Una Unión Europea de mirada larga

En los pasillos de Bruselas suele usarse un ejemplo para explicar cómo funciona la Unión Europea: es como organizar una cena de Navidad con parientes de distinto grado. Hay que acordar el lugar, el día, la hora y el menú, y decidir si la cuenta se paga a escote o se divide proporcionalmente. Cada año alguien amaga con levantarse de la mesa si algo no le gusta y el resto de la familia hace concesiones para mantenerse unida. La supervivencia del vínculo nos ha llevado, a veces, a una Europa de mínimos. Ahora tenemos la obligación de responder con firmeza a la crisis desatada por la pandemia de la covid-19.

Sobre la mesa, el plan de recuperación propuesto por la Comisión Europea: un fondo de 750.000 millones de euros —500.000 millones en transferencias directas— que tendrá que superar las reticencias de los países frugales, liderados por Países Bajos, en el Consejo Europeo de hoy y mañana, 17 y 18 de julio. La tarea no está siendo fácil. La semana pasada, el presidente de la institución, Charles Michel, presentó una “caja de negociación” para intentar acercar posturas. La propuesta incluye malas noticias: una reducción del presupuesto plurianual 2021-2027 que afectaría notablemente a la PAC; la obligación de los Estados de presentar planes de inversión y reformas que deberían ser aprobados por una mayoría cualificada de los Gobiernos de la UE (un filtro político); una ligera modificación de los criterios de reparto y un estrecho margen para empezar a devolver la deuda emitida (2026, dos años antes de lo propuesto por la Comisión).

La pandemia no ha causado solo una emergencia sanitaria global y una sima económica: ha sido una lente de aumento de vulnerabilidades domésticas y europeas ya existentes. La respuesta pasaba por desplegar mecanismos de protección inmediata de la ciudadanía, suspender el techo de déficit y gasto público de los Estados y basar la reconstrucción en dos grandes transformaciones: la lucha contra la crisis ecológica (con un objetivo de neutralidad climática en 2050) y el cambio de modelo productivo (con la reconversión de áreas industriales, la digitalización y la regulación de grandes tecnológicas).

El Gobierno de coalición ha defendido que las medidas que se adopten persigan la justicia social. Los mínimos de la última crisis dejaron nuestro Estado de bienestar como la casa del primero de los tres cerditos: hecha de paja y a merced de un soplido. Los Gobiernos del PP nos alejaron de la media de gasto social de la UE y nos convirtieron en el séptimo país con mayor tasa de pobreza (26,1%), el tercero con mayor porcentaje de trabajadores pobres (12,9%) y el segundo en pobreza infantil (uno de cada tres niños).

Esto no puede volver a ocurrir. Ninguna salida a la crisis puede desproteger de forma tan salvaje a las mayorías sociales y a los colectivos más vulnerables. Por eso el Gobierno de España activó rápidamente un escudo social que incluye el ingreso mínimo vital, los ERTE, la garantía de suministros básicos y la ampliación de subsidios por desempleo. Por eso defendió que el paquete europeo fuese mucho mayor, estuviese financiado con deuda compartida y contemplase más transferencias que préstamos. La condicionalidad del fondo debe ser la de priorizar la inversión en servicios públicos, lograr una recuperación inclusiva, perseguir la justicia fiscal y acompasar la devolución a un crecimiento económico sostenido y sostenible.

El virus nos ha enseñado, como escribe Albert Camus en La peste, que “la plaga no está hecha a la medida del hombre”. No está hecha a la medida de sus unidades políticas (los Estados) ni temporales (legislaturas de cuatro o cinco años). La supervivencia de las democracias liberales dependerá de nuestra capacidad para fijar compromisos comunes a largo plazo, que rijan la actividad política sin importar quién tenga el poder en cada momento. ¿De qué otra manera cabe afrontar la crisis climática, que también causará disputas internacionales por la escasez de recursos?

Otros dos factores deben marcar las políticas públicas de los próximos años: el fin del “consenso permisivo” tras la anterior crisis, con una llamada inequívoca a democratizar la toma de decisiones, y el enfoque de género en todos los ámbitos. En esta crisis, la mayoría de las personas que han estado en primera línea han sido mujeres, a menudo en actividades no remuneradas o precarizadas: el 76% del personal sanitario, el 82% del personal de caja, el 93% del personal docente y cuidador de escuelas infantiles y el 95% del personal de limpieza y ayuda doméstica de la UE. Hablar de la economía de los cuidados, de la feminización de la pobreza y de la brecha salarial y de las pensiones es imprescindible para afrontar una recuperación inclusiva.

La pandemia nos ha forzado a entender que las crisis sanitarias, el desastre ecológico, la desigualdad estructural o la transformación de nuestros sistemas productivos no tienen la dimensión de los Estados nación. Las grandes decisiones que nos esperan no pueden reducirse a un juego de suma cero donde se equilibren las ganancias y pérdidas de cada país. No si creemos en una Europa de mirada larga, con un proyecto más allá del mínimo imprescindible para sobrevivir.

Iratxe García es presidenta del grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo y María Eugenia R. Palop es jefa de delegación de Podemos en el Parlamento Europeo.

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