Unas proclamaciones

Querido J:

Sabrás que el presidente Mas ha convocado elecciones el día 27 de septiembre. Nunca hubo una antelación semejante. También la fecha es rara. Obliga a una precampaña en agosto. Y septiembre no es un mes enteramente hábil -aún hay gente de vacaciones- aunque justo es reconocer que enteramente hábil en España solo se da este bendito período que va desde el fin de la Navidad hasta Semana Santa. En Barcelona, además, la fecha está al fondo del puente de la Mercè. Sobre todo ello Francesc Moreno ha escrito un perspicaz artículo en Crónica Global. Este párrafo: «[La fecha] es una burla a la democracia que no ha sido suficientemente valorada ni por los partidos políticos, ni por los medios de comunicación. Es una obligación institucional fomentar la participación. No hacerlo, y lo que es peor, discriminar a una parte de la población poniendo obstáculos a la participación de los que se cree menos adeptos es pura y simplemente antidemocrático. Y debe ser combatido. Legal y políticamente.» Ningún partido se ha puesto aún a la tarea.

Unas proclamacionesLa rareza de las elecciones debe incluir, obviamente, la naturaleza plebiscitaria que los secesionistas han querido darles. Las elecciones no le servirán para justificar sus planes ante ninguna instancia política, ni local ni universal, salvo la de su vertiginoso ombligo. Pero es probable que ese carácter dual disminuya las precarias garantías de pluralidad informativa. Hace algunos meses, y ante la posibilidad del adelanto, nuestro común amigo Xavier Pericay ideó una respuesta radical e imaginativa: «Si Mas finalmente adelanta los comicios tras haber llegado a un acuerdo con una o más fuerzas para convertir unas autonómicas en unas plebiscitarias, lo que debería hacer Ciutadans -y el PP y lo que quede del PSC- es no presentarse y promover, en cambio, una abstención activa. No se puede ser parte de un fraude. Ni en broma.» Yo escribí entonces que era una inteligente propuesta, aunque tenía el peligro de legitimar la facultad presidencial de convertir en plebiscitarias unas elecciones convencionales. Comprendo que para un partido político patrocinar la abstención es un acto contranatura. Comprendo que los partidos viven -legalmente- de la subvención por escaño. Pero los partidos constitucionalistas deberían plantearse seriamente esta respuesta, no ya por el carácter plebiscitario, sino por la posibilidad de que en la larga campaña se rompan todos los diques de la práctica y de la dignidad democráticas.

Sin embargo, ni la fecha ni su carácter ni sus ínfimas garantías son la principal y más desmoralizadora rareza. La excepcionalidad máxima está reservada a la situación jurídica que vive el presidente Mas: la de imputado por un grave delito de desobediencia, que supondría su inhabilitación. Ya sé que no lo parece. Y para que veas que no lo parece prueba a poner en google «Mas, imputado». Pero por más que la prensa amiga y la idiota se guarden muy mucho de aludir a su condición, lo cierto es que el presidente está imputado de graves delitos por el fiscal general del Estado al que representa. El agrio debate español sobre la ejemplaridad política ni siquiera le ha rozado. Todo el mundo da por bueno, y por indiscutible, que siga siendo presidente de la Generalidad. La ley se lo permite, pero es extraño que ningún miembro de esa tropa populista que dice que con la ley no basta se haya referido a su caso.

Los ciudadanos y los partidos políticos deberían plantearle a la Ley, y a sus agentes, una exigencia: que antes del 27 de septiembre el Tribunal Superior de Cataluña decida si abre juicio oral contra el presidente y los otros miembros imputados de su gobierno. Desde el punto de vista técnico la decisión puede tomarse sin mayor problema. Todos los hechos están encima de la mesa, documentados, y su investigación parece una forma de la retórica. Incluso está documentada la propia responsabilidad del presidente, y por una fuente imbatible, que es él mismo. Nunca habrá que olvidar aquel domingo democráticamente siniestro y su detente bala: «Si la Fiscalía quiere conocer al responsable de abrir los colegios, soy yo.»

Los maltratados ciudadanos de Cataluña tienen derecho a saber si hay indicios (al menos los indicios que proceden de la apertura o no de un juicio oral) de que el principal de los candidatos que van a votar sea un desobediente institucional. Ya comprendo que todo esto no es importante para los independentistas. Ya ha habido uno que dijo que no le importaría que fuera un asesino o un pederasta el que trajera la independencia a su sojuzgada patria. Pero para las personas que siguen considerando que la ley es la primera patria la decisión que tomen los magistrados es importante y es imprescindible que la tomen antes de que se vote. Si archivan el caso, porque será bueno saber que al presidente no se le puede llamar desobediente; teniendo en cuenta lo que se le puede llamar, no deja de ser un alivio. Y si abren juicio oral, porque no tendrá más remedio que renunciar a presentarse a las elecciones, lo que sería un alivio mayor. Ya sé que en este último caso puede que trate de eludir la justicia mediante la política, que es lo que le enseñó a hacer su mentor. Pero no hay mayor problema, porque es lo que tratará de hacer igualmente si los magistrados no se manifiestan antes del 27.

Tanta rareza, lo sabrás, solo puede conducir a una consecuencia. Que, en realidad, no se trate de unas elecciones.

Sigue con salud

Arcadi Espada

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