La legislatura actual del Parlamento Europeo será juzgada probablemente por sus resultados sobre el proceso de unión energética lanzado por la Comisión Europea en febrero de este año. El objetivo último es proporcionar a los consumidores y empresas energía segura, limpia y a coste competitivo y razonable. Para ello se plantea una transformación del sistema energético que contribuya a la lucha contra el cambio climático al mismo tiempo que se integra el mercado europeo de la energía.
En el campo de la energía la amenaza de Rusia a la seguridad del suministro en Europa puede tener un efecto catalizador para la unión energética, tal como lo tuvo la crisis financiera para impulsar la unión bancaria. Así como se realizan pruebas de solvencia para los bancos están en marcha también test similares para ver como ciertos países y la UE se verían afectados por la interrupción del suministro ruso.
La Unión Europea (UE) es muy dependiente de fuentes externas de energía. Las amenazas a la seguridad del suministro de gas por parte de Rusia (que representa casi un tercio de las importaciones europeas, de las cuales la mitad pasan por Ucrania) y la inestabilidad política en el norte de África y Oriente Medio han puesto sobre el tapete la vulnerabilidad europea. Y aquí no se acaban los problemas. Los precios que pagan la industria y los consumidores por la electricidad o el gas se multiplican en relación con Estados Unidos. Un porcentaje notable de consumidores tienen problemas para pagar la factura energética. Los mercados no están integrados y existen islas energéticas (como los países bálticos o la península Ibérica). Europa es líder en energías renovables pero el coste asumido en subsidios ha sido enorme. Además, tenemos 28 reguladores de los mercados energéticos y cada país tiene su política energética. Por ejemplo, Francia depende de la generación nuclear, mientras que Alemania quiere reemplazar rápidamente la energía nuclear y la de los combustibles fósiles por renovable mientras debe aumentar su consumo de carbón. Además, cada país trata con los suministradores externos de manera separada, disminuyendo de esta manera su poder de negociación. Así Rusia puede desarrollar una táctica de divide y vencerás frente a los países europeos. Bruselas no tiene autoridad supraestatal en este campo como la tiene en comercio exterior.
Las ventajas de un mercado integrado y de una política común en Europa son evidentes. Para empezar, la interconexión de los mercados los hace más estables. En efecto, cuando en Alemania el viento flaquea, la energía solar del sur de Europa puede suplirlo, y en caso contrario la potencia nuclear francesa puede entrar en acción. Asimismo, un mercado integrado permite tener empresas mayores sin poner en peligro la competencia. Empresas más grandes a escala europea pueden asegurar el suministro a un coste menor en los mercados internacionales, en particular si la UE tiene una política energética coordinada. Finalmente, una política común parece el único camino para encarar las grandes inversiones en infraestructuras y en I+D que el reto de descarbonizar la economía europea plantea.
El plan de la Comisión para lanzar la unión energética es un catálogo de buenos propósitos. La seguridad del suministro se pretende asegurar con la diversificación de las fuentes y una respuesta más coordinada delante de una crisis con mecanismos de compra conjunta de gas, y que la Comisión esté informada de las negociaciones bilaterales con países terceros. La consecución de un mercado integrado de la energía necesita tanto más interconexiones (hardware) como una regulación adaptada (software). Los subsidios a los combustibles fósiles como el carbón y los precios regulados por debajo del coste deben ser eliminados, dado que la acumulación de déficit tarifario acaba perjudicando a los mismos consumidores que se manifiesta defender. Los gobiernos deben acompañar estas medidas de mecanismos para proteger a los consumidores vulnerables.
El plan de la Comisión se enfrenta a dos obstáculos fundamentales. El primero es la política de Rusia, que utiliza la energía como arma de confrontación y dominio en Europa del Este, y el segundo es la política de los gobiernos de la UE, que protegen a sus campeones nacionales. La política de defensa de la competencia puede resultar un instrumento efectivo en los dos casos. En efecto, la Comisión dictaminó que el gasoducto South Stream, propuesto por Rusia, bajo el mar Negro y a través de los Balcanes, era ilegal puesto que la misma empresa, Gazprom, no puede gestionar el gasoducto y proporcionar el gas. El proyecto fue cancelado. Ahora la nueva comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, debe decidir si prosigue con el caso contra Gazprom por precios excesivos y discriminatorios entre países de la Europa del Este. Por otro lado, existen diversos ejemplos de interferencias de los países europeos en la integración del mercado energético. Sin ir más lejos, Francia se ha resistido a aumentar la interconexión eléctrica con España puesto que teme que la capacidad excedente renovable en España y Portugal inunde su mercado y genere un problema para la energía nuclear francesa, cuya oferta no es flexible. Aun así se ha inaugurado recientemente la línea MAT entre Francia y España, y la tensión reciente con Rusia ha llevado a Francia a aceptar también el resurgimiento del proyecto de gasoducto MidCat.
Esperemos que no tenga que suceder una crisis energética importante para que la unión energética se haga una realidad. Su necesidad es patente para conseguir acercarse a la tríada deseada de energía segura, limpia y a coste razonable, y que la UE tenga la influencia global en los mercados de la energía que le corresponde por su peso económico. El bienestar del consumidor europeo está en juego.
Xavier Vives