Una timidez culpable

Es posible que haya tenido solo una resonancia menor en el resto de España, pero el dato es relevante y seguramente también sintomático: 200 afiliados de los comuns en Cataluña han rechazado la previsible convocatoria del referéndum de la Generalitat en sus actuales condiciones legales y, peor todavía, éticas, intelectuales, políticas y culturales.

Desde el poder público catalán no ha existido la menor equidistancia ni neutralidad alguna a la hora de promover ese referéndum porque no se trata de confiar en él sino de exaltar el a la independencia como su resultado necesario y deseable. La voz más expresiva en este contexto fue sin duda la de Anna Gabriel cuando dijo en reunión solemne y sin que nadie la desmintiese (con Puigdemont a la mesa, con el abanderado de la democracia internacional Raül Romeva allí, con la exquisita izquierda independentista de Toni Comín aguantando el chaparrón) que, fuese cual fuese la participación en el referéndum del 1 de octubre, un mayoritario en esas urnas comprometía a la Generalitat a una declaración de independencia inmediata.

Suena literalmente a sabotaje democrático pero es a la vez una exposición limpia y directa —esa es la parte noble de su declaración— de los propósitos de la CUP con respecto a la independencia de Cataluña: será, tanto si la vota una mayoría de catalanes como si no. Esa imperfección democrática es jerárquicamente secundaria para una vanguardia política más cercana a la acción directa que a la lógica contable de un independentismo parlamentario mayoritario que a la vez es minoritario en votos.

Desde hace años he sido partidario de un referéndum como mecanismo para desencallar el problema español que significa Cataluña hoy, además de ser un problema para catalanes, por descontado. Hoy es inviable, o es inviable en las condiciones actuales de abuso de poder sobre la oposición parlamentaria en Cataluña, que no es exactamente residual.

El hecho de que desde Comuns se hayan movilizado algunos cuadros relevantes (y algunos de ellos muy nacionalistas) para expresar su rechazo a esta convocatoria es decididamente significativo: ni siquiera la izquierda a la izquierda de los socialistas se ve con ánimos de respaldar esa convocatoria porque incurre en un evidente estrangulamiento de los derechos democráticos.

Al mismo tiempo, sin embargo, Pedro Sánchez reclama a menudo a Mariano Rajoy una forma de movilización, ni que sea tímida o de paso plúmbeo, que contribuya a encontrar alguna forma de salida política negociada a través del diálogo. Resuena un punto demasiado evasivo ese diálogo, o no parece llevar detrás una ofensiva política con pesos y medidas, y tampoco parece realmente creíble hoy un movimiento político significativo por parte del Gobierno.

Menos previsible es todavía tras la incongruencia democrática en que ha incurrido el Govern al cesar un día a un conseller simplemente sincero en sus dudas, y al día siguiente cesar a tres de una tacada por sus sospechosas vacilaciones íntimas (y por pertenecer todos, por cierto, al partido del propio Puigdemont: esta vez la purga ha sido perfectamente respetuosa con los modos clásicos de los tiempos heroicos). Por ningún lado parece haber solución fácil al conflicto, que dispone entre dos y tres meses más para acelerar el enconamiento con el 11 de septiembre como punto máximo de calor popular.

Hay a la vez una verdad bastante segura: no existe una posición públicamente fuerte y cohesionada por parte de quienes no queremos la independencia de Cataluña (por considerarla empobrecedora económica y culturalmente, e incluso políticamente desleal). Nos expresamos de forma casi siempre personal, testimonial, reactiva y un tanto desesperada, como si no hubiese modo de establecer las condiciones de un pacto de mínimos sobre una solución no solo democrática sino de medio plazo, capaz de asumir la nueva realidad social y política gestada en Cataluña desde la crisis de 2008, la campaña anticatalana del PP y la sentencia sobre el Estatut de 2010.

Las posiciones de los partidos no independentistas son distantes sin duda en muchos temas pero es probable que el principio de realidad aconseje a buena parte de los miembros de las ejecutivas de PSOE, Podemos, Comuns (IC, Ada Colau, etcétera) una actitud más proactiva y menos inercial, capaz de presionar tanto a un Gobierno como al otro. Puede que muchos fabulen ya con la convocatoria de una comisión, una mesa política o un algo que sirva para acordar sin rencor ni revanchismo contra la Generalitat (ni contra el Gobierno de Rajoy) una alternativa económica, electoral, financiera, política que contraste de frente con la mera acción judicial del Estado.

No existe hoy esa exhibición programática en forma pública, y hasta da la sensación de que esos 200 afiliados de los comuns emiten un mensaje al aire o a la nada, sin interlocutores que asuman lo que tiene de petición de auxilio. Esos 200 creo que están pidiendo al resto de España aliados y alianzas, políticos y mediáticos, más allá de la actuación jurídica contra la Generalitat: están pidiendo una forma de pacto sin brigadas aranzadis y sin tacticismos excesivos que interiorice que el problema de los 200 es un problema de poder en y para España.

La propuesta de un conjunto de iniciativas o el mero atisbo de una tentativa de ensayo de medidas viables (¡!), puede ser el mejor instrumento de confianza para quienes no tienen hoy otra opción que deplorar tanto a un Gobierno como al otro.

El campo está libre para llenar ese vacío con propuestas políticas complicadas y de ardua negociación como sin duda lo serían la renovación federal del Estado, posibles pactos de nueva autonomía, compromisos creíbles de solidaridad y a la vez linealidad fiscal. Una comisión multipartita convencida de su oferta de doble sentido, a España y a Cataluña, de acuerdo con la realidad de hoy está todavía por probar, sobre todo si renuncia a la fantasía de creer que esto va a desinflarse como el clásico suflé.

El respaldo social a esos 200 de Comuns existe; lo que no existe es la cristalización política y mediática de un espacio político tan tímido que ha cedido el protagonismo a dos confortables posiciones extremas: el independentismo unilateral (perdedor) y la estrategia judicial del Estado (vencedora). Es la perfecta combinación catastrófica para que no cambie nada, o nada para bien.

Jordi Gracia es profesor y ensayista.

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