Una verdad incómoda

Todos sabemos que donde no hay soldados capaces de una disuasión eficaz, no hay paz; donde no hay paz, no hay imperio de la ley, y donde no impera la ley siempre están ausentes la libertad, el progreso material y la justicia. Esta verdad permanente, con cuantos matices o reflexiones que queramos introducir, resulta ser también una verdad incómoda. Habría que añadir que el olvido de tal verdad, sea de forma deliberada o inconsciente, es cuando menos inquietante, porque arriesga lo que merece la pena ser defendido con absoluta convicción e integridad moral: España. Es decir, Europa, nuestra libertad, nuestra concepción dialogada y abierta de la convivencia, nuestros intereses y, en última instancia, nuestras propias vidas.

De lo anterior se siguen dos consecuencias. La primera es que nuestros soldados, nuestros guardias civiles, nuestros policías, todos cuantos en suma se ocupan de disuadir a nuestros enemigos (quizás la incomodidad radique en tener que reconocer su existencia y en aceptar que la violencia y la brutalidad habitan, junto a la razón, en el alma humana) merecen el respeto, el honroso reconocimiento y la gratitud que los españoles les tributan. Si, como dijera Cicerón, somos esclavos de las leyes para ser libres, añadamos sin dudarlo que somos soldados también y precisamente para ser libres.

La segunda consecuencia es la necesidad de una industria tecnológica capaz de hacer creíble la disuasión de la que venimos hablando y eficaz la capacidad de combate de nuestros soldados, así como la capacidad de acción de nuestros guardias civiles y de nuestros policías, para cuando sean necesarias. En estos asuntos no caben las improvisaciones si queremos tener, llegado el caso, un pararrayos fiable y tecnológicamente puntero al alcance de nuestra soberanía estratégica, la propia y la compartida. Aceptar esto es también incómodo para una sociedad acostumbrada a la adormecedora molicie de la recompensa inmediata y renuente por ello al esfuerzo de largo alcance. Despertemos, precisamente por eso es necesario hablar con claridad y perspectiva, porque si aceptar la realidad es a veces incómodo, eludirla es, desde luego, una muy confortable irresponsabilidad.

La comodidad de mirar para otro lado cuando de la seguridad nacional se trata explicaría la superficialidad, incluso la frivolidad, con la que en ocasiones tratamos entre nosotros estos asuntos. Lo explica, pero no lo justifica en absoluto. Las inversiones en defensa son el precio de nuestra libertad, un presupuesto insoslayable de la estabilidad que requiere nuestra economía y una expresión exacta de nuestro compromiso con el mundo. Y desde luego caben opiniones, pero ninguna broma. La pretensión de eludir el pago de esa obligación en el momento adecuado tiene siempre un coste de oportunidad muy superior al precio mismo.

La buena noticia es que la industria española de defensa y seguridad, aeronáutica y espacio es una realidad que representa en términos económicos el 1% de nuestro Producto Interior Bruto y el 6% de nuestro Producto Interior Bruto Industrial, exporta el 80% de su facturación y es responsable del 7,6% del total del gasto español en innovación, proporcionando empleo muy cualificado a más de 51.000 profesionales. Gracias, precisamente, a la calidad técnica y humana de todas esas personas, a su esfuerzo, a su creatividad y a la excelencia de su trabajo, estamos presentes con brillantez en todos los ámbitos –tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio– y podemos afirmar, con modestia desde luego, pero con toda razón al mismo tiempo, que somos imprescindibles globalmente en nuestros campos de actividad. Solo como ejemplos no exhaustivos, la mitad de los aviones que vuelan en el mundo usan tecnología de origen español, al igual que los radares más sofisticados para la detección y el control de la basura espacial. Los más avanzados sistemas de control de tráfico aéreo en el mundo son españoles, como también algunos de los ingenios espaciales que llegan a Marte.

El error de no mantener y cuidar el tejido industrial de primer nivel que hemos construido entre todos sería algo más que lamentable, iría contra la reindustrialización española y europea, objetivo del conocido programa Horizonte 2020, tendría consecuencias dramáticas para nuestro empleo y nos privaría del conocimiento tecnológico imprescindible para impulsar nuestra economía, al mismo tiempo que minaría nuestro crédito como nación a la hora de compartir con nuestros aliados las responsabilidades de seguridad que nos atañen y un entorno óptimo para la atracción de inversiones que aprecian la seguridad jurídica a la hora de tomar decisiones. Además, porque la realidad es tozuda, acabaríamos teniendo que adquirir en el exterior las capacidades que ahora generamos nosotros, que seguramente serían más caras y nunca de vanguardia.

Se trata, desde luego, de ofrecer a nuestros soldados, policías y guardias civiles, la posibilidad de contar con los mejores recursos, conforme al estado de la técnica y las disponibilidades financieras de cada momento, para desarrollar su trabajo con eficacia y con la mayor seguridad personal posible, en un entorno de máximo riesgo, por antonomasia, voluntariamente asumido en beneficio de todos nosotros. Solo hacen falta políticas industriales adecuadas y una demanda estructurada y suficiente para cumplir todos los objetivos enunciados.

Las empresas estamos comprometidas con nuestro papel, tanto en el conjunto del futuro industrial español como en el de la seguridad nacional. Hay que prevenirse contra los nuevos riesgos; desafíos que son globales y demandan integración, no disgregación. Se está avanzando con las ideas claras hacia una estrategia europea de defensa, sin dejar por ello de reforzar la alianza transatlántica y necesitamos que la sociedad española entienda y participe de la necesidad de proteger sus valores e intereses, lo que comporta un esfuerzo que nos atañe a todos personalmente, por más incómodo que pueda resultar.

Somos una sociedad madura que no va a renunciar a su estabilidad, ni a defender sus intereses, ni a compartir sus valores. ¿No será que ha llegado el momento de consensuar una política de defensa y seguridad común, responsable y generosa? ¿No será, pues, el momento de asumir desacomplejadamente la responsabilidad de nuestra propia seguridad?

Adolfo Menéndez Menéndez, presidente de la asociación Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Aeronáutica y Espacio (TEDAE).

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