos los datos de exclusión social han aumentado. En 2013, más del 27% de los hogares estaba en riesgo de pobreza, una cifra que se elevaba al 48% en los hogares monoparentales con un niño o más dependientes. En los menores de 25 años, este porcentaje era superior al 35%. Solo nos superaban en riesgo de pobreza juvenil países como Bulgaria, Rumania o Hungría. Y entre los parados, el riesgo de exclusión social estaba cerca del 70%.
Esta situación se refleja en el número de beneficiarios del programa del Gobierno de ayuda alimentaria a los más desfavorecidos. En 2014, 2.230.000 personas se acogieron, cuando en 2008 no llegaban a 930.000.
El combate de la exclusión social tiene dos instrumentos importantes. El primero es una red de protección que impida a las personas perder lo más valioso que tienen: la dignidad. Para ello necesitamos fortalecer los programas de rentas mínimas. Éstas llegan a un tercio de los hogares sin ingresos y varían entre los 662 euros del País Vasco y los 300 euros de Murcia y Ceuta. Necesitamos un programa federal que coordine estas rentas mínimas para que desaparezcan unas diferencias tan abismales entre territorios.
El segundo de los instrumentos es la creación de empleo. O por lo menos eso sucedía hasta antes de la reforma laboral. En estos momentos, dada la precariedad y la desprotección que sufren los trabajadores, tener un empleo no garantiza salir del riesgo de pobreza. No es cierto que “la mejor política social es la creación de empleo”. Así, todos los cambios que establezcan mejores condiciones laborales permitirán reducir la exclusión social.
La segunda de las desigualdades es la diferencia de renta y de riqueza. Los indicadores muestran que esta desigualdad también ha aumentado y los grandes perdedores han sido aquellos que ocupan las posiciones más bajas en la escala social. En 2013, el 20% más rico tenía 6,3 veces más renta que el 20% más pobre, cuando esa cifra era del 5,5 en 2007. Solo Bulgaria, Rumania y Grecia tienen mayores diferencias entre ricos y pobres.
Para corregir estas diferencias necesitamos potenciar los componentes redistributivos de nuestro gasto social. Las partidas presupuestarias que tienen mayor capacidad redistributiva son el gasto farmacéutico, la atención sanitaria primaria y las etapas infantil, primaria y secundaria del sistema educativo. Se trataría de mejorar estos servicios públicos.
Y la tercera de las desigualdades es la movilidad social. El trabajo de Ildefonso Marqués Perales (La movilidad social en España, Catarata) demuestra que en los últimos años la posibilidad de ascender socialmente se ha reducido. Si a principios de los noventa el porcentaje de personas que ascendían de clase era del 52%, en los últimos años esta cifra ha pasado al 44%, una movilidad social ascendente similar a la de los setenta. Esta reducción se debe al paso de una sociedad industrial a una posindustrial. Pero no es el único factor. El sistema educativo, tal y como está diseñado, ha perdido mucha de su capacidad para promover la igualdad de oportunidades.
Finalmente, en estas desigualdades las mujeres son las más afectadas, especialmente en la exclusión social. Y si nos detenemos en la igualdad de oportunidades, aparece una de las desigualdades más invisibles: la territorial.
En definitiva, lo que está en juego es el rostro de la sociedad en la que queremos vivir. Para la izquierda, la desigualdad es el principal caballo de batalla. La aspiración es construir una sociedad en la que los individuos no pierdan la dignidad cuando caen en la pobreza, donde los más ricos no tengan tanta ventaja sobre los más pobres como para abusar de su posición privilegiada y donde cada persona pueda desarrollar el proyecto de vida que desea.
Ignacio Urquizu es diputado del PSOE en las Cortes de Aragón.