El sábado 26 de enero una manifestación recorrió las calles de Bilbao. Estaba convocada por los tres partidos que conforman el Gobierno vasco. Una manifestación liderada por el propio lendakari. Una manifestación para expresar la repulsa por la sentencia del Supremo condenando a Juan María Atutxa, a Kontxi Bilbao y a Gorka Knörr, miembros en su día de la Mesa del Parlamento vasco.
Toda decisión judicial es criticable en democracia. Incluso las del Tribunal Constitucional, como hacen algunos analistas en el caso de la sentencia de este tribunal que mantiene la constitucionalidad de la ley de partidos políticos. La sentencia del Supremo en el caso que nos ocupa es susceptible de recurso ante el Constitucional, y los condenados han afirmado que recurrirán.
La primera pregunta que es obligado formular es la de si, sentada la posibilidad de la crítica, una institución del Estado puede liderar una marcha contra otra institución del Estado. El lendakari es el representante ordinario del Estado en Euskadi. Y lidera una marcha contra otro elemento sustancial de ese mismo Estado que representa: el sistema judicial. Que el PNV critique la sentencia entra dentro de lo posible. Que el representante ordinario del Estado encabece una manifestación contra una sentencia del Tribunal Supremo es difícilmente comprensible. A no ser que no se considere representante ordinario del Estado cuyo sistema judicial está criticando. Pero, en este caso, ¿no debería dejar el poder que solo puede ejercer legítimamente como institución del Estado, para poder así, con toda libertad, arremeter no solo contra el sistema judicial, sino contra el Estado mismo?
El lema de la manifestación rezaba: Para defender nuestras instituciones. Los convocantes entienden que la sentencia del Supremo ataca la institución Parlamento vasco. Pero, en realidad, lo que condena es la actuación de tres miembros de la Mesa del Parlamento vasco, una actuación que impide que se cumpla, en ejecución de sentencia, la orden del Supremo de disolver el grupo parlamentario de Batasuna, no de quitar su condición de parlamentario a cada uno de los que conforman tal grupo. ¿Quién conforma la institución Parlamento vasco? Según los convocantes, los tres condenados. No el conjunto de los parlamentarios. La sentencia del Supremo no anula ninguna ley del Parlamento vasco. No niega a este la capacidad de decidir en todo aquello que le corresponde según el marco jurí- dico de convivencia que rige en el Estado. ¿O es que los parlamentarios del PSE y del PP no son parte de la institución Parlamento vasco?
Pero además, el lema de la manifestación significa que el sistema judicial no es una institución nuestra. Al parecer, ni siquiera el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que en más de una ocasión ha sentenciado en contra de la Diputación Foral de Vizcaya en cuestión de ofertas públicas de empleo o en designación de jefaturas de servicio, defendiendo así los intereses de los funcionarios vascos, de los trabajadores vascos, de los ciudadanos vascos.
Las argumentaciones jurídicas y las políticas se han mezclado a lo largo de toda esta desdichada historia. Por un lado, los imputados se han defendido diciendo que no les era posible cumplir con la orden del Supremo. Pero, por otra, han argumentado permanentemente diciendo que cumplir con esa orden implicaba renunciar a la soberanía que le es propia al Parlamento vasco, a una institución surgida de la voluntad popular. La argumentación política anula la jurídica. El propio Atutxa ha declarado en una entrevista reciente que lo que pretendía el Supremo era que él agachara la cabeza. Cumplir sentencias es agachar la cabeza. Cumplir las leyes es agachar la cabeza. Cumplir las normas de convivencia es agachar la cabeza. Tampoco los cardenales Antonio María Rouco Varela y Agustín García-Casco quieren agachar la cabeza. Y muchos demócratas lo critican. ¿Qué comprensión de la democracia, del Estado de derecho, se pone de manifiesto en esa opinión de que cumplir con las sentencias significa agachar la cabeza, como si fuera algo denigrante para la persona? ¿No la agachamos cumpliendo un deber cívico, siguiendo la virtud cívica, cada vez que pagamos impuestos?
La argumentación de Atutxa --en defensa de la autonomía o soberanía de una institución surgida de la voluntad del pueblo, el Parlamento vasco-- parece implicar que esa autonomía, esa soberanía, está por encima de la ley, de las sentencias, por encima del derecho. Pero la voluntad popular no sometida al imperio del derecho y de la ley es la puerta de entrada de todos los fascismos y los totalitarismos.
En el comunicado leído tras la manifestación se afirma que la sentencia es un ataque contra el pueblo vasco. En la manifestación había unos 50.000, según los cálculos más favorables a los manifestantes, 35.000, según otros más imparciales. No estaba todo el pueblo vasco si por tal entendemos al conjunto de la sociedad vasca. Sí estaba todo el pueblo vasco si por tal entendemos a los vascos de verdad según el nacionalismo, dejando fuera a los vascos que sienten las instituciones estatutarias como propias, más incluso que los nacionalistas, sin que ello les impida sentir también como propias a todas las instituciones del Estado, incluido el sistema judicial.
Joseba Arregi, presidente de la asociación cultural Aldaketa.