Unidos y desintegrados

Millones de personas en todo el mundo miraron por televisión los logros atléticos en los Juegos Olímpicos de Sochi y los retratos majestuosos de la historia y la cultura rusa en las ceremonias de apertura y clausura. Pero el costo fue inmenso; la presunta corrupción, desalentadora, y el contraste con la situación política en la vecina Ucrania, alarmante.

Después de estar dispuesto a firmar un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, el ex presidente ucraniano Viktor Yanukovych optó, en cambio, por estrechar sus vínculos con Rusia, luego de una gigantesca presión del Kremlin, así como de una promesa de 15.000 millones de dólares en financiamiento. El resultado de esta decisión fueron tres meses de protestas y disturbios. Una votación parlamentaria despojó de poder a Yanukovych, un amante de la buena vida, y el hombre decidió huir a Rusia. La situación sigue siendo tensa y elocuente. Tropas rusas han ocupado Crimea, y los líderes europeos y estadounidenses están amenazando con imponer duras sanciones a Rusia si no respeta la soberanía de Ucrania.

Sin embargo, la desunión de Ucrania es evidente. El este de Ucrania tiene vínculos lingüísticos, culturales y económicos estrechos con Rusia, mientras que el oeste de Ucrania se inclina más hacia la Europa continental. Algunas regiones de Ucrania históricamente han sido parte de Rusia, Polonia o el Imperio Otomano. Pedro el Grande, cuya occidentalización de Rusia en el siglo XVIII quedó retratada en Sochi, combatió a los tártaros de Crimea, muchos de cuyos descendientes fueron enviados por Stalin a otras partes de la ex Unión Soviética. Algunos temen que Ucrania pueda dividirse.

Un Acuerdo de Asociación con la UE podría ser una ayuda enorme para la economía ucraniana. Cuando economías más pequeñas ganan acceso a un mercado mucho mayor, los volúmenes comerciales se expanden y los salarios aumentan, y hay una pequeña parte de la expansión comercial que se desvía de otros países (una de las preocupaciones de Rusia).

Pero, más allá de los réditos directos del comercio, un pacto de esta naturaleza conlleva la promesa de generar y acelerar la transformación de la economía y la política de Ucrania. Competir por consumidores más refinados de la UE obligaría a los productores ucranianos a mejorar su competitividad aumentado la productividad, el control de calidad y las capacidades de comercialización y logística. Con el tiempo, los productores ucranianos pasarían a ser parte de una cadena de suministro integrada con los productores de la UE.

Canadá y México experimentaron una transformación de esta índole por el Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá de 1987 y el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica de 1994. En promedio, el 40% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos ahora tienen contenido estadounidense.

Pero los acuerdos de libre comercio presuponen la existencia de fronteras políticas establecidas, y Ucrania no es el único país que podría dividirse. El Reino Unido, Canadá, España, Irak -y hasta el estado norteamericano de California-, entre otros, enfrentan una posibilidad similar, más o menos remota. Lo que todas estas situaciones tienen en común es una amplia diversidad de intereses culturales, étnicos y económicos.

Escocia, por ejemplo, tiene mucha autoridad local, pero debatirá la independencia en una votación en septiembre. Los secesionistas se remontan a la brutalidad inglesa del siglo XVIII y sostienen que Escocia podrá conservar todo su petróleo del Mar del Norte y deshacerse de su porción de la deuda del Reino Unido. En realidad, es probable que ambas cosas se compartan. Quienes prefieren seguir siendo parte del Reino Unido citan una pérdida de mercados, una posible pérdida de la libra esterlina y una menor relevancia en el escenario europeo y mundial. La apuesta es que los escoceses voten para quedarse.

En España, algunos catalanes episódicamente reclaman independencia, como lo han hecho algunos flamencos en Bélgica y algunos residentes de Quebec en Canadá. Irak periódicamente está a punto de separarse en estados suníes, chiitas y kurdos (los kurdos ya tienen una considerable autonomía).

En California, cada una o dos décadas, salen a la superficie propuestas para separar el estado en una California del Norte y una California del Sur. El sur más árido y poblado tradicionalmente ha sido más conservador en términos políticos que el norte (Los Ángeles es una excepción). El desvío de agua en un año difícil de sequias, junto con la propuesta del gobernador Jerry Brown de nueva infraestructura masiva para enviar agua al sur, ha agravado las tensiones.

Tim Draper, un prominente inversor de capital de riesgo, quiere incluir una propuesta en la boleta electoral para dividir a California en seis estados separados. (California suele tomar grandes decisiones -desde limitar los impuestos a la propiedad hasta restricciones predecibles en el gasto del estado- por iniciativas que se dirimen en las urnas). Aún si la iniciativa propuesta por Draper cumple los requisitos y es aprobada, exigiría aprobación del Congreso de Estados Unidos, cosa que es improbable.

¿Qué responsabilidades se les deberían asignar principalmente a los individuos que actúan dentro de mercados, familias y comunidades, y cuáles recaen en el gobierno? ¿Y en qué nivel de gobierno –federal, regional, municipal o supranacional- se ejercen estas responsabilidades?

Estos son interrogantes atemporales; pero, en una era de comunicación expandida e instantánea, las burocracias centralizadas y de gobierno intervencionista cuando menos rechinan. La gente quiere un gobierno más efectivo y más costeable que responda a sus preocupaciones, y exige que las decisiones se descentralicen.

Tal vez estemos en las etapas tempranas de revertir la tendencia hacia aumentos en la dimensión, el alcance y la centralización del gobierno, una era en la cual la autoridad se transfiere a contextos más localizados, más cercanos al lugar donde vive y trabaja la gente. Cada vez más y más personas parecen no estar dispuestas a guiarse por los procesos de toma de decisiones del gobierno actual. Incluso con un régimen mayoritario democrático, las minorías creen que sus intereses y derechos –económicos, culturales o religiosos- no están siendo protegidos. La proliferación de pedidos de devolución, secesión e independencia es sólo una manifestación de este cambio tectónico.

Michael J. Boskin is Professor of Economics at Stanford University and Senior Fellow at the Hoover Institution. He was Chairman of George H. W. Bush’s Council of Economic Advisers from 1989 to 1993, and headed the so-called Boskin Commission, a congressional advisory body that highlighted errors in official US inflation estimates.

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