La crisis en Hong Kong parece acercarse velozmente a un clímax devastador. El gobierno de China ha comenzado a usar una retórica similar a la que precedió a la masacre de la plaza Tiananmen en junio de 1989, y es muy posible que los manifestantes prodemocracia (y de hecho, la democracia misma) de Hong Kong estén en grave peligro.
Hong Kong lleva más de dos meses alterada por protestas. Nacidas en respuesta a un proyecto de ley que permitiría la extradición de presuntos delincuentes al territorio continental de China, las manifestaciones se convirtieron luego en llamados más amplios a salvaguardar (o, para ser más precisos, restaurar) la democracia semiautónoma del territorio, incluido fortalecer la rendición de cuentas del aparato estatal (especialmente la policía).
Conforme la agitación se prolonga, la paciencia del gobierno chino se agota, y sus advertencias se vuelven cada vez más ominosas. La guarnición del Ejército Popular de Liberación (EPL) en Hong Kong está (en palabras de su comandante Chen Daoxiang) “decidida a proteger la soberanía nacional, la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de Hong Kong”. Como para dejarlo claro, su declaración fue acompañada de un video promocional con militares chinos en acción.
Yang Guang, vocero de la Oficina para Hong Kong y Macao del gobierno chino, se hizo eco de ese sentimiento, al advertir a los manifestantes (a los que llamó “delincuentes”) que no deben “tomar contención por debilidad”. Luego reiteró la “firme determinación” del gobierno de “salvaguardar la prosperidad y estabilidad de Hong Kong”.
Zhang Xiaoming, director de la oficina, dio un paso más, al declarar que el gobierno de China “tiene métodos suficientes y medios lo bastante poderosos para suprimir toda posible agitación (dongluan)”. Esto fue sólo dos meses después de que el ministro de defensa de China sostuvo que la estabilidad de China después de la represión de Tiananmen demuestra que el gobierno tomó la decisión “correcta”.
Las advertencias cada vez más duras a los manifestantes hongkoneses hablan no sólo de un endurecimiento de posiciones, sino también del ascendiente dentro del gobierno chino de figuras que son partidarias de tomar control total del territorio. Y se reflejan en la respuesta de la policía, que ha incrementado el uso de balas de goma y gas lacrimógeno. Cientos de personas fueron arrestadas, y 44 han sido formalmente acusadas de “disturbios”.
Pero lejos de desistir, los manifestantes desafían al gobierno chino con determinación creciente. En julio, vandalizaron el exterior de la oficina de enlace del gobierno chino en el centro de la ciudad. La semana pasada organizaron una huelga general que casi paralizó la ciudad, uno de los nodos comerciales más importantes de Asia. Y contra lo esperable, a la par de esta radicalización, creció el apoyo al movimiento, y miembros de la clase media (por ejemplo, abogados y funcionarios públicos) se unieron abiertamente a la causa.
Dada la ineficacia de sus duras advertencias, la dirigencia china tal vez esté pensando que el mejor modo (incluso el único) de restaurar su autoridad en Hong Kong es por la fuerza; aunque es posible que el presidente Xi Jinping espere a que pasen las celebraciones del 70.º aniversario de la fundación de la República Popular, el 1 de octubre, antes de actuar. Pero una represión al estilo de Tiananmen no es la respuesta, ni ahora ni en dos meses.
En primer lugar, la policía hongkonesa (que cuenta con 31 000 efectivos) no está a la altura de la tarea de ejecutar semejante represión. No sólo carece de personal suficiente; sino que es posible que sus oficiales se nieguen a emplear medios letales. Al fin y al cabo, hay una gran diferencia entre disparar balas de goma a una multitud y asesinar a civiles. De modo que China tendría que desplegar la guarnición local del EPL o transferir desde el continente a decenas de miles de paramilitares (la Fuerza de Policía Armada del Pueblo).
Es casi seguro que los residentes de Hong Kong tratarían a las fuerzas del gobierno chino como invasores y les opondrían la mayor resistencia posible. Los choques resultantes (en los que probablemente habría gran cantidad de bajas civiles) marcarían el final oficial del modelo “un país, dos sistemas”, y el gobierno de China se vería obligado a tomar control directo y total de la administración de Hong Kong.
Destruida la legitimidad del gobierno hongkonés, la ciudad se volvería de inmediato ingobernable. Los empleados públicos dejarían sus puestos de trabajo en masa, y la gente seguiría resistiendo. Los complejos sistemas de tránsito, comunicaciones y logística de Hong Kong serían blanco fácil para rebeldes locales decididos a generar caos.
Después de la represión de Tiananmen, la capacidad del Partido Comunista de China para restablecer el control dependió no sólo de la presencia de decenas de miles de soldados del EPL, sino también de la movilización de los miembros del Partido. Eso sería imposible en Hong Kong, donde la presencia organizacional del PCC es limitada (oficialmente, dice no tener ninguna). Y como la vasta mayoría de los residentes de Hong Kong están empleados en empresas privadas, China no puede controlarlos tan fácilmente como a los continentales, que dependen del Estado para su subsistencia.
Las consecuencias económicas de esa estrategia serían terribles. Algunos dirigentes del PCC tal vez crean que Hong Kong, que hoy equivale a sólo un 3% del PIB chino, es económicamente prescindible. Pero sus servicios jurídicos y logísticos de primer nivel y sus sofisticados mercados financieros, canal de ingreso de capital extranjero a China, valen mucho más de lo que producen directamente.
Si tropas chinas toman la ciudad por asalto, seguirá de inmediato un éxodo de expatriados y élites con pasaporte extranjero o green card, y las empresas occidentales se trasladarán en masa a otros nodos comerciales asiáticos. La economía de Hong Kong (puente crucial entre China y el resto del mundo) se derrumbará casi de inmediato.
Cuando no hay opciones buenas, las dirigencias tienen que elegir la opción menos mala. Aunque el gobierno de China abomine de la idea de hacer concesiones a los manifestantes de Hong Kong, es la decisión correcta, en vista de las consecuencias catastróficas de una represión militar.
Minxin Pei, a professor of government at Claremont McKenna College and the author of China’s Crony Capitalism, is the inaugural Library of Congress Chair in US-China Relations. Traducción: Esteban Flamini.